Es nuestra nueva obsesión. Estamos encaprichados con la Europa democrática. Crecimos impregnados del espíritu de los Fundadores: no había nada mejor que una élite ilustrada para dirigir la construcción europea. Mario Monti, el presidente del Consejo italiano lo señalaba hace poco. Si cinco años después de la guerra se hubiera consultado a los pueblos sobre la puesta en común del carbón y del acero, los padres fundadores Jean Monnet y Konrad Adenauer, no habrían llegado muy lejos. Para poner bajo una misma autoridad a los vendedores de armas de ayer, había que demostrar una valentía revolucionaria, con la condición de que fuera discreta.

El "no" de los pueblos en los referéndums europeos lo ha demostrado: el método ya no funciona. Hay que inventar una nueva democracia. Ahora hemos descubierto las herramientas que el Tratado de Lisboa pone a disposición de los ciudadanos. La recogida de firmas es la nueva arma de los pueblos desde el 1 de abril. Con siete ciudadanos de siete países, puede iniciarse el mecanismo. Tan sólo hay que recoger en un plazo de un año un millón de firmas con un umbral mínimo en los países elegidos: 74.250 en Alemania, 55.000 en Francia y 4.500 en Malta. A final, la Comisión Europea recibirá a los peticionarios. En el peor de los casos, les escuchará educadamente, en el mejor de los casos, redactará una propuesta de ley para tener en cuenta sus deseos.

Hay que tener cuidado y no lanzarse con demasiada antelación. Greenpeace presentó una petición para la que reunió 1,2 millones de firmas con el fin de prohibir los OGM (organismos genéticamente modificados) en Europa. El informe, presentado a finales de 2010, se rechazó, pero el asunto instó a la Comisión a publicar finalmente su reglamento de aplicación: el 1 de abril se fijó como fecha para iniciar estos procesos.

Guerra de lobbies

En una Europa fundada sobre el derecho, la libertad está acotada: Bruselas acepta únicamente las peticiones que se inscriban en las competencias de la Unión Europea. Por este motivo, se han rechazado peticiones muy interesantes: ¿los que se oponen a las corridas de toros quieren prohibir la tauromaquia? No se trata de una competencia comunitaria, el bienestar del animal se garantiza dentro del marco de la política agrícola común, no dentro de la de los espectáculos crueles. ¿Queremos un salario mínimo garantizado en toda Europa? Imposible: la Unión no está capacitada para adoptar leyes sociales vinculantes. ¿Los ecologistas exigen el cierre de las centrales nucleares? La Comisión responde que, por desgracia, la energía nuclear se rige por un tratado distinto, el Euratom, que no admite las iniciativas ciudadanas. El impulsor de la moción, el austriaco Klaus Kastenhofer no se desanimó por ello y presentó una segunda petición, sobre otra base jurídica: la protección de los consumidores y el medio ambiente. Ahora espera la respuesta de Bruselas.

Con cada petición interpuesta, se corre el riesgo de emprender una guerra de lobbies. Y de darse cuenta de que los ecologistas se oponen a la energía nuclear, de que los federalistas luchan por conseguir el derecho de voto europeo y de que los católicos están en contra de la investigación con embriones, por citar algunas iniciativas en curso. ¡Menudo invento! Aunque no debemos hacer remilgos. Con esta maniobra se puede generar un debate transeuropeo, volver a plantear preguntas que los funcionarios bruselenses, debilitados por unos compromisos agotadores, ya no se plantean.

Leyes que no se pueden deshacer

En Europa no se puede dar marcha atrás: una vez que se adopta una ley, no hay nada que pueda deshacerla. Es lo que ocurre con la directiva sobre las aves, adoptada en 1979 y que a los cazadores les encantaría reventar. Entre las iniciativas contundentes, se encuentra la demanda de suspender el plan europeo sobre el cambio climático de 2009 (pues se considera que castiga al Viejo Continente) a la espera de que China, India y Estados Unidos se comprometan también con dicho plan. ¿Por qué no?

Esta pista de peticiones parece más prometedora que la consulta de los Parlamentos nacionales, también instaurada por el Tratado de Lisboa. Aunque es cierto que Europa acaba de conocer una primicia: la Comisión rechazó una propuesta sobre el derecho de huelga de los trabajadores desplazados, es decir, los fontaneros polacos, para entendernos. Recibió las "tarjetas amarillas" de los Parlamentos de doce países. En cualquier caso, el proyecto no tenía futuro: era demasiado socialista para los liberales y demasiado liberal para los socialistas. El episodio confirma sobre todo que la Europa social se encuentra bloqueada.