La tentación autoritaria de Victor Ponta

El Gobierno rumano, acusado de querer controlar la cultura, ha provocado una protesta generalizada por parte de la comunidad artística. Y con ello ha hecho aflorar las comparaciones con las desviaciones autoritarias de sus vecinos húngaros y ucranianos.

Publicado en 22 junio 2012 a las 11:07

Veni vidi vici. Después de haber llegado finalmente al poder, tras un largo y frustrante periodo en la oposición, los dirigentes políticos de Budapest, Bucarest y Kiev [el primer ministro Viktor Orbán, el primer ministro Victor Ponta y el presidente Viktor Yanukóvich, respectivamente], no sólo comparten el mismo nombre, sino también opciones, reflejos y actitudes idénticas. Los tres parecen haberse propuesto conservar para siempre las riendas de sus países. Los tres han iniciado campañas de depuración y de venganza.

En Ucrania, Viktor Yanukóvich resolvió de forma sencilla y radical el problema de las próximas elecciones legislativas (que se celebrarán en octubre de 2012), encarcelando de golpe a todos los líderes de la oposición, entre ellos a Yulia Timoshenko.

En Hungría, Orbán se ha servido de la aplastante mayoría parlamentaria de la derecha para ejercer un control casi absoluto sobre la prensa, con el fin de amordazar su libertad, al menos potencialmente, y para modificar la Constitución, de modo que en el futuro resulte muy difícil arrebatarle su juguete. Una maniobra que difícilmente concuerda con la democracia.

En Rumanía, mientras las fuerzas del centro-derecha conocieron un fracaso sin precedentes [el Partido Demócrata Liberal perdió las elecciones municipales del 17 de junio, tras haber sido expulsado del Gobierno por una moción de censura a principios de mayo], la izquierda, que ganó las últimas elecciones municipales, ha avanzado a pasos agigantados, no hacia la urbanización de las costumbres políticas rumanas [en el sentido de un acercamiento hacia Europa], sino más bien hacia una "orbanización" del país.

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Un proceso de depuración

Se suceden los errores, las meteduras de pata y las medidas antidemocráticas del nuevo Gobierno rumano y se cuestionan sus competencias profesionales. Desde el nombramiento de Ponta el 7 de mayo, la lista de personas cualificadas destituidas de sus funciones y de expertos de primer nivel depuestos es muy larga. Y esto responde a un proceso de depuración que, por su velocidad y su crueldad, recuerda tristemente a la famosa era estaliniana.

En primer lugar, se produjo la expulsión del director de los Archivos Nacionales, Dorin Dobrincu. Gracias a este doctor en Historia, que además es autor del estudio del Holocausto en Rumanía, se pusieron a disposición del público y de los investigadores los archivos del Partido Comunista y los de su Comité Central. Y el acceso a estos archivos se garantizó de forma equitativa, igualitaria y universal, que no es poco.

Después se produjo la destitución de la dirección de la cadena de televisión pública y, ahora nos preguntamos sobre la suerte que han corrido los directivos del Instituto Cultural Rumano. El 13 de junio, el comité de dirección de esta institución dirigida de modo irreprochable desde hacía varios años por el filósofo Horia Roman Patapievici, pasó a estar por ordenanza bajo la tutela del Senado (antes, el garante era el presidente de la República).

La lista de las víctimas de esta guerra contra la competencia declarada recientemente en Bucarest da la impresión de que, animado por las medidas anémicas adoptadas por Bruselas contra el primer ministro húngaro, su homólogo rumano no se limitará a “orbanizar” Rumanía: impulsado por su instinto de venganza, Ponta podría ir mucho más lejos.

Victor Ponta y sus acólitos, no sólo ávidos de poder, sino también obsesionados por mantenerlo, parecen estar dispuestos a atentar contra la democracia. Repiten todos los errores monumentales cometidos a lo largo de la restauración comunista-autoritaria en Kiev [por el presidente Viktor Yanukóvich], e incluso van en contra de las aspiraciones y los intereses a largo plazo de su propio país. Los rumanos pronto pagarán las consecuencias, en forma de un deterioro galopante de la imagen del país y de su aislamiento tanto en el interior como en el exterior de la Unión Europea.

Reacciones

Intelectuales en cólera

El 13 de junio y mediante una ordenanza, el Gobierno modificó la ley que rige el funcionamiento del Instituto Cultural Rumano (ICR). El ICR, encargado de difundir la cultura rumana en el extranjero, se encuentra actualmente bajo la autoridad del Senado, mientras que antes estaba bajo la tutela simbólica del presidente de la República. Esta decisión ha provocado la ira de los medios artísticos e intelectuales rumanos, como es el caso del realizador Cristian Mungiu, premiado este año en Cannes, y han calificado de “depuración deplorable” el intento de sustituir a los directivos de las instituciones culturales. "Con este gesto, los 17 centros del ICR en el mundo, en París, Nueva York, Venecia, Berlín…, quedarán relegados al nivel de centros de difusión elemental de la cultura, y nosotros, al rango de provincianos sin esperanza", escribe Dilema Veche.

Es cierto que sólo se trata del episodio de politización de las instituciones públicas (tras el cambio de 36 prefectos elegidos) que se repite con cada cambio de poder político, pero también constituye la anulación del inmenso esfuerzo para mantener a Rumanía en el mapa cultural del mundo.

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