En 1990 Suecia sufrió una crisis financiera muy intensa motivada por el estallido de una burbuja inmobiliaria (que se arregló, en parte, creando un banco malo para cada entidad con problemas). El Gobierno entró en acción inmediatamente para recatar a los bancos en dificultades, cuyas pérdidas equivalían al 12% del PIB. A la crisis financiera le sucedió una recesión económica que redujo el crecimiento real (con ajuste de la inflación) un 4%. La economía sueca no regresó al PIB previo a la crisis hasta cuatro años después.

Las lecciones que proporciona la historia indican que no se puede tener bienestar sin un sistema financiero con un funcionamiento normal (generando crédito a las familias y empresas), pero que el mero hecho de estabilizar el sistema financiero no es garantía de prosperidad sino que se necesita, al tiempo, un plan de rescate para la economía real, con el objeto de multiplicar la producción y crear empleo, y que sea tan intenso en sus metas al menos como el rescate financiero.

Ello se ha olvidado en Europa en los dos últimos años, con los resultados conocidos: no han remitido las primas de riesgo de los países con problemas, que tampoco han reducido en lo que se esperaba el déficit público y casi todos han aumentado la deuda pública, se ha multiplicado el paro, el empobrecimiento de las clases medias y la mortandad empresarial. Ahora, la reunión del G-8 celebrada en Camp Davis propone evitar el hundimiento completo y generar ayudas para los bancos pero también para los ciudadanos.

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