Ahora ya sabemos lo que valen las "garantías sólidas" de David Cameron. El incumplimiento por parte del líder conservador de su palabra de celebrar un referéndum sobre cualquier “tratado de la UE” que se derive de las negociaciones de Lisboa ratificará con toda certeza la advertencia que le hizo William Hague: Europa es su “bomba de relojería”. Ni siquiera puede recurrir a la defensa encubierta del ejecutivo, según la cual la promesa de referéndum de éste último sólo hacía referencia a la primera encarnación del Tratado de Lisboa como Constitución europea.

Cuando a los europeos se les ha brindado la oportunidad de decidir en las urnas este afianzamiento de poder y privilegios corporativos sin límites, lo han rechazado, o, como en el caso de Irlanda, se les ha obligado a seguir votando hasta que han dado el sí por respuesta. Una vez más, en el marco de una tradición que se remonta a décadas atrás, las élites europeas han reducido al silencio la opinión pública e impuesto el orden de su propia elección. De no haber sido por el tira y afloja acaecido entre bastidores, hasta hace pocos días cabía la grotesca posibilidad de que se le colgase a Europa como presidente no electo a uno de los cerebros de la catástrofe de Irak.

Incluso con el Tratado de Lisboa ratificado, Cameron sigue hoy intentado borrar el recuerdo de sus desechadas garantías con la promesa de prolongar la lucha para restablecer las libertades de los ingleses genuinos, repatriar los poderes sociales, laborales y judiciales usurpados por Bruselas, y legislar para que Gran Bretaña decida por referendo cualquier cambio constitucional urdido en Europa.

Pero esto no es más que una pose. No hay más cambios constitucionales en la agenda. Gran Bretaña goza de una cláusula voluntaria de “autoexclusión” que exime al país de adoptar los puntos sobre migración y justicia recogidos en el Tratado de Lisboa. La posibilidad de tener un Gobierno Tory enfrascado en una lucha contra una ínfima parte la Unión Europea, que, de hecho, en Gran Bretaña goza de popularidad, hace que los escarmentados nacionalistas se lo piensen dos veces. ¿Realmente iniciaría Cameron una guerra contra las vacaciones de cuatro semanas, los derechos de igualdad para los trabajadores a tiempo parcial y la baja de paternidad provistas por Bruselas para ganar la aquiescencia del mercado único?

Tal vez no sorprenda que los líderes conservadores hayan sentido la necesidad de intentar comprar a su euroescéptico partido abandonando el principal grupo de centro derecha de Europa para aliarse con la derecha marginal, y ahora estén intentado justificar su vínculo con el político polaco Michal Kaminski, un admirador del general Pinochet con una historia fascista y antisemita bien documentada, y con el partido letón Patria y Libertad, que exige pensiones militares para los veteranos de la policía nazi, las llamadas SS.

Pero la pataleta y los obstáculos son parciales, porque existen muchas otras injerencias de Bruselas a las que los Tories no ponen ninguna objeción. Por ejemplo, no se oye a ningún líder conservador denunciar que el Tratado de Lisboa convierta la liberalización y la privatización de los servicios sociales —el transporte y la energía son sus nuevos objetivos— en una cláusula constitucional. Más que el nuevo Partido Laborista, son ellos los más entusiastas de la ideología neoliberal sobre la que se sustenta esa legislación, como no podía ser de otra manera.

George Osborne, el responsable de Economía y Hacienda de la oposición, tampoco ha criticado la intervención pública de esta semana de Neelie Kroes, la Comisaria Europea de Competencia no electa, sobre el sistema bancario británico. Apodada Steely Neelie (Neelie la férrea), la holandesa, partidaria del libre mercado, ordenó la venta de cientos de sucursales y aseguradoras altamente rentables a cambio del acuerdo de Bruselas al segundo rescate masivo de los parcialmente nacionalizados Royal Bank of Scotland y Lloyds Banking Group. Lejos de criticar esta manifiesta interferencia por parte de los menospreciados burócratas de Bruselas, Osborne elogió el papel de la UE y alardeó de haber sido el primero en concebir la división de los bancos como medida para incrementar la competencia.

En realidad, lo más probable es que las liquidaciones forzadas no influyan significativamente en la competencia del concentradísimo sector bancario británico, si bien deberían permitirle realizar suculentas elecciones a compañías como Santander y Virgin. Una vez más, el gobierno está derrochando miles de millones de libras en bancos que en gran parte le pertenecen, no obstante, se niega a tomar el control y actuar en beneficio del interés público. En un momento en el que los bancos estatales deberían ser un motor para la recuperación, apoyando la ampliación del crédito como medida contra la recesión, el préstamo bancario está contribuyendo a contraer y frenar de manera acusada el crecimiento.

La crítica de la Unión Europea ha estado dominada, durante mucho tiempo, por un falso euroescepticismo de carácter chovinista, que ignora los intereses neoliberales que han conducido a su desarrollo. La postura adoptada ayer por Cameron acerca de los “bloqueos de los referendos” y el proyecto de ley para impedir la transferencia de poderes mayores a la Unión Europea no viene a contradecirlo. Como el Nuevo Laborismo, los conservadores comulgan sin pensarlo con la pérdida de la soberanía democrática y popular ante el poder corporativo o la supremacía de EEUU.