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En un clima de fuerte incertidumbre suscitada por la crisis sanitaria y la climática, numerosos analistas se alarman ante el incremento de la desigualdad en nuestra sociedad. Si bien Europa es una de las regiones más igualitarias del mundo, se encuentra lejos de alcanzar sus objetivos de justicia social e igualdad. Pese a los enormes planes de apoyo implementados con urgencia ante la pandemia, cabe señalar que la lucha contra la desigualdad no constituye aún una de las prioridades de la agenda política.
No obstante, las sociedades desiguales son menos aptas a afrontar cambios. La crisis de la covid representa un ejemplo flagrante. De hecho, las poblaciones debilitadas por la desigualdad económica están más expuestas al virus y a sus consecuencias. Asimismo, según estudios recientes, las características demográficas y sociales de las personas son los principales factores determinantes de la indecisión frente a la vacunación.
Al desatender el carácter estructural de la desigualdad, los poderes públicos pueden poner en peligro la eficacia de las estrategias de lucha contra la pandemia. Dos estudios recientes desarrollan análisis particularmente pertinentes: el Informe sobre la desigualdad global 2022, que realiza un balance preciso sobre la desigualdad en el mundo, y el informe anual del Instituto Sindical Europeo (ETUI), que explora los asuntos de justicia social en el mundo laboral. Estos trabajos invitan a los responsables políticos, así como a la sociedad civil y a los ciudadanos, a tomar acción.
La concentración de la riqueza se enfatiza
El Informe sobre la desigualdad global 2022 se fundamenta en la base de datos WID world, alimentada por investigadores de todo el mundo. Este revela desigualdades de ingresos considerables, diferenciando a la vez adecuadamente las dinámicas específicas de cada país. “El 10 % de las personas más ricas del planeta reciben un 52 % de la renta mundial, mientras que la mitad más necesitada tan solo gana un 8 %. Las brechas resultan todavía más significativas en lo referente al patrimonio: el 10 % de los más adinerados poseen un 76 % del patrimonio mundial, mientras que el 50 % más pobre tan solo cuenta con un 2 %. La concentración de la riqueza se acentúa con gran claridad a favor de los ingresos más elevados: el 1 % de los más ricos acapara casi la mitad de la riqueza mundial. Esta dinámica, que ha estado en marcha durante unos treinta años, ha llegado incluso a intensificarse desde el inicio de la pandemia.
Desde los años ochenta, los índices bursátiles se han disparado, mientras que los salarios han progresado a una velocidad inferior con respecto a la productividad. Hoy en día, los ingresos de capital aumentan con más rapidez que los ingresos salariales, lo que refuerza ineludiblemente la desigualdad. La globalización y la integración europea suelen considerarse como responsables de este fenómeno. No obstante, este punto merece matizarse. De hecho, los análisis empíricos realizados en diferentes países demuestran que las políticas públicas sobre fiscalidad, educación o incluso trabajo determinan en gran parte la dinámica de la desigualdad en cada país.
Ante esta observación, parece indispensable realizar una inmensa redistribución de los ingresos y las riquezas para responder a los desafíos del siglo XXI. Ahora bien, las posibles estrategias para lograr una fiscalidad más equitativa no son escasas: la revisión de los dispositivos de optimización fiscal, la lucha activa contra la evasión fiscal, la instauración de un impuesto progresivo sobre las grandes fortunas, o incluso una reforma de los derechos sucesorios. Promover la justicia fiscal impone con más fuerza una harmonización entre países. Sin embargo, el reciente acuerdo para una reducción en la imposición de las multinacionales evidencia la dimensión de las resistencias y las oposiciones. No obstante, según nos confía el economista Lucas Chancel, coautor junto con Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman del Informe sobre la desigualdad global 2022, “es primordial que grupos de países cooperen para avanzar hacia reglas fiscales comunes que eviten la presencia de un mejor postor fiscal”.
Un mercado laboral desigual
En paralelo a los desafíos de fiscalidad y redistribución, las reformas del mercado laboral representan igualmente poderosos instrumentos de justicia social. El último reporte del ETUI, Benchmarking Working Europe 2021 - Unequal Europe, demuestra particularmente bien cómo el refuerzo de los derechos laborales y de la negociación colectiva puede mejorar la función redistributiva del trabajo, y por ende atenuar las desigualdades.
