Cuando se le pregunta sobre sus proyectos futuros, Guido Strack responde de forma lapidaria: “No tengo ninguno”. Hugo una época en la que este hombre, de 46 años, era un ambicioso jurista, padre de familia y empleado en la Comisión Europea, en Luxemburgo. Tenía por delante una brillante carrera. Pero eso era en otra vida. Hoy, instalado en una pequeña casa en Colonia, tiene tiempo para darle vueltas a sus pensamientos.

Incapacitado para trabajar desde hace siete años, ha visto cómo se desmoronaba su hogar y hoy toma antidepresivos. “Cuando intentas ser honesto, te aniquilan”, apunta. Habla por propia experiencia. Hace años que dirige una lucha perdida de antemano: Guido Strack contra la Unión Europea.

Cuando le invitaron el pasado mes de mayo a la comisión de control presupuestario en el Parlamento Europeo en Bruselas, tuvo quince minutos para contar su historia. Solo el relato cronológico de los hechos ocupa trece largas páginas y únicamente unos cuantos expertos comprenden qué le ocurrió a partir del 30 de julio de 2002, fecha en la que Strack tomó la fatal decisión de informar a la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) de ciertas irregularidades en su servicio.

Denunciar cualquier anomalía financiera

Unas semanas antes, los funcionarios de la Comisión Europea habían recibido la orden de denunciar cualquier anomalía de carácter financiero y se les garantizaba la protección contra cualquier forma de represalia. Por ello, Strack había explicado cómo sus superiores jerárquicos de la Oficina de publicaciones en Luxemburgo se encontraban en el origen de una anomalía que estimaba en al menos 4 millones de euros.

Guido Strack tendría que haberse callado. La OLAF se ocupó de este asunto sin mucho interés. El 5 de febrero de 2004 se cerró la investigación: las alegaciones no eran suficientes para justificar medidas disciplinarias, declaraba el informe final. Pero Guido Strack, el supuesto denunciante, ya se encontraba en el punto de mira de sus jefes.Cambió de puesto, pero valoraron negativamente su trabajo. Se describía a Strack como una persona incapaz de motivar a sus colaboradores. No obtuvo ni un punto de ascenso. “Entonces fue cuando comprendí que mi carrera había acabado”, explica.

El 1 de marzo de 2004, se hunde en medio de una reunión. Fue su último día de trabajo. Su mujer le aconsejó que dejara a un lado este asunto, pero concentró toda su energía en recuperar su carrera. Entonces su vida dio un giro kafkiano: le jubilaron anticipadamente, pero la Comisión Europea reconoce hoy el carácter profesional de su enfermedad.

Los hechos polémicos jamás se dilucidan

En la sala de reuniones de la Comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo se encontraban sólo algunos diputados, entre ellos Inge Grässle, miembro de la CDU [cristiano-demócratas alemanes]. La lucha contra el fraude forma parte de sus funciones. “Siempre he creído en la vía jerárquica”, explica. Pero cambió de idea cuando se instaló en Bruselas, hace ocho años. Entonces, nunca había oído la palabra “whistleblower” (en inglés, chivato), que designa a las personas que denuncian [desde el interior] los abusos de ciertas empresas o administraciones. Mientras, descubrió toda una serie de casos similares. Hace poco, conversó con funcionarios europeos “muy respetables”, a los que les preguntó a quién comunicarían sus sospechas de fraude, si las tuvieran. La respuesta fue unánime: “Nunca a los superiores”.

¿Por qué? Porque de lo contrario, probablemente acabarían corriendo la misma suerte que Guido Strack. Los hechos polémicos jamás se dilucidan, pues el inmenso aparato burocrático se encarga de neutralizar a los aguafiestas. “Estas personas acaban destrozadas. Al final, se destruye su vida privada y su carrera profesional y acaban en el psiquiatra”, explica Grässle, que ha constatado una disminución neta en el número de “whistleblowers” dentro de la UE en los últimos años.

En 2006, Strack creó la asociación Whistleblower-Netzwerk, que actualmente cuenta con 74 miembros. Entre ellos se encuentran una exbanquera, tres inspectores de impuestos y una enfermera de geriatría de Berlín, Brigitte Heinisch, que desde hace años denuncia la falta de personal y la higiene deplorable de un hogar para personas de la tercera edad.

La UE sigue sin adherirse a la Convención de Derechos Humanos

Al ver que no cambiaba nada, puso una denuncia a su jefe y fue despedida sin previo aviso en 2005. Ella también ha pasado durante años por diversas instituciones, hasta que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos le dio la razón en julio de 2011. Los jueces estimaron que su despido iba en contra de la libertad de opinión y le concedieron 15.000 euros de indemnización.

Por su parte, Guido Strack, tan sólo puede soñar con algo así. Como exfuncionario europeo, no puede recurrir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: al contrario que sus países miembros, la Unión Europea sigue sin adherirse a la Convención de los Derechos Humanos.

Entonces, ¿no le convendría abandonar la causa? ¿Comenzar una nueva vida, encontrar un nuevo trabajo? “¿Quién querría a alguien como yo?”, responde Strack. No, tiene que continuar, no tiene otra opción. Quiere saber si lo que hizo hace ocho años estaba o no justificado. Aún se encuentran pendientes nueve procedimientos judiciales.