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El 15 de marzo el Tribunal de Apelación de Luxemburgo condenó a Antoine Deltour y Raphäel Halet, respectivamente, a seis meses de prisión en libertad condicional y 1.500 euros de multa, y nueve meses de prisión en libertad condicional y una multa de 1.000€ por violar las leyes del Gran Ducado en lo que se refiere a secreto comercial. Ambos habían sustraído de PricewaterhouseCoopers miles de documentos fiscales confidenciales sobre los acuerdos celebrados por esta última con las autoridades fiscales de Luxemburgo en nombre de algunas grandes corporaciones multinacionales. Deltour y Halet habían facilitado documentos al reportero Edouard Perrin, que luego los publicó dentro de la investigación llevada a cabo por el International Consortium of Investigative Journalists bautizada como LuxLeaks. Perrin, en cambio, ha sido absuelto en primera instancia y en apelación.
Al igual que los casos de los más famosos Edward Snowden o Chelsea Manning, su historia ha suscitado la atención del público y de las instituciones europeas, alrededor de la figura y disciplina del whistleblower o informante, es decir, aquel que denuncia públicamente o informa a las autoridades de actividades ilegales o irregularidades dentro de la organización a la que pertenece. "A menudo son profesionales, que frecuentemente ocupan posiciones destacadas en los negocios o la administración, y que, por razones morales, deciden facilitar a los medios información de interés público", explica Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Federación Europea de periodistas. "Tienen un papel fundamental para la democracia y la transparencia", y agrega: "estas personas sufren por lo que hicieron. Yo no conozco a ninguno que haya obtenido mejores condiciones económicas después de haber hablado. Sufren una enorme presión, incluso desde el punto de vista económico. Toman un riesgo en interés público, sin perjuicio de sus efectos, y no están protegidos. Esto no es bueno".
El caso de LuxLeaks también ha puesto de relieve "la falta de protección legal a los informantes en ámbito nacional y de la Unión Europea", según denuncian 108 eurodiputados en una carta abierta en la que expresan su "apoyo" y su "solidaridad" con Deltour y Halet. Como justificante de esta ausencia se encontraría, de acuerdo con las instituciones europeas, la falta de base legal en los documentos comunitarios.
En realidad, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que los países miembros y la Unión Europea deben cumplir, dispone en su artículo 11 que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión" y que este derecho "comprende la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin interferencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras". Garantizando el derecho a la información, la Carta también protege a los que son fuente de esta información - los informantes en el caso que nos ocupa - y a quien la verifica y propaga - los periodistas. "Es el complemento perfecto", añade Ricardo Gutiérrez, "porque el reportero actúa como intermediario, verifica la información que el denunciante envía y se asegura de que sus motivaciones son éticamente válidas, y no actúa en beneficio propio."
"La supuesta falta de base legal es la excusa detrás de la cual se esconden por lo general las instituciones europeas cuando no existe la voluntad política para resolver un problema", afirma por su parte Pamela Bartlett Quintanilla, que sigue la cuestión en nombre del grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, que junto con los Liberales son los más activos en la defensa de las libertades públicas. "En realidad, las bases legales están ahí, y están fundadas en la necesidad de proteger el mercado interior de las distorsiones y proteger las condiciones de trabajo de los denunciantes contra las represalias de los empleadores", añade.
Sobre la primera opción ha trabajado la comisión de control sobre los estados financieros del Parlamento Europeo, que presentó su informe (relator Denis de Jong, GUE/NGL) "sobre el papel de los denunciantes en la protección de los intereses financieros de la UE". Informe en el que, entre otras cosas, la comisión "establece que los denunciantes juegan un papel esencial en ayudar a los Estados miembros y las instituciones y organismos de la UE para prevenir y combatir cualquier violación del principio de la integridad y el abuso de poder" e " insta a la Comisión a presentar inmediatamente una propuesta legislativa que instituya un programa europeo de protección efectiva y completa de los denunciantes".
El comité de Asuntos Jurídicos trabaja en un informe más amplio sobre la protección de los denunciantes en la UE, del cual será ponente Virginie Rozière (S&D) y deberá ser aprobado en comisión el próximo 28 de septiembre. El comité de Asuntos Jurídicos ya ha producido el borrador con su opinión así como la de medio ambiente.
La protección de los denunciantes está también cubierta por la reciente directiva europea sobre secretos comerciales, que también se alinea con las leyes más restrictivas de los Estados miembros, como han denunciado numerosas organizaciones de periodistas. Así, son previstas dos excepciones al secreto comercial, "el ejercicio de la libertad de expresión e información" requerido por la Carta de los Derechos Fundamentales, y el hecho de "revelar un error, comportamiento inapropiado o actividad ilegal", siempre y cuando el delincuente "haya actuado para proteger el interés público." "Durante las negociaciones para su elaboración, pedimos que la protección de las personas que revelen información de interés público se insertara en el texto, pero la Comisión se negó" añade Gutiérrez; "Así que hemos animado, junto con 48 sindicatos y la sociedad civil, una plataforma para pedir a la Comisión que adopte una directiva sobre la protección específica del denunciante. "
"Una directiva - que fijaría las normas mínimas de seguridad que deben seguir los Estados miembros, siendo libres para fijar el listón más alto - que sería la medida más apropiada respecto a un reglamento, que es más complejo y difícil de adoptar" dice Pamela Bartlett Quintanilla. Esta es la razón por la que el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo introdujo en mayo de 2016 una propuesta, que debe servirá de base para la discusión con otros grupos y con las instituciones europeas. La propuesta fue bien recibida por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker Comisión, el vicepresidente Frans Timmermans y la comisaria de Justicia, Věra Jourová. Esta última también ha puesto en marcha a principios de marzo una consulta pública sobre la protección de los denunciantes, que se cerró el 29 de mayo, para recabar opiniones de las partes interesadas sobre el tipo de protección que existe en los Estados miembros, las debilidades, y las mejoras que podrían adoptarse en ámbito nacional y europeo. La Comisión también se ha comprometido a producir un texto - sin especificar de qué tipo - para finales de año.
Mientras tanto el Parlamento aprobó con una gran mayoría, en febrero, una resolución en la que pidió a la Comisión proponer "inmediatamente" un programa efectivo y amplio de protección de los denunciantes" y "la creación de un órgano independiente vinculado a la UE, con oficinas en los Estados miembros, para ayudar a los denunciantes dentro y fuera de las instituciones para revelar las posibles irregularidades" y el uso de los fondos europeos.
La adopción de una directiva parece tanto más urgente, dice Gutiérrez, en cuanto que "muchos Estados miembros - el Reino Unido, Francia, Polonia y Alemania - han adoptado recientemente medidas, en particular en relación con la vigilancia de las comunicaciones, que limitan la protección de las fuentes periodísticas, y más precisamente la de los informantes, o tienen el efecto de disuadir a los posibles denunciantes para hacer frente a los reporteros. Y el problema es que los ciudadanos no parecen oponerse y parecen resignados a la reducción de sus libertades, empezando por el derecho a la información. El problema es que una vez que se renuncia a un derecho, es muy difícil volver atrás".
Esta publicación ha sido producida dentro del proyecto Parlamento de los Derechos, cofinanciado por la Unión Europea. La responsabilidad sobre los contenidos de esta publicación reviene a Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT), y no refleja en modo alguno la posición de la Unión Europea.
