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Hace cinco meses, cuando Victor Ponta y Crin Antonescu, entonces líderes del Partido Socialdemócrata (PSD) y del Partido Liberal-Demócrata (PLD), [hoy primer ministro y presidente del Senado] respectivamente, acudieron a Bruselas [mientras los indignados rumanos se manifestaban en las calles contra las medidas de austeridad] para denunciar los ataques al Estado de derecho, las voces de la propaganda de la USL [coalición formada por estos dos partidos, en el poder desde el 7 de mayo de 2012] afirmaron alto y claro que "la situación en Rumanía había captado la atención de Europa". Pero se trataba únicamente de una acción de propaganda interna, sin consecuencias en el ámbito europeo.
Pero ahora es precisamente lo que está ocurriendo [el Ejecutivo de Bucarest ha destituido o suspendido en sólo unos días al defensor de pueblo, al presidente del Senado, al de la Cámara de los diputados, y para terminar, al presidente del país, si bien esta decisión tiene que ser previamente confirmada por referéndum el 29 de julio]. Mientras, circulan rumores que siembran el pánico, pues afirman que Rumanía estaría "a un paso" de ver suspendido su derecho a voto en el Consejo Europeo e incluso de ser expulsada de la Unión Europea. Pero seamos serios.
El virtud del artículo 7 del Tratado de Lisboa, la Comisión primero tendría que constatar un riesgo de derrape en un Estado miembro. No lo ha hecho en el caso de la Hungría de Viktor Orbán, ni por los abusos cometidos por Nicolas Sarkozy hacia los gitanos, aunque la comisaria de Justicia, Viviane Reding, reaccionara de modo severo a título personal. Tampoco lo hizo cuando Silvio Berlusconi se inventó una ley de inmunidad ante la justicia. ¿Dónde estaba entonces el excomisario de Justicia Franco Frattini, que nos daba lecciones contra la corrupción? Ah, sí, ¡era ministro de Berlusconi!
Un proceso repleto de dificultades
Aunque los miembros de la Comisión quisieran empezar por Rumanía, sería necesario someterlo a votación en el Parlamento. El mismo Parlamento que acaba de rechazar la demanda del PPE (Partido Popular Europeo, de derecha) de abordar la situación en Bucarest, ya que los socialdemócratas y los liberales apoyan al Gobierno rumano. Y aunque el equilibrio de poderes llegara a invertirse, sería necesaria una mayoría de cuatro quintos en el Consejo, no para sancionar a Bucarest, sino simplemente para hacerle una serie de recomendaciones. Y si éstas no se siguieran, el Consejo, con una mayoría cualificada, podrá decidir si suspende el derecho a voto o si aplica otra sanción. Un proceso largo y repleto de dificultades.
Es cierto que las reacciones políticas son duras. Pero la posición categórica del Gobierno alemán también es un golpe al presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata alemán Martin Schulz, defensor del Gobierno de Bucarest. En la persona de Traian Basescu, Alemania perdería un aliado fundamental en el Consejo Europeo. Mientras que el "campo del sur" ganaría uno con Victor Ponta. En el Parlamento, las posturas parecen ser las contrarias a las adoptadas en el caso de Hungría. Después de tantos silencios y compromisos, las reacciones de Bruselas parecen más "realpolitik".
¿También es un ejemplo de "realpolitik" la carta redactada por las ONG rumanas a la Comisión Europea, en la que exigen la aplicación de sanciones hacia Bucarest? Quizás, aunque resulte cuanto menos extraño que exijan sancionar a su propio país. Los rumanos, independientemente de sus convicciones, han hecho grandes esfuerzos por pertenecer a la UE. Estos esfuerzos no merecen quedar destruidos en una guerra de política interior.
En lo que se refiere a "realpolitik", más nos valdría aprender a jugar en las grandes negociaciones en Bruselas, en lugar de ir hasta allí para lavar nuestros trapos sucios en público.
Desde Alemania
Las categorías políticas no rigen en este caso
El pueblo rumano “necesita que sus dirigentes se sometan en el ámbito europeo a [el respeto de] los principios democráticos”, considera el Süddeutsche Zeitung. El diario de Múnich recomienda a los partidos políticos de Bruselas que presten atención y que no caigan en juicios partidistas cuando critiquen los sucesos acaecidos en Rumanía. Los conservadores deberían evitar mostrarse excesivamente solidarios con el presidente Basescu; y los socialdemócratas, ser excesivamente indulgentes con el primer ministro, Victor Ponta.
No hay que creer que algunos de los partidos políticos de Europa central y oriental son socialdemócratas, liberales o conservadores únicamente porque su propio nombre así lo indique. Los esquemas occidentales no sirven de mucho en este caso. Veinte años después de la caída del comunismo, acceder al poder cuenta más que la propia orientación ideológica. A menudo, el clientelismo, el enchufe y la sed de reconocimiento priman sobre los principios. Rumanía constituye un buen ejemplo.
