Datos Salud mental

Para combatir la ansiedad o la depresión los europeos deben pagar o esperar

En muchos países europeos la cobertura psicológica en el sistema sanitario es inadecuada o incluso inexistente. Una investigación colaborativa realizada en asociación con los otros miembros de European Data Journalism Network.

Publicado en 9 marzo 2021 a las 09:00

“La salud mental es como el dentista. En la mayoría de países de la Unión Europea, todo lo que te ocurra en lo físico está cubierto, pero para ir al dentista tienes que pagar un extra y para cuidar tu salud mental, también”, explica Marcin Rodzinka, portavoz de la asociación Mental Health Europe. En España, de media, cinco de cada 100 personas están diagnosticadas de depresión, la misma cifra que personas con trastornos de ansiedad. Sin embargo, estas cifras no son un reflejo exacto de la realidad. No todas las personas que necesitan tratamiento por ansiedad o depresión lo reciben o llegan, siquiera, a ser diagnosticados.

Estos dos problemas mentales son los más frecuentes. Y no se deberían infravalorar, como pasa a menudo: “Si no se tratan a tiempo y de forma adecuada, acaban generando una discapacidad muy importante”, aclara Javier Prado, portavoz de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes en España (ANPIR).

Los sistemas públicos de salud de los países de la Unión Europea no siempre incluyen el tratamiento de estos problemas, pese a que en algunos, como Portugal, Países Bajos o Irlanda, la ansiedad supera los siete casos por cada 100 personas. Grecia es el país con más prevalencia en depresión, seguido por España y Portugal. Nel Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental España, explica la importancia de estas tasas tan altas, especialmente del número de personas con depresión: “Es una lacra, porque además tiene una salida a veces bastante dramática y que tiene mucho que ver con el suicidio”.

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Cuando la depresión termina en suicidio

“Es muy importante hablar de salud mental. Es muy importante hablar de suicidios. Quitar la palabra tabú. Yo me he intentado suicidar. Soy superviviente de suicidio”, dice Andrés Colao, portavoz de AFESA, una asociación de familiares y personas con enfermedad mental. Un informe de 2017 señalaba que la falta de diagnóstico y tratamiento adecuado de la depresión puede ser una de las principales causas de las altas tasas de suicidio en Europa. En España, casi ocho muertes por cada 100.000 habitantes fueron por este motivo en 2016, según Eurostat. El suicidio tiene mucho que ver con la salud mental, pero no solo. “Es un asunto multifactorial”, señala Prado.

“Del estigma se deriva la idea de que los problemas de salud mental sean cosas como oscuras, relacionadas con psiquiatría, con el loco que oye voces y en realidad eso nos confunde y no visibiliza los problemas mayoritarios”, señala Prado. El estigma es el principal obstáculo para la atención de las personas con trastornos mentales, según un estudio. Muchas de estas barreras sociales impiden a las personas con problemas de salud mental comunes -que no menores- acceder a un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Un alto número de pacientes con síntomas depresivos no buscan tratamiento porque creen que la ayuda no servirá y no tiene solución o que es algo normal después de un acontecimiento traumático en la vida. Otros consultan a un médico sobre los síntomas físicos como el insomnio o la fatiga, recibiendo medicación para dichas dolencias pero sin acceder a un tratamiento psicológico adecuado para detectar el origen del problema, señala un informe. Sin embargo, incluso cuando se supera el estigma, aparecen otros obstáculos que impiden al paciente recibir de forma gratuita el tratamiento idóneo en el menor tiempo posible. “La evidencia muestra que el acceso a cuidados de salud mental pueden ser insuficiente incluso en países con ingresos altos, sanidad pública universal y sistemas comunitarios bien desarrollados”, detalla un análisis.

Quienes no están diagnosticados no se incluyen en las estadísticas, por lo que los datos difieren de la realidad. Del mismo modo, el acceso a tratamientos de salud mental es público en la mayoría de países, pero solo en teoría.

No todos los países de la Unión Europea conceden acceso a un psicólogo en el sistema nacional de salud. Bulgaria y Letonia solo cubren psiquiatría, por ejemplo. Francia tampoco cuenta con psicólogos en su sistema de salud, aunque tiene en marcha un programa piloto de atención psicológica en algunas regiones desde 2018. Luxemburgo, por su parte, está negociando la entrada de estos profesionales en el sistema sanitario.

El resto de países, en teoría y sobre el papel, cubren el acceso a psicólogos en la sanidad pública. Sin embargo, esto no siempre se cumple en la práctica. “Hay tres problemas principales: el estigma, los tiempos de espera y los pagos extra en algunos países”, concluye Rodzinka. Además, no todas las personas están cubiertas por la sanidad pública en algunos estados. A esto hay que sumarle el tope en el número de consultas que hay en algunos casos y, en general, la falta de recursos humanos y económicos. Y, aunque en España no tenemos ese tipo de problemas para acceder a tratamiento por el sistema de sanidad público, sí tenemos otras barreras.

