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El presidente francés Nicolas Sarkozy lo ha defendido a capa y espada, mostrando así su apoyo a la canciller alemana Angela Merkel. François Hollande, su adversario político, promete volver a negociarlo si es elegido presidente de la República. El pacto presupuestario se someterá el viernes 2 de marzo en Bruselas a la firma de 25 jefes de Estado y de Gobierno europeos, con la abstención de Reino Unido y República Checa. Pero el debate sobre este asunto no está zanjado en absoluto.
Esta firma abre la vía a un procedimiento de ratificación que se prevé complicado, mientras la crisis de las deudas soberanas disfruta de un respiro relativo al margen del rescate de Grecia. El martes 28 de febrero, Enda Kenny, el primer ministro irlandés de centro izquierda, anunció contra todo pronóstico su intención de convocar un referéndum para ratificar el pacto.
Evitar que se cuestione el MEE
En Francia, Sarkozy está decidido a no precipitar la ratificación parlamentaria antes de las elecciones presidenciales [del 22 abril y el 6 del mayo] y legislativas [del 10 y el 17 de junio], pero pretende actuar sobre esta cuestión lo más rápido posible si es reelegido. En cambio, si resulta vencedor Hollande, muchos responsables de izquierda no quieren ni oír hablar de una ratificación del texto en su estado actual. Desde la cumbre europea de junio, esperan reforzar las disposiciones de crecimiento y de gobierno económico de un tratado ante todo ideado para grabar a fuego la disciplina presupuestaria tan defendida por Merkel.
Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, que deberá ser confirmado en sus funciones durante dos años y medio por los jefes de Estado y de Gobierno, quiere evitar que se ponga en tela de juicio el otro tratado sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), en vías de ratificación. Ante la presión por intensificar el poder disuasivo de este fondo de rescate permanente, Alemania ha insistido en vincular políticamente los dos textos.
En el fondo, la oposición entre Sarkozy y Hollande sobre el nuevo tratado refleja el debate que tiene lugar actualmente entre los Veintisiete. Tras haber dado prioridad a la austeridad por la presión de los mercados, deben determinar cuál es la mejor manera de sustentar sus economías sin que el déficit aumente aún más.
Los planes de austeridad aplicados en casi todo el continente se encuentran cada vez más con la oposición de los sindicatos y las opiniones públicas, con el ascenso del paro como telón de fondo en los países más frágiles. Por otro lado, en opinión de muchos dirigentes, corren el riesgo de agravar la recesión que amenaza. "En este momento, se insiste demasiado en las penalizaciones financieras y en los paquetes de austeridad", opinaba el socialista Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, durante una visita a Atenas el martes.
"Una crisis de crecimiento"
Las advertencias en este sentido se multiplican. Doce países, entre los que se encuentran Italia, España, Países Bajos, Reino Unido y Polonia, exigen que se reoriente la política económica defendida por el dúo Merkel-Sarkozy. "La crisis a la que nos enfrentamos es también una crisis de crecimiento", han declarado en una carta redactada por iniciativa de Mario Monti, presidente del Consejo italiano.
Pero, en opinión de los doce signatarios de esta carta, la solución pasa por un aumento de las liberalizaciones, por la reforma del mercado laboral en cada uno de los Estados y por una mayor apertura comercial del continente. Y no son precisamente las soluciones que preconiza la izquierda francesa.
Por otro lado, la recesión que amenaza a los Veintisiete preocupa a sus socios internacionales. A corto plazo, la clave se encuentra también, y quizás sobre todo, en precisar el modo de aplicar el pacto de estabilidad y crecimiento, tal y como se reforzó desde el otoño. España solicita que se revisen a la baja los objetivos que le fijaron, una solicitud que han rechazado tajantemente la Comisión y el Banco Central Europeo.
Y además existe una cuestión que amenaza con complicar el inicio del mandato del próximo presidente francés: proteger la credibilidad del dispositivo de vigilancia colectiva que va surgiendo poco a poco de la crisis de la eurozona.