Las divisiones que fraccionan el mundo laboral europeo se enfatizaron en 2021. Pese a la magnitud de los dispositivos de apoyo de la UE, la crisis afectó de manera desigual a los trabajadores. Las medidas de desempleo parcial y de conservación del empleo han permitido reducir los riesgos de desempleo. No obstante, los jóvenes y aquellos con un menor grado de estudios, sobrerrepresentados en los sectores más debilitados por la crisis, se vieron afectados con creces.
Asimismo, la desigualdad de género persiste: pese a los esfuerzos llevados a cabo durante décadas, las brechas salariales entre hombres y mujeres disminuyen difícilmente. La crisis actual continúa revelando divisiones crecientes entre empleos asalariados, con una buena remuneración y seguros, y empleos precarios, con salarios bajos y riesgosos para la seguridad y la salud de los trabajadores. En este contexto apareció una nueva distinción: la posibilidad de teletrabajar o no.
Situar nuevamente la justicia social en el centro de las políticas europeas
El aspecto acumulativo de las desigualdades debilita sistemáticamente ciertas categorías de trabajadores. Sin embargo, actualmente es imposible negar la influencia que ejercen los salarios y las condiciones laborales sobre la salud de las personas. Las nuevas formas de trabajo (como las plataformas de trabajo digitales) y las transformaciones inducidas por la transición ecológica podrían acentuar estas vulnerabilidades. En un contexto en el que la crisis de la covid rebaja los salarios, la Organización Internacional del Trabajo insiste en la necesidad de instaurar un salario mínimo decente. Por consiguiente, los eurodiputados están elaborando una directiva que garantizará a todos los trabajadores de la UE un salario mínimo equitativo, así como una mayor cobertura de negociación colectiva.
Más allá de las medidas específicas al trabajo, el informe del ETUI llama a la UE a mantener las orientaciones políticas adoptadas ante la crisis de la covid. Según Nicola Countouris, director de investigación del ETUI y profesor de derecho laboral y de derecho europeo en la facultad de derecho de la University College London (UCL), “la piedra angular europea de los derechos sociales debe pertenecer al núcleo de los planes de recuperación y de transición ecológica”. Efectivamente, los objetivos de la política climática europea Fit for 55 requieren una gran redistribución y una mayor democratización en todos los niveles. Desde esta misma perspectiva, Lucas Chancel destaca la necesidad de “no reactivar las limitaciones presupuestarias europeas congeladas desde el inicio de la crisis sanitaria. Los Estados no podrán realizar las inversiones necesarias para preparar la economía europea del mañana mientras estén sujetos a la regla del 3 % de déficit”.
Hacia políticas públicas orientadas y evaluadas sistemáticamente
Las fracturas de desigualdad plantean interrogantes profundas respecto al papel de las políticas públicas en términos de redistribución de los recursos. ¿Cómo garantizar que las medidas de disminución de la desigualdad alcanzarán efectivamente su objetivo? ¿Es posible imaginar políticas públicas que respondan a las necesidades específicas de las personas?
Entre las pistas que deberán explorarse, los métodos comprobados por la economista Esther Duflo y descritos en su obra Repenser la pauvreté, son particularmente prometedores. El principio consiste en evaluar la eficacia de los dispositivos de intervención mediante experimentos de campo y estudios aleatorios. Estos planteamientos, desplegados originalmente en países en vía de desarrollo, ahora se aplican en los países desarrollados. En Europa, el laboratorio J-PAL Europe agrupa una red de investigadores cuya misión es evaluar políticas sociales variadas, en particular en los sectores de la educación y el empleo.
Además de su gran rigor científico, estos experimentos poseen la ventaja de buscar identificar soluciones que correspondan bien a las necesidades. Lejos de tratarse de una perspectiva descendiente, esto consiste en comprender las limitaciones y las ventajas de los individuos, probar con ellos las posibles soluciones y conservar únicamente las medidas que demuestren ser eficaces. Considerar a los beneficiarios de las políticas sociales como personas dotadas de proyectos constituye un verdadero cambio de perspectiva en la lucha contra la desigualdad.
