Las proporciones desmesuradas del déficit y de la deuda pública, la balanza de pagos ampliamente deficitaria, la baja productividad y la deficiente organización del sector público, la evolución inadecuada de la estructura de los salarios y muchos otros problemas aumentan la desconfianza en un país que incluso ha llegado a presentar a Bruselas datos erróneos sobre su propia situación económica.

No obstante, es necesario distinguir dos problemas. En primer lugar, el riesgo de que Grecia se vuelva insolvente, al ser incapaz de pagar sus deudas, en especial la del Estado. Este peligro se acentúa ante la posibilidad de que una Grecia insolvente perjudique la credibilidad de los países europeos que muestren síntomas de debilidad parecidos, como Italia, aunque sea en proporciones menores. Sin embargo, este riesgo sigue siendo mínimo, ya que aparte de los poco frecuentes ataques de pánico, los mercados financieros siguen diferenciando entre los problemas de los distintos países en términos de calidad y de cantidad.

El verdadero problema es otro: el caso griego es grave, ya que demuestra en concreto cómo la organización actual de la UE permite que, durante un periodo relativamente largo, se pierda todo control sobre la economía de un Estado miembro y que su comportamiento se aleje en gran medida de las normas y los estándares comunitarios. Y todo ello se produce a pesar de la moneda única y de la acción de coordinación macroeconómica llevada a cabo por la Comisión y el Consejo. El caso de Grecia pone al descubierto las graves carencias del gobierno económico europeo, que ha dado muestras de debilidad, distracción y división y no ha sido lo suficientemente supranacional. Sin una dirección más firme y ambiciosa, las políticas económicas de los distintos países, centradas en sí mismas, revelan profundas divergencias entre los Estados miembros y las diferentes regiones de la Unión y demuestran los excesos y la ineficacia de la economía comunitaria, en un momento en el que la crisis y la competencia mundial necesitan precisamente una acción concertada.

Reforzar la disciplina financiera

Este problema cada vez es más evidente tanto a los ojos de Bruselas como a los de Frankfurt. Por ello es necesario reforzar radicalmente la disciplina y la coordinación de las políticas económicas de los Veintisiete en conjunto. Este principio es más evidente desde que se intenta aplicar con seriedad el Pacto de estabilidad y de crecimiento, que permite controlar los déficits y las deudas públicas en el ámbito comunitario. Grecia no es la única que no respeta las condiciones del Pacto: Bruselas ha abierto un "procedimiento de déficit excesivo" contra casi todos sus Estados miembros. Se está realizando un extraordinario esfuerzo colectivo para volver a equilibrar las finanzas públicas europeas y hacerlas viables a largo plazo.

Pero para que dichos esfuerzos sean fructíferos, Europa debe encontrar los medios para coordinar la concepción y la aplicación de las reformas estructurales. Las políticas económicas nacionales deben ser menos autónomas y deben reforzarse las medidas y los controles comunitarios. De lo contrario, pondremos en peligro no sólo la disciplina financiera, sino también el mercado único y la solidez del euro. Un problema que resultaría muy costoso a los países que insisten en frenar la aplicación de políticas comunitarias con el fin de conservar su soberanía, convencidos de que no necesitan "disciplina externa".