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La magnitud de la crisis asociada a la COVID-19 significa que las soluciones adoptadas para combatirla determinarán el futuro de la democracia liberal, la economía y la integración europea.
Es por eso que les instamos a asumir la responsabilidad política correspondiente y tomar la iniciativa. Esto faltó en 2008 durante la crisis financiera más reciente; hoy, todavía estamos sufriendo las consecuencias de este error.
Les pedimos que asignen recursos financieros para garantizar:
- Que los trabajadores tengan una posibilidad real de sustentarse durante la cuarentena y la crisis consiguiente.
- Que las empresas tengan la posibilidad de sobrevivir a la crisis económica.
- Subvenciones sustanciales a los servicios públicos, sobre todo a la sanidad pública.
- Investigación efectiva sobre medicamentos para la COVID-19 y la vacuna contra el SARS-CoV-2.
Hoy en día debemos salvar no solo a miles de europeos infectados con el coronavirus. Los pacientes que corren el riesgo de morir también son los valores europeos, como el valor de la vida humana, de la democracia, de la solidaridad, de la comunidad, de la dignidad del trabajo y del empleado. Estos valores deben aparecer en términos prácticos, en las decisiones específicas tomemos ahora. Europa debe demostrar que:
- La vida de todas las personas, incluidos los ancianos, es un valor absoluto, no una carga para el presupuesto estatal o la economía. Considerando la muerte de una parte importante de la sociedad como un costo externo, el sacrificio consciente de la vida de las personas ante el altar de un rápido retorno al camino del crecimiento del PIB es bárbaro, y además económicamente ineficaz.
- La introducción del sistema de pensiones universales fue un logro de la civilización en Europa: la legitimación estatal de la solidaridad de toda la sociedad para con los ancianos. No dejemos solas a las personas que trabajaron para nuestro bienestar común toda su vida: merecen nuestra gratitud y tienen derecho a ser cuidados y a que sus vidas sean protegidas.
- No hay mercado libre sin la libertad de sus participantes. Esta libertad no es más que una ilusión en una situación de desequilibrio extremo. Esto sucede cuando los empleados se convierten en rehenes obligados a poner en peligro su salud y su vida para ganarse su sustento. El sistema de libre intercambio de bienes y el espíritu empresarial se transforma en un régimen económico absoluto.
Por eso reclamamos:
1. Ingreso Básico Universal por al menos tres meses
Debe pagarse una renta básica universal durante al menos tres meses tanto a los trabajadores actuales como a los desempleados, directamente a sus cuentas bancarias. Recordemos que la burocracia es el enemigo de los más vulnerables. Si obtener apoyo financiero depende de procedimientos largos y complicados, no llegará a tiempo a aquellos que acaban de enfrentar el peligro de caer en una espiral de deuda y pobreza. No tenemos tiempo para la verificación de ingresos; esto es estándar en la política del mercado laboral, pero en tiempos de paz, no de guerra. La verificación adecuada que permita gravar de forma correcta los ingresos adicionales pagados como parte de la renta básica debe realizarse al final del año fiscal.
La economía no puede esperar el impulso de la demanda y el apoyo al consumo. Mientras tanto, necesitamos comprar urgentemente el tiempo imprescindible para mantener la cuarentena necesaria. No podemos esperar hasta que el dinero transferido a los grandes jugadores en forma de rescates comience a gotear en el mercado a los consumidores y ciudadanos. Este reclamo no era válido en tiempos de paz, y aún menos funcionará en tiempos de emergencia o de guerra. No podemos obligar irresponsablemente a los empleados sin estabilidad financiera a abandonar la cuarentena necesaria. Por eso necesitamos una transferencia financiera inmediata, directa y universal de la Unión Europea a sus ciudadanos, financiada directamente del presupuesto de la Unión, y la emisión de dinero por parte del Banco Central Europeo.
2. Apoyo a las empresas para mantener puestos de trabajo y socialización de las ganancias
Es necesario garantizar que las empresas europeas, en particular las pequeñas y medianas empresas, mantengan su potencial de producción y un entorno económico estable a través de inyecciones de liquidez, así como la suspensión de sus obligaciones fiscales. La política monetaria debe ir de la mano de la fiscal: la crisis previa en la Unión duró tanto y fue tan severa para los más pobres porque los gobiernos temían admitir que la flexibilización cuantitativa no se tradujo en crecimiento económico. Es por eso que pedimos apoyo directo para financiar las medidas anticrisis de los presupuestos nacionales por parte del Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. La ventaja de Europa sobre los sistemas autoritarios debe ser la fortaleza de sus instituciones y su capacidad para responder a las crisis.
