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La pandemia de Covid-19 nos rememoró los peligros de un aislamiento prolongado y de la propagación de enfermedades en lugares cerrados. Si bien las prisiones europeas -lugares cerrados por excelencia- han atraído la atención durante la pandemia, como ocurrió en el caso de los disturbios en Italia de marzo de 2020 o como cuando las personas detenidas confeccionaron miles de máscaras en Bélgica, la gestión de la crisis sanitaria en estos establecimientos ha sido, en general, muy poco analizada.
La crisis sanitaria, en efecto, se sumó a la llamada crisis ordinaria, que ya tenía lugar en las prisiones europeas. Las medidas adoptadas para combatir la COVID-19 en los centros de detención, así, suscitaron rápidamente un conjunto de interrogantes. Con el objetivo de ofrecer una perspectiva esclarecedora sobre la gestión de la pandemia desde una perspectiva europea, la European Data Journalism Network (EDJNet) recopiló un conjunto de datos estadísticos de más de treinta países europeos en el marco de una investigación colaborativa en la que participaron doce medios de comunicación de nueve países diferentes.
A pesar de que la tasa de encarcelamiento en Europa disminuye desde hace varios años, había, en enero de 2020, 1 528 343 detenidos en 51 (de las 52) administraciones penitenciarias de Estados miembros del Consejo de Europa. En la Unión Europea, solamente diez de los veintisiete Estados miembros tenían tasas de encarcelamiento superiores a la media.
Un aumento de los casos relacionado con el exterior
En la primera parte de la encuesta, hemos constatado que el número de infecciones por COVID-19 entre las personas detenidas seguía la tendencia general de la población. Algunos países, sin embargo, como Chipre, Francia o Hungría son excepciones a esta regla, lo que parece demostrar que las medidas adoptadas para contrarrestar la contaminación, junto con la vacunación, han ayudado a evitar la catástrofe. La mayor parte de estas medidas han sido objeto de controversias: aplicación tardía, eficacia limitada o impacto sobre los derechos humanos, entre otras cosas.
Las medidas adoptadas y sus consecuencias
A pesar de la situación de vulnerabilidad de la población penitenciaria, los detenidos no tuvieron, en todas partes, un acceso privilegiado a la vacunación, como lo recuerda Dominique Simonnot, supervisora general de los centros penitenciarios en Francia. «Durante la campaña de vacunación, pedimos que el personal y los detenidos sean vacunados prioritariamente», explica. La presencia de un virus como la COVID-19 en un lugar cerrado, como una prisión, puede agravar la situación sanitaria rápidamente, «como había ocurrido en Tours la primavera pasada», precisa Dominique. El 9 de marzo de 2021, se detectó un foco de contaminación en la prisión de esta ciudad en el centro de Francia: se identificaron 65 casos entre los presos, el foco de contaminación más alto jamás registrado en el establecimiento. Al final, casi la mitad de la población carcelaria contrajo COVID-19. Las solicitudes de vacunación prioritaria de las personas detenidas no fueron escuchadas en Francia, ni tampoco en otros países europeos vecinos.
En 2021, la vacunación de los presos todavía no está completamente garantizada, a pesar de que se vean avances, como en España, donde 86,14 % de los detenidos han recibido las dos dosis, en Irlanda (95 %, una dosis) o en Hungría (79,47 %, dos dosis). Las disparidades en Europa son, sin embargo, remarcables: en Bulgaria, solo el 14 % de los detenidos ha recibido una dosis de la vacuna.
Con el objetivo de controlar mejor la pandemia y limitar el número de casos, se han adoptado distintas medidas restrictivas en toda Europa: suspensión de las visitas familiares o de las actividades, prohibición de contacto físico, confinamiento, etc.
Son varios los países europeos que han aplicado medidas similares. Para compensarlo, los detenidos han recibido, en la mayor parte de los casos, compensaciones: visitas por videoconferencia, liberaciones anticipadas o incluso permisos de salida temporarios.
«En Bélgica, no ha habido prácticamente ninguna compensación», denuncia Olivia Nederlandt, profesora de derecho penal y penitenciario y miembro de la sección belga del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), para quien las visitas en videoconferencia y las llamadas telefónicas no son suficientes. «Se podrían haber hecho otras cosas: el teléfono gratuito, el internet gratuito -como es el caso en varios países-, la concesión de créditos para la cantina o la duplicación de las salidas temporarias una vez finalizada la crisis sanitaria, pero no se ha hecho prácticamente nada para compensar esta situación de restricción de los derechos fundamentales de las personas detenidas durante más de un año y medio».
El control de la pandemia no nos debe hacer olvidar las consecuencias de estas restricciones, como lo afirma la ONG Irish Penal Reform Trust: «Incluso si el número relativamente bajo de casos confirmados de COVID-19 en las prisiones es una buena noticia, el impacto en la vida diaria ha sido extremadamente severo». En Irlanda, al igual que en otras partes del mundo, los detenidos han debido padecer una reducción de las visitas familiares, una privación de las actividades, un acceso limitado a la educación, al trabajo y al deporte, así como largas estadías diarias en las celdas. «Es cierto que las medidas adoptadas han limitado el número de contaminaciones, pero no podemos ignorar el inmenso impacto que han tenido en la vida de los hombres y de las mujeres en prisión».
