El veredicto anula las normas hasta ahora en vigor en Alemania sobre la conservación de datos. Ordena que se borren los datos almacenados en el contexto de la ley aplicada hasta hoy. Los jueces del Tribunal Constitucionalformulan nuevas normas. Ante todo, el Tribunal Constitucional estima sospechosa cualquier actividad de recopilación y almacenamiento de datos relacionados con las telecomunicaciones. Según afirman los jueces, esto representaría una “grave usurpación” de los derechos de los ciudadanos, “de una magnitud que el sistema legal jamás había conocida”.

El veredicto conoce y describe a la perfección lo que podría ocurrir si todas las comunicaciones telefónicas y en Internet de todos los ciudadanos se almacenasen durante seis meses y se pusieran a disposición del Estado. El fallo sabe qué riesgo se correría si fuera posible analizar quién ha telefoneado, quién ha enviado mensajes de correo electrónico y SMS, a quién y cuándo, con qué frecuencia y desde qué lugar. El almacenamiento de todos estos datos hace posible “la creación de perfiles exhaustivos de personalidades y comportamientos de prácticamente todos los ciudadanos”. Al estudiar las conexiones telefónicas conservadas, también se puede determinar rápidamente quién desempeña cada función en los grupos de oposición a la energía nuclear, a la energía eólica o a la guerra, en los grupos de los enojados productores de leche, o entre los manifestantes neonazis o antifascistas, quién es el cerebro, el encargado de la logística, el organizador o quién se conforma con seguir al grupo.

El temor a desencadenar una guerra jurídica con la UE

Porque en conjunto, el Tribunal autoriza el almacenamiento y la transferencia de datos en el futuro. Basándose en los peligros descritos en el veredicto, habría sido necesario aplicar una prohibición general sobre el almacenamiento. Los jueces no han osado ir tan lejos, ya que habrían desencadenado una guerra jurídica con la Unión Europea. En Bruselas, los derechos fundamentales no se tienen en tan alta estima como en Karlsruhe, y ya se conoce de sobra la posición del Tribunal de Justicia Europeo al respecto. Pero se acerca el momento en el que ya no será posible evitar el conflicto.

Los jueces deberían haber declarado que la directiva de la UE, que prescribe el almacenamiento de datos, no está cubierta por el derecho europeo. Ahora bien, el Tribunal Constitucional no ha tocado la directiva. Si el almacenamiento del conjunto de datos de las telecomunicaciones es tan peligroso como han descrito los jueces del Tribunal Constitucional, y con toda la razón, entonces no tendrían que haberse limitado a exponer unas simples advertencias.