Alan Rusbridger no es un tipo temeroso. El redactor jefe del diario británico The Guardian no repara a la hora de destapar escándalos. El órgano liberal de la izquierda la emprende igualmente con políticos, personalidades y grandes empresas. Sin embargo, el año pasado las cosas se le torcieron a Alan Rusbridger cuando recibió un correo del bufete de abogados Carter-Ruck. Detrás de estos abogados se encontraba un gigante británico de la gran distribución: Tesco. En un reportaje cuidadosamente documentado, el Guardian había revelado que Tesco pretendía reducir sus impuestos con complejos acuerdos. Dicha afirmación no era falsa, pero los autores del artículo confundieron dos tipos de impuestos.

La redacción reconoció el error y se disculpó por ello dos veces en sus páginas. Pero el bufete Carter-Ruck no cesó en su empeño. Para poner fin al litigio, solicitaban cerca de 5 millones de libras [5,6 millones de euros], una catástrofe para el diario, en situación ya deficitaria. Pero el Guardian tuvo suerte: el litigio se solución con un acuerdo. Para Alan Rusbridger, este asunto demuestra una vez más que el derecho británico apenas sirve para restaurar las reputaciones deterioradas. Ante todo sirve para recaudar dinero. Y además, sumas muy elevadas.

Una omnipresente presunción de culpabilidad

Una serie de editores, científicos, defensores de los derechos del ciudadano y una asociación de escritores, el Pen Club, han decidido movilizarse contra esta ley bautizada como "libel law" [ley contra la difamación], supuestamente ideada para proteger a las personas y las empresas cuya reputación se haya atacado. Incluso Naciones Unidas ha publicado una crítica feroz, en la que se podría creer que se está hablando de un país africano en vías de desarrollo. Según Naciones Unidas, la ley contra la difamación corre el riesgo de transformarse en una amenaza para la libertad de opinión y la libertad de prensa, no sólo en Inglaterra, sino en todo el mundo, ya que, en teoría, puede presentarse ante la justicia británica prácticamente cualquier denuncia. De este modo, los multimillonarios de Oriente Próximo y los oligarcas rusos que deseen reducir al silencio a sus detractores pueden llevarles preferiblemente ante los tribunales británicos. En 2007, el banco islandés Kaupthing Bank, enfadado por un reportaje crítico publicado en un diario danés, eligió Londres para llevar el caso ante la justicia.

Un ciudadano ucraniano ha llevado a otro ucraniano ante un tribunal inglés por un texto redactado en ucraniano y publicado en un sitio web ucraniano. Para interponer un proceso judicial contra un editor en la capital británica, la mayoría de las veces basta con que se hayan vendido un puñado de ejemplares de la publicación en Gran Bretaña o que una decena de internautas se hayan conectado al sitio Web en el que se ha publicado el artículo. El ministro de Justicia, Jack Straw, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo encargado de formular proposiciones de reforma para una legislación anticuada, de más de un siglo. Los diputados han montado en cólera desde que el bufete Carter-Ruck, en nombre de una compañía petrolera, no sólo ha amenazado con demandar al Guardian por haber planeado la publicación de un documento sobre los vertidos tóxicos, sino que también ha prohibido al diario cubrir los debates parlamentarios sobre este asunto. Al contrario de lo que ocurre en el resto del mundo democrático, la "libel law" concede el beneficio de la duda al demandante: el demandado se considera culpable hasta que pueda demostrar lo contrario. En incluso si este último gana el proceso (algo poco habitual), debe correr con los gastos.

Estados Unidos, al tanto

Muchos editores se tienen que plantear si cuentan con suficiente dinero para defender sus investigaciones periodísticas ante la justicia. El resultado es que, la gran mayoría de los asuntos no llegan nunca al tribunal. Por prudencia económica, muchos diarios prefieren llegar a un acuerdo, incluso si dicha acción implica degradar su credibilidad. O bien evitan a propósito los temas delicados, como el terrorismo o la corrupción. "Las cantidades desmesuradas de las indemnizaciones se han convertido en una amenaza para el periodismo de investigación", asegura un abogado. Además, nos encontramos en un periodo de crisis en el que muchos diarios están obligados a ahorrar. La crisis financiera también ha demostrado la importancia de la mirada crítica de la prensa.

Los medios de comunicación americanos especialmente ven con malos ojos las prácticas británicas. En Estados Unidos, la justicia concede a los periodistas el derecho al error, siempre que trabajen con seriedad y de buena fe. Pero Londres puede costar muy caro incluso a los periodistas norteamericanos. California es el cuarto Estado federal que ha promulgado una ley en virtud de la cual ya no son ejecutorios los juicios derivados de denuncias por difamaciones procedentes del extranjero. En Washington, están estudiando una ley federal similar en contra de la "libel law", una situación extraña entre los dos aliados. En noviembre, algunos de los principales periódicos norteamericanos como el New York Times y el Boston Globe llegaron incluso a amenazar con suspender sus envíos a Gran Bretaña y con bloquear el acceso a sus sitios web. [el 27 de diciembre el gobierno británico anunció una reforma de la ley que será presentada el próximo mes de marzo].