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La profunda crisis económica de los últimos años ha alimentado las críticas hacia la Unión Europea, cada vez más acusada de ser una Europa de los bancos y no de los pueblos, demasiado centrada en la dimensión financiera y poco atenta a las necesidades de sus ciudadanos.
En este contexto, las instituciones europeas han tratado de desarrollar estrategias para fortalecer la dimensión social de la Unión, con el fin de animar a los países de la UE a desarrollar una economía de mercado que sea altamente competitiva, pero que al mismo tiempo sea también capaz de lograr el pleno empleo y el progreso social.
Entre las diversas iniciativas llevadas a cabo, particularmente digna de mención es la relativa a la creación de un pilar europeo de los derechos sociales, que hoy en día parece estar cerca de convertirse en una realidad. De hecho, el 26 de abril pasado, el pleno del Parlamento Europeo aprobó la propuesta de creación de un pilar europeo de derechos sociales, presentada por la Comisión Europea.
En los próximos meses, el Parlamento discutirá con la Comisión y el Consejo para que propongan modificaciones y mejoras en el pilar, cuya versión final será hecha pública de manera conjunta por las tres instituciones en la Cumbre Social que tendrá lugar en Suecia el próximo 17 de noviembre .
De qué se trata
Pero, ¿qué es el pilar europeo de derechos sociales? Se trata de un conjunto de principios y derechos fundamentales en relación con:
1) la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado de trabajo (educación, formación y aprendizaje permanente, igualdad de género, igualdad de oportunidades, apoyo activo para el empleo);
2) condiciones justas de trabajo (empleo flexible y seguro, sueldos, información sobre las condiciones de trabajo y protección contra el despido, diálogo social y participación de los empleados; equilibrio entre la vida profesional y familiar, ambiente de trabajo sano, seguro y adecuado y protección de datos);
3) protección e inclusión social (cuidado de niños y apoyo a menores, protección social, desempleo, ingreso mínimo, asistencia y pensiones, salud, inclusión de las personas con discapacidad, cuidados a largo plazo, vivienda para personas sin hogar, acceso los servicios esenciales).
El objetivo del pilar no es establecer nuevos principios y derechos, sino actualizar y complementar los ya presentes en las normas del acervo de la UE e internacionales, teniendo en cuenta la evolución profunda experimentada en el mundo laboral y en la sociedad europea en los últimos tiempos.
En cuanto a su valor legal, el documento está destinado a servir como marco de referencia para los Estados de la UE, a fin de que - inspirándose en los principios y derechos contenidos en él - lleven a cabo reformas legislativas en ámbito nacional que posibiliten a sus economías converger hacia unas mejores condiciones de vida y laborales para las personas.
El pilar está dirigido principalmente a los Estados de la eurozona, pero también es aplicable a otros países de la UE que deseen adherirse.
Cómo se ha llegado hasta aquí
El camino que llevó en abril a la aprobación del texto del pilar europeo de derechos sociales comenzó hace mucho tiempo.
Desde su nombramiento en 2014, la actual Comisión Europea subrayó la necesidad de hacer una Europa más social y, ya en septiembre de 2015, el presidente Jean-Claude Juncker, tenía la esperanza de que esto se traduciría en la creación de un pilar europeo de derechos sociales.
Desde entonces, la Comisión ha trabajado en estrecha colaboración con los Estados miembros, las demás instituciones de la UE, los interlocutores sociales, la sociedad civil y los ciudadanos, para definir el contenido del pilar y, en marzo de 2016, presentó un primer borrador del texto, lanzándose una consulta pública sobre la cuestión, que finalizó en enero de 2017; hace unos días, precisamente sobre la base de las contribuciones recibidas durante la consulta, la Comisión presentó al Parlamento Europeo una propuesta de pilar europeo de los derechos sociales.
Iniciativas posteriores
Para garantizar que los principios y derechos establecidos en el pilar europeo de derechos sociales sean efectivamente ejecutados, la adopción del documento necesariamente deberá ir acompañada de otras medidas, legislativas o de otro tipo, incluyendo algunos ejemplos concretos que fueron presentados en el pleno del Parlamento por la comisaria europea de Empleo, Asuntos sociales, Competencia y Movilidad laboral, Marianne Thyssen.