Una solución que llega tarde

“Los servicios de salud mental tienen que ser ágiles, accesibles y rápidos. Cuando una persona consulta porque se encuentra mal necesita una respuesta lo más rápida posible” comenta Marta Poll, psicóloga y directora de la Federació Salut Mental Catalunya. Pero esta no suele ser la situación habitual, como señala Prado: “Uno llega a su médico de cabecera en Madrid y le dice, ‘bueno, puede que usted necesite un psicólogo clínico’, pero hay una lista de espera de seis meses. Entonces le dice ‘vaya usted tomándose esto’ o ‘si se lo puede permitir, váyase usted a la privada’”. Las largas listas de espera para una consulta con el psicólogo siguen siendo uno de los principales problemas en los países que cubren este tipo de tratamiento.

En al menos siete países de la Unión Europea los pacientes tienen que esperar más de un mes para ser tratados. “Cuando una persona está en estado de necesidad o a veces en estado de emergencia, debe existir la posibilidad de tener una respuesta ágil porque en algunos casos, como en la depresión, pueden terminar en suicidio. Y en otros casos, los problemas pueden cronificarse cuando no tiene por qué”, explica el presidente de la Confederación Salud Mental España.

Un informe del Defensor del Pueblo detalla lo difícil que es conocer de forma exacta cuál es la demora real en las diferentes comunidades autónomas: solo diez hicieron llegar datos a la institución y, además, de forma heterogénea. Entre las que menos tiempo hacen esperar a sus pacientes se encuentra Asturias, con 26 días de media. Alrededor de dos meses es lo que tienen que esperar los pacientes en Aragón, Baleares, Cantabria o La Rioja. En la Región de Murcia, los pacientes en edad adulta esperan una media de 71 días para la primera consulta y 43 días entre la primera y la segunda cita.

La psicología no es una rama prioritaria dentro de los sistemas públicos de salud europeos, ni en recursos ni en personal (tampoco la psiquiatría). “Hay profesionales muy buenos, lo malo es lo precario del sistema”, explica Montse Aguilera, miembro de una asociación por los derechos de las personas que, como ella, tienen algún problema de salud mental. Países como España, Italia, Portugal, Grecia y Croacia no superan el ratio de 20 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Suecia y Dinamarca, en contraste, alcanzan los 50 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Pero, aunque las ratios de esos países son mucho más altas que la media europea, para algunos expertos sigue sin ser suficiente.

En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de psicólogos colegiados en 2018 ascendía a 32.516. Sin embargo, solo una ínfima parte trabajaba en la sanidad pública: el número de psicólogos en los hospitales del Sistema Nacional de Salud era de 2.397 en ese mismo año, de acuerdo con un informe de Sanidad al que hemos tenido acceso gracias a la Ley de Transparencia. “Nosotros estimamos que para dar un servicio de mínima calidad tendríamos que tener 12 profesionales por cada 100.000 habitantes solo en el Sistema Nacional de Salud, es decir, 6.000 psicólogos clínicos en números absolutos”, comenta Prado.

Por comunidades autónomas, el número de profesionales creció en todas durante la última década, aunque con diferencias significativas: “Mientras que comunidades como Madrid, Canarias o Navarra, con la información suministrada, han doblado o más el número de psicólogos que intervienen en salud mental, en otros territorios la variación es mínima y, desde luego, alejada de la idea de reforzar este tipo específico de atención sanitaria”, señala también el Defensor del Pueblo.

La falta de profesionales en psicología hace que, de forma habitual, estos trastornos se traten en atención primaria, asegura Colao. “La gran mayoría de los trastornos mentales comunes son atendidos por el médico de cabecera porque salud mental está saturado y ya no hacen el intento de mandar a un paciente que va a tardar entre 4-9 meses, en Madrid por ejemplo, en ser atendido”. E incluso cuando consigues llegar a tratarte con un profesional de la sanidad pública, las limitaciones en recursos siguen siendo obvias: “Si te recibe el psicólogo clínico, te va a ver 20-30 min y te va a dar cita para dentro de 6-8 semanas”, cuenta Colao.

Si puedes pagarlo, puedes tratarlo

Pero no solo eso; aunque no es así en España, en al menos otros nueve estados de la UE hay que realizar pagos extras para poder acceder a la consulta del psicólogo en el sistema de salud público. Este precio varía entre países e incluso entre regiones, como en el caso de Italia, pero en todos puede presentarse como otro de los mayores obstáculos para acceder a un tratamiento. Además, en ciertos países también hay limitaciones en el número de sesiones que el paciente puede tener con el especialista.

“Es difícil comparar las situaciones entre países, pero conocemos cuáles son las limitaciones y las barreras. Hay muchas, pero la más obvia es el hecho de que la salud mental no esté cubierta por el estado o la aseguradora de salud en muchos de los países, por lo que debes pagarlo de tu propio bolsillo”, explica el portavoz de la asociación Mental Health Europe. En Rumanía hay que trabajar, de media, casi cuatro días para pagar una sola sesión con un psicólogo privado. En Eslovaquia, Estonia y Croacia esta cifra supera los dos días.

