Rumanía sufre una crisis política sin precedentes. El hecho de que se esté poniendo en tela de juicio el Estado de derecho en este país, miembro de la Unión Europea desde 2007, preocupa a las instituciones europeas. Desde comienzos de junio, en cuestión de una semana, la nueva mayoría integrada por socialistas y liberales emprendieron un ataque institucional que desembocó el 6 de julio en la destitución del presidente de centro-derecha, Traian Basescu. Para ello, el Gobierno dirigido por el socialista Victor Ponta infringió la Constitución y limitó las prerrogativas del Tribunal Constitucional, la columna vertebral del sistema jurídico rumano.

"Se trata de un golpe de Estado en toda regla", afirmó la eurodiputada rumana Monica Macovei, exministra de Justicia, responsable de la reforma radical del sistema judicial rumano y que goza de gran consideración en la Comisión Europea. "Ha llegado la hora de que los rumanos miren de frente la realidad y se movilicen, de lo contrario, en cualquier momento se pueden asentar la dictadura y la tiranía".

Un gran revés

¿Qué es lo que está realmente en juego en este caos político rumano? La rapidez con la que se ha destituido al presidente rumano ha suscitado muchas preguntas. Sin duda, la respuesta no es estrictamente política. De hecho, lo que está en juego es el destino de la justicia. Rumanía, un país conocido por su alto grado de corrupción, en los últimos años había logrado cambiar la percepción de la Comisión Europea, que evalúa cada año el estado de su sistema judicial. La Fiscalía Nacional Anticorrupción (DNA), una institución que funciona bajo el patrocinio de la presidencia, últimamente había logrado que se condenara a varios secretarios de Estado, diputados, prefectos, generales y otros personajes públicos reputados y hasta entonces intocables.

El 20 de junio, tras una investigación de la DNA, el exprimer ministro socialista Adrian Nastase, mentor del actual jefe de Gobierno, fue condenado a dos años de prisión por un asunto de corrupción. Un gran revés. Pero los responsables que fueron objeto de la investigación, algunos de los cuales gozan de inmunidad parlamentaria, no se rindieron. Reaccionaron movilizando todos sus recursos para destituir al presidente Traian Basescu y tomar el control de la DNA. "El objetivo de la mayoría parlamentaria es asumir el control de la justicia", afirmó el presidente suspendido. "Mi destitución tan sólo es un paso en este camino".

"El varano" y sus marionetas

El hombre que orquestó el espectáculo que tiene lugar en el tablero político rumano es Dan Voiculescu, antiguo alto cargo de la Securitate, la policía política del régimen comunista. Apodado "el varano" por su parecido con el gran lagarto, ha ocupado dos mandatos como senador y su riqueza se estima que asciende a más de 1.500 millones de euros. Es jefe de un imperio mediático [al que pertenece el diario Jurnalul Naţional] y había anunciado desde el 1 de mayo la agenda de la destitución del presidente Basescu y que ha seguido al pie de la letra el primer ministro socialista Victor Ponta.

Pero "el varano" y sus marionetas que ocupan altos cargos subestimaron la reacción de las instituciones europeas. El informe sobre la justicia rumana que publicó la Comisión Europea el 18 de julio anula todas las acciones emprendidas por Rumanía para formar parte del espacio Schengen de libre circulación por Europa. Con un ministro de Exteriores, Andrei Marga, admirador de Vladimir Putin y superado por la situación, y un primer ministro acusado de plagio de una tesis doctoral, sin duda parece que peligra la credibilidad de las autoridades actuales de Bucarest.

El conflicto que agita la escena política rumana es reflejo del enfrentamiento entre una Rumanía que quiere evolucionar, modernizarse y adaptarse a las normas europeas y un país inmóvil, anclado en el pasado y controlado por redes que pretenden proteger sus intereses económicos tras la inmunidad parlamentaria. El referéndum del 29 de julio debería servir para que los rumanos zanjaran el problema.