En primer lugar, se establecerá un mecanismo de seguimiento, el cuadro de valoración de las situaciones sociales, que medirá el progreso alcanzado por los Estados miembros en el desarrollo del pilar.
En segundo lugar, el pilar inspirará las actividades realizadas en el marco del semestre europeo, que es la época del año (los primeros seis meses, de enero a junio) en la que la UE proporciona orientación a los países para la elaboración de sus políticas económicas, presupuestarias y laborales de la manera más uniforme posible.
Además, serán los fondos europeos, especialmente el Fondo Social Europeo, los que proporcionen apoyo financiero para llevar a cabo varios aspectos fundamentales del pilar.
Entre las propuestas legislativas, se señala la intención de adoptar una directiva destinada a reforzar el equilibrio entre la actividad profesional y la vida familiar, el establecimiento de nuevas normas mínimas - o al menos más elevadas que las existentes - para los permisos parentales en general y para el de paternidad en particular.
La Comisión tiene la intención de continuar las consultas con los interlocutores sociales para modernizar las normas relativas a los contratos de trabajo - con el fin de reconocer garantías mínimas a todos los trabajadores, incluidos los que desempeñan puestos de trabajo atípicos - e igualmente para definir posibles nuevas normas de acceso a la protección social.
La contribución del Parlamento Europeo
Entre los que han trabajado con la Comisión en la preparación del pilar y las iniciativas vinculadas a la misma, ha sido particularmente significativa la contribución del Parlamento Europeo, que en enero pasado aprobó en el pleno una resolución que ha proporcionado a la la Comisión numerosas sugerencias, destinadas a que la acción de la UE en el ámbito social sea de carácter avanzado e innovador, en consonancia con la evolución de nuestro tiempo.
Por ejemplo, los eurodiputados han hecho hincapié en la urgencia de garantizar los derechos de todos los trabajadores, independientemente de su empleo o contrato, tutelando igualmente la protección de las formas de ocupación de última generación, como el trabajo bajo demanda (on request) o temporal a través de las plataformas digitales. De hecho, el PE ha recomendado eliminar el uso de tipos altamente atípicos de contrato (como en el caso de los contratos de cero horas) o al menos para limitar lo más posible su utilización (como en el caso de trabajo sobre demanda).
Los parlamentarios también han puesto de relieve la extrema importancia de garantizar unas condiciones de trabajo dignas para las prácticas, aprendizaje y formación, incluyendo una remuneración adecuada.
Los eurodiputados también han evidenciado la necesidad de abordar el trabajo sumergido, proponiendo para ello la introducción de una tarjeta de seguridad social europea, que debería permitir a todos los trabajadores el seguimiento de sus contribuciones, dondequiera que se produzcan en el interior del mercado único.
Por último, el Parlamento no ha dejado de recordar a la Comisión que, para garantizar la credibilidad del pilar europeo de derechos sociales, deberá ser finalmente aprobado y aplicado en 2017 a más tardar.
Como se desprende de lo expuesto hasta ahora, algunas de las recomendaciones del Parlamento ya han sido aceptadas por la Comisión, otras aún no. Pero esto es comprensible, puesto que la plena aplicación de los principios y derechos contenidos en el pilar solamente puede ser un proceso gradual, destinado a ser enriquecido con el tiempo por las nuevas propuestas. Por lo tanto, se espera que la Comisión adopte medidas adicionales en un futuro próximo, que permitan que el pilar se plasme en realizaciones concretas, pues el documento en sí tiene un valor exhortativo.
Sin embargo, a pesar de su carácter no vinculante, la adopción del pilar representa simbólicamente un paso muy importante para impulsar a que los países europeos modernicen sus políticas de empleo y de bienestar, algo que resulta una necesidad absoluta. De hecho - aunque los sistemas de protección social de los países de la UE se encuentran entre los más avanzados en el mundo - hoy en día estos sistemas necesitan ser actualizados a la luz de la evolución de la sociedad, pues de lo contrario corren el riesgo de convertirse en un privilegio para unos pocos, del que gran parte la población - especialmente los jóvenes - está destinada a permanecer totalmente excluida.
Esta publicación ha sido producida dentro del proyecto Parlamento de los Derechos, cofinanciado por la Unión Europea. La responsabilidad sobre los contenidos de esta publicación reviene a Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT), y no refleja en modo alguno la posición de la Unión Europea.
