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Varados en tierra de nadie, Rosy y Christian (los nombres han sido modificados por razones de seguridad*, originarios de la zona anglófona de Camerún, duermen en una tienda a la espera de días mejores. Los dos compañeros de ruta se encontraron en mayo, cuando intentaban escalar las antiguas murallas de Nicosia, construidas por los venecianos en el siglo XVI, en las inmediaciones de la frontera, con el fin de llegar a la parte sur de la capital chipriota, dividida en dos tras la invasión turca de 1974.
Pero, desde hace cinco meses, la República de Chipre les niega el derecho a presentar una solicitud de asilo. Entre los soldados de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas (conocidos como los «cascos azules»), Rosy y Christian ven, cada día, decenas de personas cruzar libremente las fronteras, mientras ellos continúan varados.
«Camerún ya no es un país seguro para nosotros, por lo que nos vemos obligados a buscar la seguridad en otro país a toda costa. Por eso nos hemos ido», dice Rosy, de 24 años, todavía soñolienta en esta mañana de octubre. Cuando la guerra penetró en la zona anglófona de Camerún, decidieron inscribirse como estudiantes internacionales en una universidad turcochipriota. Llegaron a la ciudad a bordo de un avión alquilado por la compañía aérea Turkish Airlines. El padre de Christian, que no deseaba ver a su hijo de 20 años partir a la guerra, se encargó de su admisión.
Al igual que Rosy y Christian, son muchos los inmigrantes que desean llegar a la UE mediante Turquía y que, una vez llegados a la parte septentrional de la isla, la República Turca del Norte de Chipre, no reconocida por la comunidad internacional, quedan varados.
«No sabía que Chipre estaba dividido en dos, entre el norte y el sur. Los traficantes nos habían dicho que el norte formaba parte de la UE y, como no tenía tiempo para investigar, decidí ir», asegura Rosy.
Chipre tampoco forma parte del espacio Schengen, precisamente debido a la división de la isla, lo que dificulta la situación de los inmigrantes que desean viajar a otro país europeo. En consecuencia, están bloqueados en los territorios controlados por la República de Chipre.
«Volver al norte no es para nosotros una opción. Nos fuimos ilegalmente y, por lo tanto, hemos violado una de sus leyes. Nos arriesgamos a ser expulsados o encarcelados», teme Rosy. «No tengo ningún sueño para el futuro, lo único que me importa es partir de aquí», afirma resignada. «En el norte, el proceso de solicitud de asilo no existe. Todas las personas que cruzan la Línea Verde tienen el derecho a solicitar asilo en la República de Chipre en virtud del derecho internacional y europeo, como lo estipula el artículo 2 del Reglamento de la Línea Verde», lamenta la portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, Chipre), Emilia Strovolidou. «Estas personas deben poder acceder a condiciones dignas en los centros de acogida», agrega.
Verdadero talón de Aquiles del gobierno, la Línea Verde, de 184 km de longitud, es considerada una ruta clave para aquellos que pretenden entrar en la República de Chipre desde el norte, ocupado por el ejército turco. Más del 80 % de los flujos migratorios provienen de la Línea Verde y menos del 20% del mar, según el Ministerio del Interior.
«Desde hace cuatro años, Turquía alienta deliberada y sistemáticamente a los inmigrantes que se encuentran en el norte a cruzar la Línea Verde para llegar al sur, como un modo de ejercer presión sobre el Estado de Chipre», afirma Loizos Michail, portavoz del Ministerio del Interior. Del 1 al 20 de octubre de 2021, 1166 inmigrantes utilizaron esta vía, según el Ministerio del Interior. Aunque poco afectada por la crisis de los refugiados sirios en 2015, Chipre fue identificada por los traficantes como una ruta accesible desde 2018 debido a la división de la isla. Y, según las cifras de Eurostat, el mayor número de primeras solicitudes de asilo en relación con la población se registró en 2020 en Chipre: 8488 solicitudes para un millón de habitantes.
