Daniel Gueguen es un veterano de los grupos de presión bruselenses. Para los defensores de la transparencia del sistema, es un adversario importante. Por el contrario, para los que se benefician de sus servicios no es más que un profesional con el don de la persuasión. Gueguen incluso ha fundado una especie de academia de grupos de presión: el European Training Institute. Y, como él mismo reconoce, Bruselas es un paraíso para los diplomados de su escuela, que prefiere calificar como “personas que trabajan a favor de los asuntos de la Unión Europea”.

Bruselas: el nuevo paraíso del lobby

Este paraíso ha sobrepasado Washington y se ha convertido en la capital mundial de los grupos de presión. Con solo un millón de habitantes, la ciudad sede de las más importantes instituciones europeas se ha transformado durante los últimos veinticinco años en El Dorado de los profesionales que influyen a los eurócratas. En 1985, unos 645 miembros de grupos de presión trabajaban en Bruselas, informan los autores del libro "Bursting the Brussels Bubble" (que acaba de publicar ALTER-EU, la Alianza por la Transparencia y la Regulación Ética del Lobby). Hoy son al menos 15.000. En 2009 eran mil menos en Washington. Los creadores de reglamentos europeos disfrutan además de una posición mucho más cómoda que sus homólogos estadounidenses. El reglamento que podría enmarcar su actividad no existe.

En junio de 2008, en el marco de la Iniciativa para la transparencia, la Comisión Europea creó un registro de grupos de interés. El único problema es que sigue siendo opcional. Al presente, hay inscritas 2.771 organizaciones. “Este registro sólo contiene información de base y los miembros de los grupos de presión no tienen ninguna obligación de precisar en qué directiva o proyecto legislativo pretenden influir”, afirma William Dinan de la Universidad de Glasgow. Pero esto no es todo. Según Paul de Clerk, uno de los autores de Bursting Brussels Bubble, los grupos de interés pueden limitarse a indicar en el registro una simple estimación de sus gastos mensuales por ejercer presión a favor de un cliente, en una cifra que va de mil… a un millón de euros. Con este tipo de práctica es casi imposible determinar el coste real de la promoción de una reglamentación determinada.

Los efectos de los grupos de presión en la UE rayan a veces en lo ridículo. Diputados europeos que no tienen ni la menor idea sobre política energética, después de varias consultas con sus consejeros, presentan propuestas dignas de expertos de las grandes empresas energéticas. Para subsanar su falta de especialistas, la Comisión Europea solicita regularmente los servicios de grupos de expertos que proporcionan valoraciones supuestamente independientes. Oficialmente trabajan de manera gratuita. Los autores de Bursting Brussels Bubble aseguran que reciben dinero de los grandes grupos.

La industria química y los biocombustibles, bajo presión

“Si se analiza la composición de los grupos de expertos en las finanzas y la banca, es fácil identificar a los consejeros vinculados a Barclays o a Paribas, por ejemplo”, sostiene Paul de Clerk. También añade que una de las acciones más impresionantes de los grupos de presión durante los últimos años ha sido la infiltración del grupo de expertos en biocombustibles. Sin embargo, esto no fue nada comparado con lo que ocurrió durante los trabajos sobre la directiva REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas, por sus siglas en inglés). En 1998, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente decidió regular la utilización, por parte de la industria química europea, alrededor de 100.000 sustancias químicas que podían ser producidas, importadas o vendidas sin ningún tipo de información en cuanto a los efectos de su uso. Las responsables de comprobar la nocividad potencial de diversos agentes químicos y su eventual prohibición eran las instituciones gubernamentales.

En 2001, la Comisión Europea propuso poner bajo control a la industria química. Desde entonces, los fabricantes y los importadores tenían que proporcionar información sobre las propiedades de las sustancias que utilizaban y sustituir los productos químicos peligrosos por otros equivalentes menos nocivos. Este también fue el comienzo de los grupos de presión europeos en su forma actual. Los miembros de los grupos de presión intentaron convencer a todos de que las proposiciones de la Comisión iban a matar a la industria química en Europa y que esto conduciría inevitablemente a un aumento del paro. Las principales fuerzas en la lucha contra el proyecto de la Comisión fueron las firmas Bayer y BASF. En 2003, la Asociación alemana de productos químicos proporcionó financiación para los partidos políticos. El CDU-CSU (los conservadores) se embolsó un total de 150.000 euros, el FDP (los liberales) 50.000 y el SPD (los social demócratas) 40.000 euros.

El efecto de esta operación de presión fue el siguiente: de conformidad con la ley en vigor, la industria química está obligada a proporcionar información de base sobre todos los productos químicos comercializados que superen anualmente la cantidad de una tonelada. Pero en lugar de 100.000 productos químicos, como se preveía inicialmente, las disposiciones de REACH sólo conciernen finalmente a 30.000.

Según los expertos, los grupos de presión están definitivamente asentados en el paisaje de Bruselas y actuarán con toda libertad hasta el día en que, durante un proceso legislativo europeo, se muestre que su proceder obstaculiza claramente la ley. Sólo su implicación en un gran escándalo podría llevar a una regulación de la actividad de aquellos que “trabajan a favor de los asuntos de la Unión Europea”.