Como para dejar atrás una horrible pesadilla, los húngaros por fin se despiertan. El espectáculo de decenas de miles de ciudadanos desfilando el pasado 2 de enero por las calles de Budapest para protestar contra la entrada en vigor de una Constitución que consideran antidemocrática constituye una dura amonestación al primer ministro, Viktor Orbán. Hasta el 2 de enero, la oposición nunca había conseguido estar lo suficientemente unida como para hacerse oír. Ya lo han logrado.

Otra iniciativa destacable es que trece antiguos disidentes húngaros, de los que algunos fueron junto a Orbán punta de lanza de la lucha contra el régimen comunista, han firmado unllamamiento en el que subrayan que "la sociedad húngara no solo es víctima de la crisis económica, sino también de su propio Gobierno". Ese Gobierno que, según el escritor György Konrád, el antiguo disidente anticomunista László Rajk, el exalcalde de Budapest Gábor Demszky y otros, "acapara los instrumentos democráticos y priva de ellos a quienes podrían utilizarlos para poner remedio a sus problemas". Los firmantes lanzaron una petición que se presentará ante las instituciones europeas el 7 de enero.

La Unión Europea (UE) se encuentra en una posición delicada frente a ese 'enfant terrible' que únicamente es miembro desde hace siete años. No puede permanecer indiferente ante las prácticas del Gobierno de Orbán: ataques contra el pluralismo de los medios de comunicación o amenazas contra la independencia de la Justicia. De hecho, la UE ya protestó firmemente en 2010. A finales de diciembre, el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, remitió una carta — la segunda en quince días -— a Orbán para prevenirle de los riesgos que entraña su política. Esta advertencia no parece haber tenido ningún efecto, como tampoco lo tuvo una misiva de Hillary Clinton en la misma línea. A la UE todavía le queda la posibilidad de recurrir al artículo 7 del Tratado de Lisboa, que priva de derecho a voto a los Estados miembros que violen los valores democráticos.

Sancionar a un Gobierno elegido en elecciones democráticas no es, sin embargo, tarea fácil. Por otra parte, el precedente austriaco evoca malos recuerdos en Bruselas. En 2000, los europeos reaccionaron muy duramente ante la llegada al poder de un partido de extrema derecha integrante de la coalición de Gobierno de Viena. Pero terminaron por renunciar a actuar, al darse cuenta de la ineficacia de sus protestas. La escalada en el poder de la oposición húngara, de la sociedad civil y de los intelectuales es importante, porque aumenta la presión sobre la UE, que pretende ser ante todo una comunidad unida por los valores democráticos.

Bruselas tampoco debe transigir en materia de política económica ante el Gobierno húngaro. En virtud de un curioso credo nacionalista, Orbán parece haber decidido que su país, afectado muy gravemente por la crisis, podría salir adelante por sí mismo. El primer ministro se niega a plegarse a las condiciones impuestas por la UE y el FMI, requisito para concederle cualquier ayuda. Ambas instituciones han suspendido las negociaciones con Budapest. Y tienen toda la razón. Europa no debe subvencionar a un país que se burla de sus reglas.