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Con el acuerdo político alcanzado en Atenas y la reunión del Eurogrupo de ayer, 9 de febrero, las negociaciones sobre la deuda griega han avanzado, pero la solución sigue estando como siempre al borde del precipicio. La nueva fecha de vencimiento es el 15 de febrero, después, se comenta, será inevitable una quiebra desordenada y peligrosa que amenaza a toda la zona euro.
No será sencillo consolidar a tiempo los compromisos del Gobierno griego sobre las nuevas medidas de austeridad, los trámites para la concesión de las ayudas europeas y la reducción “voluntaria” de la deuda pública. La responsabilidad de Grecia es evidente. Pero los errores que ha cometido la Unión a la hora de gestionar la crisis también son muy graves.
Desde 2009, a los griegos se les han impuesto ajustes excesivamente precipitados para ser precisos, pero también para que fuesen política y socialmente digeribles. Hubiese sido necesario haber prestado más atención a la preparación de las reformas estructurales y plantearlas con un calendario más realista.
Hubiese hecho falta asegurar la financiación necesaria, incluida la de los proyectos específicos encaminados al crecimiento, sin permitir que los tipos de interés de las nuevas emisiones de deuda pública alcanzasen los niveles a los que han llegado.
La Comisión se ha convertido en notario
Se ha optado por justificar una cierta arrogancia de Europa dado que los griegos mintieron sobre el estado de sus cuentas; se ha dado la impresión de que Grecia era únicamente importante dentro de la Unión Europea porque podía llegar a contaminar las finanzas de países “más importantes”.
Europa debería haber hecho más para subrayar las oportunidades que Grecia ofrece, también con respecto a la comunicación y a la imagen, y ayudar a su población a entender y aceptar las reformas. Además, las autoridades europeas han dejado que se creasen numerosos equívocos y confusiones sobre múltiples temas. En primer lugar, no han conseguido reducir el excesivo número de interlocutores con los que Grecia debe negociar.
La Comisión se ha convertido en un notario, un complejo entramado de ayudas bilaterales que ha dado paso a las particularidades de los diversos Gobiernos nacionales; en concreto, el presidente francés y la canciller alemana han jugado al egoísmo, alternando exigencias y amenazas, haciendo malabarismos con los procedimientos y los plazos de vencimiento.
Una quita parcial como medida excepcional
Al Banco Central Europeo se le ha pedido que desempeñe un papel impropio, reemplazando a los Gobiernos con el objetivo de asegurar la financiación a medio y largo plazo. Al FMI también se le ha solicitado que colabore en el rescate, lo que ha generado mucha polémica, al dar la impresión de que sin Washington nos faltaba dinero y capacidad para gestionar el problema griego.
Las ayudas oficiales se han considerado créditos ventajosos, lo que ha conllevado el aumento de los riesgos a los que se exponían los acreedores privados, pero se ha dejado que las negociaciones de los grupos de presión privados se encauzasen a través de una reestructuración “voluntaria” de la deuda, que se ha superpuesto a las relaciones entre las autoridades griegas y las de la UE creando aún más confusión.
De hecho, otra incertidumbre que se plantea es el asunto de la quiebra griega. En primer lugar, se ha eludido por completo, sin tener en cuenta que los mercados al exigir tipos de interés muy altos, mostraban que ya se auguraba que podía producirse. Hacía falta evitar que el pánico se extendiese a la deuda de otros países.
No obstante, excluir toda mención a la quiebra implica que se otorgan unas garantías de rescate que nadie quería dar, con el objetivo de que el contagio pudiese evitarse. A continuación, se ha beneficiado a las negociaciones con los acreedores privados con la perspectiva de una declaración de quita parcial y voluntaria asegurando, no está claro sobre qué premisas, que se trataría de una medida totalmente excepcional.
La confusión entre quiebra y la salida del euro
Mientras tanto. ha habido un serio descontrol en las reglas sobre cómo contabilizar las deudas soberanas en los balances de los bancos. Se ha pasado de test de estrés muy permisivos, que consideraban casi todos los bonos del Tesoro como no devaluables, a evaluarlos al sacrificado precio marcado por el mercado.
Como consecuencia de ello, ya no se sabe si el verdadero problema es el de la solvencia del Gobierno griego o el de los bancos acreedores. No se ha tenido en cuenta la idea de acelerar la adopción de un procedimiento válido para todos a la hora de renegociar la deuda pública cuando se hace insostenible y ya no se puede esperar más (es decir, antes de que se acelere el círculo vicioso entre la deuda y los intereses que genera), dicho de otro modo, un instrumento que de forma ordenada y justa sirva para evitar el pánico y el contagio.
Incluso se ha llegado a decir que un procedimiento de ese tipo aumentaría los riesgos de contagio, pero carecer de él no evitará que, se resuelva como se resuelva el rompecabezas griego, después pueda surgir otro, por ejemplo, el portugués.
A todo esto cabe añadir, además de los errores de numerosos economistas y de las propias autoridades europeas, la confusión entre la quiebra y la salida del euro. Mientras una quiebra debidamente controlada reduce efectivamente la deuda de un país, la salida del euro conllevaría devaluaciones salvajes, que se verían en seguida neutralizadas por la inflación y la marginalización de este país en los mercados internacionales.
Cuando se insiste en repetir que la zona euro es demasiado heterogénea y que Grecia no debería formar parte de ella, sería bueno tener en cuenta qué hubiese pasado si la UE hubiese evitado todo este desorden y la confusión generada.
