Desde el punto de vista del Estado, la múltiple ciudadanía es, en el mejor de los casos, un caos y en el peor, una amenaza. Las autoridades preferirían que cada persona naciera, viviera, trabajara, pagara impuestos, disfrutara de beneficios y falleciese en el mismo lugar, que viajara sólo con un pasaporte y legara una sola nacionalidad a sus descendientes. En tiempo de guerra, el Estado puede apelar a su lealtad y quizás hasta requerir su vida. La ciudadanía es el pegamento que mantiene unidos al individuo y al Estado. Si se intenta forzar, la relación se viene abajo.

Pero la vida es más complicada que todo eso. La lealtad a las entidades políticas no tiene que ser exclusiva: de hecho, a menudo se solapa con otras. Muchos judíos poseen pasaportes israelíes en solidaridad con el Estado judío (y como una póliza de seguro), además de la ciudadanía de su país nativo. Los teutones puede estar orgullosos de ser al mismo tiempo bávaros, alemanes y europeos. Los ciudadanos irlandeses pueden votar en las elecciones británicas. La antigua noción de un hombre, una ciudadanía de Estado, parece estar desfasada: más de 200 millones de personas viven y trabajan fuera de sus países de origen, pero quieren seguir viajando a sus países, o casarse o invertir allí.

El proteccionismo político no es la respuesta correcta

La respuesta incorrecta a esta situación es el proteccionismo político, con lo que los Estados obligan a los ciudadanos a elegir sólo una nacionalidad u obstaculizan su derecho a obtener varios pasaportes. Parece un concepto obsoleto, dado que la ciudadanía se adquiere de un modo tan sencillo. De hecho, en algunos países está en venta. En otros, como en Estados Unidos, puede ser por una coincidencia a la hora de nacer, sin que implique una elección consciente. En lugar de convertir en fetiche los pasaportes, sería mejor utilizar la residencia (sobre todo la residencia fiscal) como principal criterio para establecer los derechos y deberes de un ciudadano. Esto fomenta la cohesión y el compromiso, porque la decisión de vivir en un país y acatar sus normas surge de una decisión consciente. El mundo avanza poco a poco en esta dirección. Pero muchos Estados (sobre todo los desfavorecidos y mal dirigidos) se resisten a esta tendencia y algunas democracias prósperas como Países Bajos y Alemania intentan ponerle freno (véase el artículo), planteando una variedad de excusas.

La seguridad del Estado, una de las preocupaciones que viene de lejos, parece desfasada en los países modernos. La ciudadanía era algo importante cuando la defensa se basaba en el servicio militar obligatorio. Pero la guerra actual no necesita ejércitos de reclutas con poca preparación. Ya son pocos los países que se basan en el servicio militar obligatorio y los que lo hacen van reduciendo los reclutamientos. La ciudadanía no es una garantía de lealtad: los peores traidores de la historia han sido ciudadanos de nacimiento. Muchos de los que están dispuestos a luchar con entusiasmo por una bandera habrán tenido que pasar un infierno para llegar a su país.

El espinoso problema del voto

Esto plantea una gran cantidad de problemas políticos y financieros que los Gobiernos asocian con los no ciudadanos: eluden impuestos, obtienen beneficios o mantienen retrógados hábitos de sus países de origen. Es cierto que a veces sucede así. Pero los países que deseen atajar la evasión fiscal, proteger sus idiomas nacionales o disuadir costumbres extranjeras como el matrimonio forzado, deberían hacerlo mediante leyes específicas adaptadas para este fin, en lugar de basarse en el poder simbólico de la ciudadanía. La política estadounidense de aplicar impuestos a sus ciudadanos allí donde vivan parece especialmente perversa; es como un colegio oficial de contables. En lo que respecta a los beneficios, la residencia es sin duda la clave. Viva y pague sus impuestos en un país y entonces se le tratará del mismo modo que a otro residente y mejor que a un ciudadano que ha vivido en el extranjero y no ha pagado.

El problema más espinoso de un sistema basado en la residencia es el voto, un derecho que durante mucho tiempo ha estado vinculado a la ciudadanía. Pero aquí también hay margen para realizar concesiones. En Francia e Italia, por ejemplo, los ciudadanos que viven en el extranjero de forma permanente (a menudo con doble nacionalidad) tienen derecho a votar. Tiene sentido. En cambio, los países deberían conceder el derecho a votar a los no ciudadanos que sean residentes desde hace tiempo, al menos en las elecciones locales. Los países de la Unión Europa ya lo permiten a los ciudadanos de los demás miembros.

Pero analizar la múltiple ciudadanía únicamente basándose en costes y problemas es un error. También fomenta los vínculos entre las diásporas (a menudo prósperas y con buenas conexiones) y sus países de origen (normalmente más pobres), en beneficio de ambos. La ciudadanía múltiple es inevitable y en el fondo, más bien liberal. Deberíamos alegrarnos por ello.