Al igual que muchos otros políticos y empleados municipales, el alcalde socialdemócrata de Copenhague, Frank Jensen, afirma que los fraudes sociales, cada vez más generalizados, cuestan anualmente millones de euros a los municipios. Pero pronto los habitantes de Copenhague podrán acusar a los defraudadores a través de una página web del ayuntamiento. En ella podrán denunciar a sus vecinos que parezcan beneficiarse de ayudas sociales mientras trabajan en el mercado negro. O a la vecina del rellano que sigue cobrando ayudas como madre sin pareja cuando ya no vive sola. “Soy consciente de que eso supone husmear en la vida privada de las personas. La denuncia no debe ser el elemento principal de esta iniciativa, pero es preciso incrementar la vigilancia ante esta plaga social, que cada año nos cuesta muy cara. Es nuestro deber hacia los ciudadanos honestos encontrar el modo de terminar con las actividades de quienes creen poder conseguir cualquier cosa mediante el engaño. Y cada vez son más”, declara Frank Jensen.

Los servicios de delación hacen de este modo su entrada en las administraciones municipales danesas. Cada vez son más los municipios que dedican una parte importante de su presupuesto a la lucha contra el fraude social. Pero es fácil echar cuentas: la recuperación de la inversión está prácticamente garantizada. Copenhagueespera que sus ocho inspectores especiales supongan un ahorro de 18 millones de coronas (2,4 millones de euros) para la ciudad. En Horsens, Furesø y Gribskov han contratado incluso a nuevos inspectores. Gribskov ha llegado al extremo de invitar a los ciudadanos a adjuntar una fotografía del defraudador, o el enlace con su perfil de Facebook. “Tal vez se nos pueda reprochar que estamos en el límite de la ética, pero cualquier persona puede consultar Facebook”, se defiende Anette Larsen, supervisora de los inspectores de Gribskov. También ella subraya, sin embargo, la necesidad de tratar con gran prudencia las cartas anónimas relativas al fraude social.

No es infrecuente que las víctimas de estas delaciones se conviertan a continuación en delatores. Las figuras más importantes de esta iniciativa seguirán siendo pues los empleados municipales, que deberán aprender a descubrir el fraude social, a percibir los indicios y los datos que podrían llevar a la verdad. Como por ejemplo el hecho de que tal padre de familia siga recogiendo a sus hijos en una guardería local de Selandia, cuando se supone que se ha mudado a Jutlandia. En este caso concreto estaría justificado realizar algunas verificaciones, pues es posible que el hombre no se haya mudado más que sobre el papel. “No esperamos que la delación se convierta en la base de nuestro funcionamiento. No es esa nuestra intención. Pero hay que reconocer que nunca llegaremos a resolver ciertos casos sin la ayuda de la población”, explica Jaén Nielsen, responsable de los inspectores del municipio de Frederikssund. Pero cuando se invita a los ciudadanos a denunciar cualquier fraude social que perciban en su entorno, el Estado de derecho está en peligro.