Esta semana, la Unión Europea cuenta con una oportunidad para hacer algo correctamente. Espero que los ministros de Finanzas lleguen a un acuerdo sensato sobre los detalles pendientes del instrumento ad hoc [Fondo de Estabilización europeo, dotado con 750.000 millones de euros] que debe servir de escudo protector a los miembros más débiles de la eurozona.

La incertidumbre sobre el ámbito del mencionado instrumento ad hoc contribuyó a generar la confusión de la pasada semana en los mercados de capitales europeos. Otra fuente de inestabilidad fueron los informes de los medios de comunicación alemanes, en los que se insinuaba que los bancos franceses estaban descargando carteras de bonos griegos al Banco Central Europeo. No existían pruebas que lo demostraran, pero tampoco se desmintió de forma tajante, por lo que esta sospecha sembró el desconcierto en los mercados durante varios días.

La causa subyacente del aumento la semana pasada de los márgenes de los bonos soberanos fue la pésima comunicación. No habría cundido el pánico en el mercado si el BCE hubiera facilitado datos sobre sus compras de bonos, o si los ministros de Finanzas europeos hubieran comunicado claramente qué elementos del Fondo de Estabilización se habían acordado y cuáles no. Ante la ausencia de datos, la gente asume lo peor. Al menos es lo que ocurrió la semana pasada.

La transparencia, el eterno debate

La UE y el BCE no se caracterizan precisamente por su transparencia. Va siendo hora de que el BCE exponga claramente qué compra y cómo votan sus miembros. Según mis fuentes de información, sólo Axel Weber, presidente del Bundesbank, levantó la mano formalmente y votó en contra del programa de compras de bonos del BCE. Sin embargo, no fue el único que expuso sus preocupaciones durante los debates. También he escuchado otras versiones de los hechos, menos creíbles, según las cuales se siguió un patrón de votos diferente. Entonces, ¿quién está en lo cierto? La cuestión es que no tendríamos que estar adivinando estos asuntos.

Sobran los motivos para que exista una mayor transparencia. Es un requisito previo para la resolver una crisis de amplio alcance como ésta. El BCE ha vivido la crisis hasta ahora sin problemas, pero retener información importante es irresponsable y potencialmente peligroso. El debate sobre la transparencia no es nuevo. Recuerdo que escribí sobre ello en 1998. Durante muchos años, los observadores han dicho que el pacto de estabilidad y crecimiento que rige la pertenencia a la eurozona no soportaría ni siquiera una tormenta de media intensidad, que las sanciones no sirven para nada, que necesitamos sistemas adecuados de gestión de crisis, así como diferentes criterios de acceso a la eurozona y transparencia en el Banco Central. No se ha avanzado nada en ninguno de estos puntos.

El BCE intentó cortar de raíz cualquier debate sobre la transparencia, alegando que expondría a los miembros de su consejo a presiones excesivas en sus respectivos países. Entonces, los observadores del BCE se convirtieron en "kremlinólogos", especulando constantemente sobre lo que pensaba el BCE, en lugar de lo que estaba diciendo realmente. Así surgían y se esfumaban teorías de conspiración. Y cuando irrumpió la crisis, el secretismo dio paso a la especulación tóxica, lo que a su vez reforzó los problemas.

Una tarea pendiente

La UE desaprovechó la oportunidad de tratar estos problemas en 2003, durante la convención constitucional que dio lugar en última instancia al Tratado de Lisboa. Ahora tiene otra oportunidad, pero no espero gran cosa. Personalmente pondría la transparencia y la responsabilidad del Banco Central en la primera línea de la lista de tareas pendientes del gobierno. No cuestiono la independencia del BCE. Pero el BCE como mínimo debería estar obligado a publicar los votos de sus reuniones sin tener que identificar a los miembros. Lo ideal sería ir más allá e identificar totalmente los votos.

Antes aceptaba el argumento de que, en los comienzos de la unión monetaria, los gobernadores de los bancos centrales nacionales podían verse presionados a votar en el interés de sus respectivos países. Pero una década más tarde resulta difícil sostener esta teoría. Si fuera así, deberíamos entonces acabar con todo.

Conjeturas ante el secretismo

Anne Sibert, catedrática de economía en el Birkbeck College, Londres, y miembro externo del comité de política monetaria del Banco Central de Islandia, expone en un nuevo documento* que existen dos tipos de responsabilidad: formal y sustancial. Ésta última incluye la posibilidad de una sanción en caso de que no se logre el objetivo. El BCE no es responsable ni siquiera formalmente. Según escribe: “Para que exista responsabilidad formal, el BCE debe ser transparente: es decir, debe informar a la ciudadanía de sus acciones y decisiones y justificarlas.

Por desgracia, el BCE, claramente opaco en su gestión de la política monetaria, está demostrando incluso menos transparencia en su función en la estabilidad financiera”. En el caso concreto de la compra de bonos, cuando el BCE se convierte en una parte semi-fiscal, el público tiene el derecho democrático a conocer la información no sólo sobre los volúmenes totales, sino sobre exactamente qué bonos ha comprado el BCE.

El problema de la falta de transparencia no se limita al BCE. También se encuentra en Bruselas. El debate más extenso sobre el gobierno, bajo el liderazgo de Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, es tan secreto como una reunión del consejo del BCE. Y este secretismo también genera especulación, que tiene el efecto de desencadenar desmentidos y rechazos, con lo que se extingue el auténtico debate. En mi opinión, las discusiones actuales en Bruselas y Frankfurt giran principalmente en torno a Bruselas y Frankfurt, no sobre cómo aportar soluciones sostenibles. Para ello, necesitamos enfrentarnos, y probablemente lo haremos, a una crisis muchísimo mayor.