La sobrepoblación carcelaria, un problema que se agravó durante la pandemia
A principios de 2020, debimos actuar rápidamente para controlar la epidemia. Existen numerosos factores que aumentan el riesgo de contaminación para los presos y el personal, pero el más grave es la sobrepoblación. Adriano Martufi, investigador y profesor adjunto de derecho penal en la Universidad de Leiden, lo confirma: «La principal recomendación que se hizo durante la pandemia, por parte de las organizaciones independientes y de las entidades supranacionales, como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), era, entre otras, reducir la población carcelaria». Las diferentes administraciones penitenciarias europeas han reducido, en su mayoría, la población mediante permisos temporales de salida, liberaciones anticipadas o arrestos domiciliarios. En Francia, la población carcelaria pasó, entre enero y junio de 2020, de 70 000 a menos de 60 000 personas (por debajo del umbral de superpoblación), antes de volver a aumentar.
Si bien en un primer momento Francia, como el resto de los países europeos, ha podido reducir la población carcelaria, la tendencia no se mantuvo durante toda la pandemia. Ciertos establecimientos, así, volvieron a sus niveles prepandémicos rápidamente. En enero de 2020, según un informe del Consejo de Europa y de la Universidad de Lausana, en diez de los treinta y ocho países analizados había más detenidos que plazas disponibles: entre otros, en Chipre, Italia, Bélgica, Francia y Hungría. De estos diez países, solo tres habían podido, nueve meses más tarde, reducir la población carcelaria por debajo del umbral de la sobrepoblación. En Rumania y en Grecia, que figuraban también entre estos diez países, la población carcelaria había incluso aumentado durante la pandemia. Los resultados del informe de EDJNet tienden a demostrar que el número de personas detenidas disminuye poco: sobre los treinta y dos países en los cuales es posible analizar la población carcelaria, solo diez han registrado una disminución entre enero de 2020 y julio de 2021.
«El problema eterno, es que los derechos de los detenidos no se consideran una prioridad, puesto que no hay ningún voto que ganar al hacer que las condiciones de vida en las prisiones sean decentes y humanas» – Catherine Heard, directora del World Prison Research Programme.
Hoy en día es difícil establecer un vínculo claro entre la sobrepoblación y la propagación del virus debido a la falta de investigación sobre el tema. Pero la sobrepoblación en las prisiones, que dificulta la convivencia en lugares cerrados (incapacidad de garantizar un aislamiento efectivo, cuarentenas difíciles o incluso imposibles, falta de acceso a la atención médica o a las vacunas, etc.) complica la contención del coronavirus en las prisiones y el tratamiento adecuado de los pacientes.
A pesar de todo, las condiciones de los detenidos –incluso en tiempos normales- debería interpelarnos: en 2019, en algunos países, casi el 1 % de los presos morían durante el período de encarcelamiento. El mismo año, Francia registraba un historial funesto: de la totalidad de las muertes en prisión, el 71 % eran suicidios.
La necesidad de una reforma
A pesar de que la pandemia de COVID-19 no haya sido, en varios países europeos, la catástrofe que temíamos, las múltiples violaciones de los derechos humanos observadas, así como las condiciones de vida de las personas detenidas, han puesto de manifiesto, para algunos, la necesidad de una revisión del sistema penitenciario.
«Una de las primeras ambiciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) era crear mecanismos de liberación de emergencia y promover una mayor institucionalización de las penas alternativas», nos explica Philipp Meissner, asesor regional y coordinador de la ONUDC. «En lugar de volver a la normalidad, deberíamos aprovechar la crisis sanitaria como una oportunidad para centrarnos en el inmenso potencial de las medidas comunitarias para ciertas categorías de delincuentes». A pesar de que las alternativas a la encarcelación – a veces controvertidas – existan, la pena de prisión sigue siendo, hoy en día, la referencia.
«El problema eterno, es que los derechos de los detenidos no se consideran una prioridad, puesto que no hay ningún voto que ganar al hacer que las condiciones de vida en las prisiones sean decentes y humanas o al hacer un uso más proporcionado de la encarcelación», se lamenta Catherine Heard, directora del World Prison Research Programme. «No es una prioridad pública. Pero creo que hemos aprendido, con la pandemia, que la salud en las prisiones afecta también la salud de la población en el exterior».
La pandemia mostró, en sus peores momentos, que la situación penitenciaria considerada «habitual» es, en verdad, el producto de una estructura increíblemente delicada y vulnerable a los variaciones más leves; un microcosmos cuyas turbulencias afectan a toda la sociedad. A pesar de que la cuestión no atraiga el interés político ni del público en la actualidad, es altamente probable que, en el futuro, se convierta en un tema fundamental y prioritario. La COVID-19 representa, en este sentido, una oportunidad para abordar esta cuestión sin demora.