Al mismo tiempo debería cambiar la estructura de propiedad de las empresas clave que reciban apoyos. Los recursos destinados a salvar empleos deberían servir a los empleados, no a los consejos asesores de las empresas y a los mercados financieros. La consecuencia de la crisis no puede ser más aumento de la desigualdad y una ola de privatización de los servicios públicos. Europa debería salvar empleos, no ganancias de consejos. Por lo tanto, el apoyo empresarial debe estar vinculado a la responsabilidad y protección de los contribuyentes europeos. Postulamos que la ayuda pública para las corporaciones tome la forma de recapitalización europea, y que el Banco Central Europeo se haga cargo de las acciones de las empresas apoyadas. Esta solución, conocida, por ejemplo, por haber sido utilizada durante la crisis financiera de 2008, garantizará el control de la nómina y de los dividendos, así como la participación conjunta y solidaria de las sociedades europeas en las futuras ganancias corporativas.
3. Cofinanciación de servicios públicos a través de bonos europeos aplicables a toda la Unión
La crisis a la que nos enfrentamos es una crisis de salud pública. Nos muestra que la sociedad es tan segura y saludable como lo son sus miembros más vulnerables. Por eso las sociedades y las economías no pueden permitirse la falta de acceso a una asistencia sanitaria universal de alta calidad. La respuesta incorrecta a la crisis financiera de 2008, mediante la degradación de los servicios públicos en nombre de una supuesta racionalidad económica, genera ahora gastos adicionales y dificulta la lucha efectiva contra la pandemia.
Hoy, la Unión Europea, liberando a través de unos bonos europeos apropiados para toda la Unión los recursos financieros adicionales para los estados-nación que permitan un aumento radical en el gasto en atención médica, especialmente en los países más gravemente afectados por la pandemia, mostraría que la salud y la vida de los ciudadanos europeos es una prioridad, y a los estados-nación que la solidaridad europea es una realidad, no una fantasmagoría. También permitiría una movilización controlada de los recursos de producción en Europa hacia el objetivo común de la salud pública.
4. Investigación comunitaria sobre los medicamentos y la vacuna
Debe financiarse con fondos públicos europeos la investigación sobre medicamentos para la COVID-19 y la búsqueda de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Las vacunas y medicamentos descubiertos gracias a estos fondos deben ser libres de patentes, de acuerdo con los principios de solidaridad universal.
La Europa unida surgió como una respuesta a la devastación espiritual y material de la Segunda Guerra Mundial, cuyas raíces se encuentran en la crisis económica y de empleo de la década de 1930. La crisis actual es un momento de elección: puede llevarnos al colapso de la Unión y a la fluctuación entre el caos y el autoritarismo. Sin embargo, puede convertirse en una oportunidad para renovar el acuerdo social que conecta a Europa y sus ciudadanos, una oportunidad para cambiar el modelo de gestión a uno más solidario y más sostenible.
Es ilusorio creer que los países europeos en una situación económica más difícil vencerán solos una pandemia. Si queremos superar la pandemia y alejarnos de la inminente grave crisis económica, para proteger a Europa de caer en el caos durante largas décadas, debemos actuar de acuerdo con el principio: United we stand, divided we fall.
Nuestra carta está dirigida a quienes administran las instituciones de la Unión Europea; al presidente del Consejo Europeo, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Parlamento Europeo, y a los miembros de todas las facciones del Parlamento Europeo. Representamos varios ambientes ideológicos. Estamos convencidos de que hoy, los liberales que reconocen el valor de cada individuo, los conservadores que creen en la solidaridad intergeneracional y la izquierda que pide respeto por la dignidad del trabajo, tienen que actuar juntos.
No existe en este momento una división entre liberales, progresistas y conservadores. La línea de demarcación queda establecida entre aquellos que están apegados a la idea de las ganancias a corto plazo y están dispuestos a sacrificar a sus conciudadanos en nombre de la supuesta protección del PIB, y aquellos que no están de acuerdo con esa lógica.
