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La mayoría de campañas de prevención contra el tráfico de seres humanos no ha tenido ningún efecto destacado. Incluso el Parlamento Europeo declaró recientemente que todas las medidas adoptadas por la Unión para limitar las consecuencias de esta plaga eran ineficaces. Según los datos publicados por el Consejo de Europa, se trata sin embargo de una de las principales fuentes de financiación del crimen organizado; la “trata de blancas” es además el sector de la economía sumergida que registra el desarrollo más excepcional de los últimos años.
El tráfico afecta sobre todo a mujeres: representarían alrededor del 80% de las 800.000 personas que, cada año, son víctimas de este tráfico. Se ha instado en numerosas ocasiones a los países miembros de la Unión Europea a que asuman sus responsabilidades: ayudar materialmente a las víctimas para que puedan volver a sus países o bien proporcionarles una protección administrativa si desean permanecer en el territorio de la UE. Estas mujeres deben estar convencidas del beneficio de testificar contra sus carceleros y, si fuera necesario, garantizar su seguridad ante la posibilidad de represalias por parte de estos últimos.
En la práctica, esto ocurre en contadas ocasiones. Veamos el ejemplo de Bulgaria. Según los datos de la comisión nacional de la lucha contra el tráfico de seres humanos, el número de víctimas en 2010 se elevó a 500 personas, es decir, el doble del año anterior. Este año, hasta el mes de abril, las víctimas ascendían a 154: 141 mujeres y 13 niños. Se trata, como es evidente, de la punta del iceberg, de los casos comprobados de tráfico; la realidad, como podemos imaginar, es aún más preocupante.
La finalidad del tráfico es la explotación sexual
Los países de riesgo para los búlgaros son Países Bajos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Chipre y Suecia. En la mayoría de los casos, la finalidad de este tráfico es la explotación sexual, aunque también se ha observado un recrudecimiento de las denuncias por trabajos forzados. Hace unos días, se publicó la noticia de la detención de dos búlgaros residentes en Suecia que intentaban atraer a compatriotas al país, tentándoles con la posibilidad de obtener un trabajo bien remunerado y alojamientos agradables. En realidad, les forzaban a recoger frutas y a vivir en tiendas de campaña en pleno bosque; les habían confiscado sus documentos de identidad y nunca les pagaron.
Pero los pocos casos de condena por parte de la justicia no logran invertir la tendencia. Durante una operación policial, hace unos años, se detuvieron a dos hombres que intentaban trasladar a mujeres de Bulgaria a Grecia. Se descubrió que recorrían los campos búlgaros para captar a jóvenes a las que obligaban a prostituirse en Sofía o en la vecina Grecia y luego se quedaban con el 50% de sus ingresos. Fueron condenados en primera instancia, pero luego claramente fueron absueltos, ya que se vieron sus fotos en la prensa británica el pasado verano, mientras intentaban “colocar” a esclavas blancas en el territorio de Reino Unido.
"Ofrecer formación en el extranjero"
Las autoridades también advierten de que los traficantes ahora demuestran una gran imaginación para atraer a sus víctimas y hacer que caigan en sus redes. Por ejemplo, últimamente su método consiste en ofrecer “formación en el extranjero”, sobre todo cursos de idiomas. La violencia física se utiliza cada vez menos y se sustituye por amenazas psicológicas y presiones a la familia que se queda en el país. En Bulgaria, las principales causas del desarrollo de estos tráficos siguen siendo el analfabetismo, el hundimiento de los valores morales, el racismo y la discriminación étnica, la pobreza, la pésima situación económica, el paro… Esto podría explicar el cambio de estrategia de los traficantes, que cada vez más se hacen pasar por agencias de trabajo temporal.
Se trata de un fenómeno que corre el riesgo de perdurar porque, en periodos de crisis, la gente busca desesperadamente una salida a situaciones materiales en muchas ocasiones catastróficas y están dispuestas a hacer cualquier cosa para salir de ellas. Las campañas de sensibilización únicamente logran mejorar un poco este triste panorama. El trabajo de verdad sigue estando en manos de la policía, tanto en ámbito local como internacional. Después de todo, nos podemos preguntar por qué los policías europeos, con su gran maquinaria represiva, no pueden acabar con el puñado de peces gordos que dirigen este tráfico...
Trabajo
Esclavitud a la europea
“Camareras que cobran tres euros por hora, obligadas a trabajar siete días a la semana y durmiendo bajo la máquina de café, compartiendo dos o tres la misma cama. Trabajadores de un túnel de lavado a los que les pagan 20 euros por diez horas y nada si hace mal tiempo. “Los nuevos esclavos están entre nosotros”, titula en portadaLe Soir tras la publicación en Bélgica del14º informe anual “Trata y tráfico de seres humanos” del Centro para la Igualdad de Oportunidades.
El informe pone de relieve la profesionalización del tráfico de seres humanos: un fenómeno que se asienta sobre entramados cada vez más complejos y con responsabilidades cada vez más difíciles de establecer gracias al empleo de subcontratas. El diario de Bruselas cita concretamente un caso que ha acabado en los tribunales en Gante. Se trata de una cadena de restaurantes de carretera que habría recurrido sistemáticamente a la subcontratación para explotar a sus víctimas, trabajadores kazajos empleados en los baños de los establecimientos siete días a la semana, de siete de la mañana a diez de la noche, por un salario bruto de 1.200 euros al mes. Reclutados por una empresa alemana, se les consideraba independientes y así no estaban sometidos a la legislación belga sobre las condiciones de salario y de trabajo.
“El otro pilar sobre el que se asienta la explotación económica es la directiva europea sobre la libre circulación de trabajadores y sus perversas consecuencias”, ahonda el informe al que se refiere Le Soir. Dicho documento aboga por “una inspección social europea para recabar información fiable sobre el estado de un trabajador o de una empresa”. Una condición que, con la elaboración de una ley para instaurar una co responsabilidad de los intermediarios, permitiría luchar eficazmente contra el fraude fiscal, social y la trata de seres humanos.
