Por quinta vez en su historia, Cataluña tiene ante sí el horizonte de la independencia. Este giro hacia la emancipación con respecto a Madrid tiene una vertiente de fondo y otra coyuntural. El Estado español es una creación política que se basa en toda una red de acuerdos que garantizan la permanencia de las hegemonías económicas y sociales y acaba superponiéndose sobre una pluralidad de naciones que poseen una identidad propia y una larga historia. Esta construcción demostró toda su fragilidad en 1978, durante una transición constitucional a caballo entre el nacionalismo y el centralismo: entonces, las comunidades autónomas fueron el resultado institucional y jurídico del trato acordado.

Pero en el fondo, el trato era otro totalmente distinto: válvulas financieras generosamente abiertas para las comunidades autónomas, obras públicas, modernización, futuro. Mientras había dinero para inyectar en las inversiones que consolidaban el apacible dominio de las élites locales, el arreglo funcionaba. La derecha nacional y local supo resumir perfectamente ese estado de ánimo: cuando José María Aznar [presidente de 1996 a 2004] proclamaba desde el palacio de la Moncloa “España va bien”, Jordi Pujol [presidente del Gobierno catalán de 1980 a 2003] le respondía desde el palacio de la Generalitat “Y Cataluña va mejor aún”.

Falta de sentido común

Pero ahí es donde entran en juego los factores coyunturales. El Gobierno catalán de Convergència i Unió [partido nacionalista de derecha] actualmente tiene en su haber 822.000 parados y 22 meses de recortes sucesivos en medidas sociales. A todo esto se añade (y es lo que hace detonar el polvorín) la congelación de la financiación de las comunidades autónomas, decidida por el Gobierno central en virtud de una revisión de la Constitución española realizada a velocidad supersónica por orden de Berlín y Bruselas, una orden ejecutada, como siempre, con obediencia por esos intérpretes locales tan celosos que son el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE), los mismos que ahora proclaman que la Constitución es intocable cuando se trata de autorizar o no al pueblo catalán a expresarse mediante un referéndum sobre su derecho a la autodeterminación.

En el núcleo de esta revisión constitucional, apareció el nuevo pacto presupuestario entre Madrid y las comunidades autónomas, que con su obsesión por la austeridad constituye un auténtico monumento a la falta de sentido común político. Esta negativa de considerar las consecuencias explosivas que tendrán estos recortes en la financiación pública para las relaciones entre el Estado y las regiones revela una irresponsabilidad política total. En España, como en Portugal o en Grecia, el pirómano berlinés y sus agentes locales han prendido fuego a todos los equilibrios sociales y poco le importa que el incendio libere al mismo tiempo los demonios más terribles: todo debe inmolarse sobre el altar de la diosa austeridad.

En contra de la conciencia histórica

Y el Gobierno catalán sabe perfectamente cómo aprovechar esta irresponsabilidad política. Al erigirse como abanderado de la causa independentista, el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, se parece a Alberto Joao Jardim [presidente del Gobierno de Madeira]: ante los resultados económicos y sociales catastróficos de su mandato, caracterizado por una estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos y de los derechos sociales, el conservador Mas acusa a Madrid de no ser más que un pozo sin fondo del dinero de los catalanes, que no se invierte en servicios o proyectos públicos en su región. Tenemos la impresión de haber vivido ya este momento ¿verdad? La causa independentista, agitada por la Generalitat, es ante todo una herramienta muy cómoda para desviar la atención de la degradación social y económica que producen sus propias políticas.

Más que Portugal o Grecia, hoy España es el modelo a menor escala de la implosión europea. Las soluciones de la troika producen un desmembramiento social, político y territorial que causa estragos entre nuestros vecinos. Pero quizás deberíamos haber aprendido alguna lección de la tragedia de los Balcanes. No podemos esperar que estos señores de la troika y sus empleados tengan una conciencia histórica, porque precisamente actúan contra ella.