Autores:
Mateusz Piotrowski, activista social y ambiental polaco
Maciej Grodzicki, economista polaco, Universidad Jaguelónica de Cracovia
Marta Olesik, filósofa polaca, Academia Polaca de las Ciencias
Aleksander Temkin, filósofo polaco, activista social, Comité de la Crisis de las Humanidades en Polonia
Zofia Sajdek, editora y activista social polaca
Filip Konopczyński, abogado y economista polaco, Fundación Kalecki
Jan Zygmuntowski, economista polaco, presidente de la Fundación Instrat
Adam Ostolski, sociólogo y periodista polaco, traductor, Universidad de Varsovia
Los primeros firmantes:
Olga Tokarczuk, Polish writer, Nobel Prize Winner in Literature for 2019; Luigino Bruni, economist, Scientific Director of Economy of Francesco Papal Program; Aleksander Kwaśniewski, former President of Poland; Jan Zielonka, political scientist, Professor of Oxford University; Agnieszka Holland, director and screenwriter; Ladislau Dowbor, chief economic advisor to former President of Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Carlo Ginzburg, Italian historian; Ulrike Guerot, German political thinker and founder and director of the European Democracy Lab; Alessandra Smerilli, State Councilor of Vatican City; Fernando Savater, Spanish philosopher, essayist; Mieke Bal, Dutch artist, cultural theorist; Rocco Buttiglione, Italian Union of Christian and Centre Democrats politician and an academic; Dorota Gardias, president of Forum Związków Zawodowych, one of three major Polish trade unions; Aleksander Smolar, Polish political adviser, president of the Stefan Batory Foundation; Stefano Zamagni, president of Pontifical Academy of Social Sciences; Vera Zamagni, professor of economic history, University of Bologna; Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Polish politician and MP; Krzysztof Pomian, Polish philosopher, historian and essayist; John Milbank, English Anglican theologian; Alenka Zupančič, Slovenian psychoanalytic theorist and philosopher; Reinhard Bütikofer, one of the Co-Chairs of EGP, and MEP for the German Green party Bündnis 90 / Die Grünen. Chair of the European Parliament Delegation for Relations with China; Małgorzata Omilanowska, former Minister of Culture and National Heritage in Polish government; Michał Boni, Polish politician, former Minister of Digitalisation; Michał Kołodziejczak, Polish agrarian activist, president of Agrounia movement; Robert Biedroń, Polish politician, group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament; Claus Offe, German political sociologist, Political Sociology at the Hertie School of Governance in Berlin; Stefano Quintarelli, member of the: Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network for the United Nations and High-Level Expert Group on Artificial Intelligence of the European Commission; Mladen Dolar, Slovene philosopher, psychoanalyst, cultural theorist and film critic Tomaso Montanari, art historian and opinion maker, professor of University of Siena; Claus Leggewie, German professor of Political Science and director of the Kulturwissenschaftliches Institut (KWI) in Essen; Kira Peter-Hansen, Danish politician, Socialist People’s Party Member of the European Parliament; Gianfranco Poggi, Emeritus Professor of Sociology, University of Virginia and European University Institute; ; Michael Schudrich, historian, chief rabbi of Poland; Lluís Torrens Mèlich, Director of Social Innovacion of Barcelona City Council, member of Basic Income Network / Red Renta Básica; Andrzej Leder, Polish philosopher, professor in Polish Academy od Sciences; Sergi Raventós, sociologist and social worker, member of Basic Income Network / Red Renta Básica; Andrzej Nowak, Polish historian; Jayati Ghosh, economist, Jawaharlal Nehru Univeristy; Adrian Zandberg, Polish politician an MP, member of the Board of the Razem party; Jan Śpiewak, Polish social activist and politician; Tomasz Terlikowski, Polish journalist; Bogdan Zdrojewski, Polish politician, the Mayor of Wrocław, former Minister of Culture and National Heritage; Paweł Szypulski, Program Director of Greenpeace Poland; Gérard Rabinovitch, French philosopher and sociologist. Researcher at the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), member of the Center for Research on Sense, Ethic, Society (CERSES); Dominik Zgódka, Program Director of Greenpeace Poland; Jutta Paulus, German pharmacist and politician, MEP for Alliance 90/The Greens; Monika Vana, Austrian politician of The Greens-The Green Alternative, part of the European Green Party, MEP; Benoît Biteau, French politician, Member of the European Parliament, Group of the Greens, European Free Alliance; Katarzyna Batko-Tołuć, Vice President and Program Director of the Civic Network Watchdog Poland; Marta Petrusewicz, Professor of Economic History, City University of New York, teaches modern history on Università della Calabria […]
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