En el otro extremo está Francia que, aunque no dispone de cobertura psicológica por lo público, necesitas gastar menos de tu salario para pagar una consulta privada. “El sector privado ayuda mucho a acortar la brecha, pero no es accesible para todo el mundo. Puede servir para las personas con ingresos altos, con trabajo o para personas que son conscientes de que tienen un problema psicológico, necesitan ayuda y pueden pagarla”, señala Rodzinka. Esto es, no para los más necesitados.


Descubre las diferencias en el acceso a la salud mental en Europa y las fuentes de los datos.


Metodología abreviada

Este es el resultado de una investigación que comenzó en mayo de 2019 y que se ha prolongado durante muchos meses. Han colaborado en este trabajo Aspasia Daskalopoulou y Monica Georgescu.

Arrancamos la investigación empapándonos del tema: entrevistamos a personas expertas y estudiamos informes, papers e investigaciones previas sobre el tema. Descubrimos que no había datos sobre la realidad del acceso a la salud mental, y que los oficiales no contaban, del todo, el problema, sino que se quedaban en la superficie, por lo que decidimos crear de cero nuestra propia base de datos. Así, enviamos un cuestionario sobre acceso al tratamiento psicológico en los sistemas nacionales de salud de todos los países de la Unión Europea (incluido Reino Unido, dado que la investigación se hizo de forma previa al Brexit).

Enviamos las preguntas a las organizaciones profesionales de psiquiatras y psicólogos de todos los países, a diversas organizaciones sin fines de lucro relacionadas con la salud mental, a personas expertas en estos campos y a los periodistas que forman parte de la red European Data Journalism Network (EDJnet). También a los gabinetes de prensa de todos los Ministerios de Sanidad europeos, con la excepción de España, donde hicimos una solicitud de acceso a la información pública.

Para crear nuestra base de datos y que fuera lo más actualizada y rigurosa posible, también pedimos a todos los Ministerios de Sanidad de países de la Unión Europea (incluido Reino Unido) los datos más recientes de psicólogos por 100.000 habitantes de sus sistemas nacionales de salud. Y, por último, solicitamos a las organizaciones nacionales de profesionales en psicología que nos dieran una estimación de los rangos de precios en las consultas privadas de sus respectivos países.

En paralelo, consultamos numerosos informes oficiales y fuentes estadísticas, procedentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea, el Institute for Health Metrics and Evaluation y Eurofound, entre otras. El objetivo era comprobar la veracidad de la información de la que disponíamos y recabar nuevos datos para poner en contexto o explicar todas esas barreras de acceso.

Una vez teníamos una primera versión de la base de datos, que fue puliéndose (con diversas ediciones de varios miembros del equipo) y creciendo durante los meses que duró la investigación, entrevistamos a personas expertas en el ámbito de la salud mental, como profesionales en psiquiatría y psicología, activistas, familiares de personas afectadas por este tipo de problemas y pacientes, para conocer sus testimonios en primera persona.

En las estimaciones de copago y precios de consultas privadas, hemos tenido en cuenta los datos de salarios mínimos por países del último semestre de 2020, procedentes de Eurostat, salvo en el caso de Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia, donde se han extraído las cifras de un informe de Eurofound dado que no disponen de un salario mínimo general, sino que depende de cada convenio colectivo. Además, como no existe un tope máximo de horas anuales de trabajo, estos datos se han calculado con una estimación de 1.720 horas/año para todos los países, ya que es el límite que usa la Comisión Europea, por ejemplo, a la hora de llevar las cuentas de becas y subvenciones, como ocurre en el programa Horizon 2020. Las visualizaciones son embebibles en múltiples idiomas y han sido desarrolladas con D3.js, ai2html.js y scrollama.js.

Queremos agradecer la ayuda de Robert Meyer (Spiegel Data), Kira Schacht (Deutsche Welle), Stefanie Braunisch (Quo Vadis Veritas), Laszlo Arato (Index.hu), Danuta Pawlowska (Biqdata-Gazeta Wyborcza/Agora), Leonard Wallentin (J++), Rita Marques Costa (Público.pt), Anze Bostic (Pod crto), Ivana Peric (H-Alter), Rossen Bossev (Capital), Emanuela Barbiroglio (freelance), Bartosz Chyż (Gazeta Wyborcza), Andreas Vou (Voxeurop), Giuseppe Rizzo (Internazionale), Alexandra Spanu (Voxeurop), Pavel Bartusek (Voxeurop), Anna Udre (freelance), Massimiliano Sfregola (31mag.nl), Orlane Jézéquélou, Catherine André y Laurent Jeanneau (Alternatives Economiques), Irene Caselli (freelance), Mariangela Maturi (freelance), Lorenzo Ferrari, Chiara Sighele, Federico Caruso (OBCT/CCI) y Gian Paolo Accardo (Voxeurop).

Ver la metodología en detalle en el artículo publicado originalmente en Civio.

Ángela Bernardo, jefa de la sección de Ciencia de Civio, cuenta la historia de la investigación y el trabajo en equipo que coordinó.

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