París. Una señal de circulación modificada por el artista Clet Abraham.

Las grandes tabacaleras, como en casa en Bruselas

La dimisión del comisario de Salud John Dalli el mes pasado ha destapado la cortina que encubría la influencia que las empresas tabacaleras ejercen en el seno de la Comisión Europea. Y llega a tal punto que la Oficina de Lucha contra el Fraude tampoco se escapa, revela Der Spiegel.

Publicado en 30 noviembre 2012 a las 18:06
París. Una señal de circulación modificada por el artista Clet Abraham.

A raíz de la dimisión de John Dalli, excomisario europeo de Salud y Protección de los Consumidores, la influencia de la industria del tabaco en el seno de la Unión Europea suscita cada vez más preguntas. ¿Es cierto que José Manuel Durao Barroso ha forzado su salida? ¿Qué papel ha tenido la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en este asunto? Puede que la industria del tabaco nunca haya tenido tanto poder de influencia en Bruselas.

En la capital belga, cada reunión con un representante de la industria del tabaco es una prueba de voluntad. Incluso para los fumadores ocasionales. Nada más llegar un portavoz de Philip Morris (Marlboro, L&M) nos tiende un paquete de cigarrillos. En lugar de la marca se ve una foto de un hombre que tiene un tumor cancerígeno en la garganta. "Es una difamación", suelta la representante de Philip Morris antes de mostrar otro paquete con otro enfermo de cáncer. "La Comisión Europea quiere que ese tipo de imágenes se impriman en todas las cajetillas de tabaco para impresionar a los consumidores", se rebela la representante antes de encenderse un cigarrillo con deleite.

Víctima de un complot

Los periodistas no son los únicos que recibían las quejas de la industria. Aparentemente, los productores de tabaco han conseguido ganar peso sobre una parte de la Comisión Europea. Una serie de documentos internos a los que Der Spiegel ha tenido acceso revelan efectivamente que varios colaboradores del presidente de la Comisión se oponen a que se refuerce la legislación sobre el tabaco. Incluso el jefe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude albergaría dudas acerca de esta directiva. José Manuel Durao Barroso y los agentes de la lucha contra el fraude habrían desempeñado un papel nada desdeñable con relación a la dimisión del comisario europeo de Salud, que tuvo lugar hace un mes.

El jefe de la OLAF, Giovanni Kessler, reconoció ante la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo que "no existen pruebas concluyentes" contra Dalli. Pero "las circunstancias" no le beneficiaban. El presidente de la Comisión Europea rechaza todavía hacer pública la investigación que la OLAF llevó a cabo, aunque hoy en día hay documentos recientes que refuerzan las sospechas que ya circulaban desde hace semanas por la capital: Dalli ha podido ser víctima de un complot. Resulta innegable que el excomisario europeo, y ex fumador empedernido, quería reforzar estrictamente la regulación europea sobre el tabaco. Su propuesta incluía concretamente abordar de forma severa la venta y publicidad de numerosos productos que contienen nicotina.

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Pero parece que al presidente de la Comisión no le corría ninguna prisa incorporar esta idea. La irlandesa Catherine Day, secretaria general de la Comisión Europea, y por su cargo la mujer con más poder de Bruselas, abogó personalmente por ralentizar los procesos en numerosas ocasiones.

El pasado 25 de julio, la colaboradora más próxima a José Manuel Durao Barroso desde hace siete años envió a Paola Testori Coggi, la responsable de la Sanco (la dirección general de la salud y de los consumidores) una carta de dos páginas que bien podría haber sido remitida por un representante de la industria del tabaco. En ella manifestaba “serias dudas" con relación a la directiva. Criticaba "la prohibición general de productos de tabaco que no se fuman", reflexionaba sobre "el tratamiento que se daba a los productos que contienen nicotina" y exponía sus reservas acerca de "las disposiciones previstas para la venta de cigarrillos".

Sin polémicas antes de la cumbre

El 23 de septiembre, Catherine Day envió un segundo correo a Paola Testori Coggi. Con determinación, la irlandesa exigía que la directiva no fuera presentada antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno europeos prevista para mediados de octubre. Algunos detalles podían ser todavía modificados y no había que suscitar controversia antes de la cumbre, escribía. La responsable de la Sanco no podía comprender el porqué: efectivamente, los detalles de la propuesta Dalli eran conocidos desde hacía largo tiempo y habían sembrado el pánico entre los fabricantes de cigarrillos. El objetivo era pasar a la etapa siguiente lo más rápido posible para que la Comisión aprobase la propuesta antes de fin de año.

Ahora, una cosa es segura, la dimisión de John Dalli retrasa un poco más todavía el proyecto de directiva. De hecho, es muy poco probable que sea adoptada antes del fin del mandato de la Comisión actual, en 2014. La comisión de control presupuestario del Parlamento tendrá que esclarecer el papel del presidente de la Comisión y de la OLAF antes de que esto ocurra. El presidente de la comisión de control, Michael Theurer, juzga “inaceptable” que José Manuel Durao Barroso guarde el informe de OLAF como confidencial, pues se impide de esta manera todo control democrático eficaz. Quizá sea necesaria una comisión de investigación para esclarecer este asunto.

Está en juego la credibilidad de la Comisión

Una buena parte de los interrogantes se refieren a OLAF. En efecto, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la industria del tabaco están estrechamente ligados, como reconoció su responsable, Giovanni Kessler, ante una comisión de investigación del Parlamento italiano el verano pasado. Existirían acuerdos entre la Comisión Europea y empresas como Philip Morris o British American Tobacco. La OLAF utiliza principalmente las informaciones facilitadas por la industria para luchar contra el contrabando y la falsificación. Las multinacionales también financian el trabajo de los investigadores e invierten casi dos mil millones de euros en la Unión Europea. Esta colaboración sin duda es todo un éxito. En el curso de una de sus operaciones, la OLAF confiscó 70 millones de cigarrillos de contrabando e interrogó a 35 sospechosos.

¿Pero esta colaboración no acerca también demasiado los investigadores a la industria? ¿No existen discusiones paralelas a favor de un mayor grado de tolerancia en la reglamentación?

Numerosos eurodiputados no creen en el azar cuando escuchan a Kessler sosteniendo el mismo discurso que las multinacionales del tabaco. Este oscuro asunto va mucho más allá de la extraña dimisión de un comisario europeo de Salud. Es la credibilidad de toda la Comisión Europea la que hoy está en juego. Su presidente debe ahora responder con premura y de manera clara a las cuestiones de los diputados. Sin ello, el caso Dalli podría convertirse rápidamente en el caso Barroso.

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