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El Tratado sobre la Carta de la Energía (ECT, por sus siglas en inglés) podría dificultar a la UE y a sus Estados miembros a alcanzar sus objetivos climáticos, según indica un nuevo análisis realizado por Investigate Europe. El equipo de periodistas descubrió la amenaza que esto suponía mediante los servicios de análisis de Global Energy Monitor y de Oil Change International sobre yacimientos de petróleo y gas, centrales eléctricas de carbón y de gas, terminales de gas natural licuado y gasoductos.
Pese a haber sido firmado en 1994 y promulgado en 1998, el tratado sigue siendo poco conocido. Actualmente posee 55 signatarios y partes contratantes, entre ellos la UE, y se centra en cuatro áreas principales: la protección de inversiones extranjeras, la imposición de condiciones no discriminatorias en el intercambio de materiales energéticos, la resolución de disputas entre inversores y estados anfitriones, y la promoción de eficiencia energética.
Esta cuarta área también pretende minimizar «el impacto medioambiental que tienen la producción y el uso de energía». Algo que resultará particularmente complicado, ya que el tratado lo utilizan principalmente las empresas e inversores europeos para demandar a los Estados miembros, o amenazar con hacerlo.
De hecho, si un gobierno incumple el principio de «tratamiento justo y equitativo», tanto los inversores como las empresas energéticas pueden demandar a los estados ante los tribunales para obtener miles de millones de euros de indemnización. Sin importar que se trate de meras disidencias ni el hecho de que las demandas solo se estén considerando y no se estén realizando realmente.
En total, en toda la UE, el Reino Unido y Suiza, las infraestructuras de combustibles fósiles protegidas por el ECT tienen un valor de 344 600 millones de euros. De las cuales, tres cuartos son yacimientos de gas y petróleo (126 000 millones de euros) y oleoductos (148 000 millones de euros).
Investigate Europe lo califica como una cantidad «inmensa», ya que equivale a más de dos años de gastos de la Comisión Europea, entre subvenciones agrícolas y paquetes de ayuda de la COVID-19.
Los inversores no solo pueden demandar por el valor de sus infraestructuras, sino también por expectativas de lucro cesante, por lo que las posibles demandas de indemnización podrían superar la «inmensa» suma actual.
Solo el Reino Unido ya representa 140 000 millones de euros de las infraestructuras protegidas por el ECT (que al menos en parte son propiedad de inversores extranjeros con derecho a demandar en virtud del tratado), lo que podría tener como resultado demandas por la misma cantidad o más. Alemania le sigue de cerca con 56 000 millones de euros, después Francia, Italia, Dinamarca y los Países Bajos (todos con una cifra superior a los 15 000 millones de euros).
Para ser más concretos, las infraestructuras de combustibles fósiles protegidas por el ECT representan un 5,6 % del PIB británico, seguido por un 5,1 % en Dinamarca y un 4,7 % en Rumania y Estonia.
«La amenaza que suponen las demandas del ECT podría disuadir a los Estados miembros de adoptar políticas climáticas ambiciosas en los próximos años. De hecho, ya está sucediendo,» escribe Investigate Europe.
Los periodistas señalan que, «para diluir las leyes climáticas, no es necesario que las empresas interpongan una demanda». Sin embargo, «el mero hecho de que puedan demandar es suficiente para influir en las medidas climáticas».
Investigate Europe añade que la administración del ECT comparte «un vínculo muy estrecho con la industria de los combustibles fósiles». Además, los tribunales de arbitraje se describen como un «club cerrado» en un sistema que permite cobrar honorarios de manera prácticamente ilimitada. Según Giacomo Aiello, Abogado del Estado de Italia, esto «se está convirtiendo en una ruleta rusa». «No hay obligación de seguir jurisprudencia, ni de una jerarquía de las fuentes» dijo Aiello. «Cada caso se diferencia del siguiente y una empresa siempre se puede encontrar frente a un juez favorable» en cualquier otro lugar.
Aunque Italia abandonó en 2016 y Francia y España exigieron una retirada, los estados pueden seguir siendo demandados hasta 20 años después de su salida del tratado. La idea de actualizar el tratado ha estado presente desde diciembre de 2019 y, sin embargo, el presupuesto básico del ECT para 2021 prevé destinar casi medio millón de euros a la consolidación, expansión y alcance de las políticas.
Sobre esta investigación
Investigate Europe es un equipo de periodistas de investigación de diez países distintos que investigan, conjuntamente, sobre temas de relevancia a nivel europeo y publica los resultados en los medios de comunicación de toda Europa.
Además de Voxeurop, otros de los medios que han participado en esta publicación han sido: New Internationalist (RU); Buzzfeed News Deutschland / Frankfurter Rundschau, Ippen.Gruppe (Alemania); BastaMag (Francia) Capital Weekly (Bulgaria); Klassekampen (Noruega); Efimerida ton Syntakton (Grecia); Público (Portugal); Il Fatto Quotidiano (Italia); Gazeta Wyborcza (Polonia); Falter (Austria); Trends (Bélgica); Republik (Suiza); Dagens Nyheter (Suecia); EUobserver.
Otras contribuciones a esta investigación: Wojciech Cieśla, Thodoris Chondrogiannos (Periodistas unidos, Grecia), Boryana Dzhamabzova, Ingeborg Eliassen, Juliet Ferguson, Maria Maggiore, Sigrid Melchior, Leïla Miñano, Oliver Moldenhauer, Paulo Pena, Nico Schmidt, Harald Schumann y Elisa Simantke.
El proyecto fue apoyado por sus lectores con donaciones y Schöpflin Foundation, Rudolf Augstein Foundation, Fritt Ord Foundation, Open Society Initiative for Europe, Gulbenkian Foundation, Adessium Foundation, Reva and David Logan Foundation.