«En tanto que país “en primera línea”, no podemos acoger más personas, los campos ya están saturados», advierte Loizos Michail. En junio de 2020, Nicosia ya había reforzado su política de inmigración al reducir el tiempo de evaluación de las solicitudes de asilo, que pasó de demorar entre tres y cinco años a cincuenta días. Desde el 1 de enero de 2021, el país ha examinado más de 8500 solicitudes de asilo y ha rechazado más de 7000. Desbordadas, las autoridades han endurecido la política migratoria y han adoptado medidas drásticas a lo largo de la Línea Verde, con el fin de controlar las entradas.
«No consideramos la Línea Verde ni como una frontera interior ni como una frontera exterior, pero durante la última cumbre de los ministros del MED5 (países mediterráneos en primera línea de acogida de inmigrantes) hemos pedido a la Comisión Europea que aplique las mismas medidas de seguridad que se aplican en la mayoría de las fronteras europeas, como entre Lituania y Polonia», explica. «Por primera vez, el problema de la Línea Verde ha sido considerado un problema europeo», agrega.
El área fronteriza no es considerada como una frontera exterior que puede ser vigilada de la misma manera que otras, debido a la división de la isla. Entre las controvertidas medidas, el Gobierno ha decidido, el pasado mes de marzo, desplegar alambres de púas en los puntos de cruce más sensibles de la Línea Verde. También se prevé la utilización de patrullas, drones y cámaras térmicas de seguridad. Los opositores han acusado al gobierno de agravar la situación de la división en la isla.
Desbordadas, las autoridades han endurecido la política migratoria y han adoptado medidas drásticas a lo largo de la Línea Verde, con el fin de controlar las entradas
Para Kisa, una ONG de asistencia a los inmigrantes, esta decisión unilateral pone en peligro a Chipre en un contexto de tensiones crecientes con Turquía, y podría tener consecuencias políticas serias. «No podemos modificar el proceso de desmilitarización de la Línea Verde, garantizado por la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP, por sus siglas en inglés). El Gobierno, sin embargo, intenta transformarla en una frontera dura, similar a la de Evros en Grecia», se lamenta Doros Polycarpou, director ejecutivo de Kisa.
Acusa, en particular, a las autoridades de inflar el número de llegadas a través de la Línea Verde, con fines puramente militares y electorales. «Solo mediante la cooperación con los turcochipriotas y las autoridades del norte encontraremos una solución al problema. Construir un muro no es una solución, ni para el problema de Chipre ni para los refugiados», afirma.
Nicosia exige a la UE la aplicación de acuerdos bilaterales con terceros países para la recepción de las personas cuyas solicitudes de asilo han sido consideradas infundadas. El presidente Nikos Anastasiades celebró una reunión de emergencia con sus ministros el miércoles 10 de noviembre para tomar medidas con el fin de combatir el aumento de la inmigración clandestina.
Chipre tiene la intención, asimismo, de solicitar a la Comisión Europea el derecho a suspender las solicitudes de asilo de las personas que entran ilegalmente al país. Un giro criticado por la oposición, que acusa al gobierno de una mala gestión de la cuestión migratoria. Pero los autoridades temen, sobre todo, un aumento exponencial de los flujos como resultado de la crisis en Afganistán. Una crisis que podría ser mucho peor que la de 2015, según el Ministerio del Interior.
Tras la redacción de este artículo, el papa Francisco anunció, el viernes 3 de diciembre, durante su visita a Chipre, que ayudaría a cincuenta exiliados a instalarse en Italia después Navidad. Entre ellos se encuentran Christian y Rosy.
Tras la redacción de este artículo, el papa Francisco anunció, el viernes 3 de diciembre, durante su visita a Chipre, que ayudaría a cincuenta exiliados a instalarse en Italia después Navidad. Entre ellos se encuentran Christian y Rosy.
