“Ponga su dedo pulgar aquí, por favor”. Para hacer efectivo un cheque, un banco de Washington no sólo exige una firma sino también una huella digital. Cuando se les pregunta qué hacen con ella y cuánto tiempo conservan esta huella, los miembros del personal alegan no saber nada. No hay ninguna regla. En los EE. UU. las empresas mandan. Pueden recopilar tantos datos personales como deseen, conservarlos el tiempo que consideren oportuno y venderlos a otras empresas. En el caso de Facebook, la recopilación de datos de carácter personal es incluso el objetivo principal de la empresa.

Los poderes públicos norteamericanos no tienen tanta libertad como las empresas, si bien las condiciones dependen mucho del asunto. En el campo de la salud, por ejemplo, los datos están bien protegidos. Los poderes públicos de EE. UU. pueden igualmente reclamar datos recopilados tanto por empresas comerciales como por compañías telefónicas y de tarjetas de crédito. No obstante, desde los atentados del 11 septiembre de 2001, el gobierno americano dispone de una gran libertad de acción cuando se trata de investigaciones sobre terroristas, motivo por el cual los EE. UU. desean recopilar datos europeos relativos a los bancos y los pasajeros. Pero en el seno de la UE la protección de los datos es un derecho fundamental. Los ciudadanos son propietarios de sus datos de carácter personal en todo momento y un gobierno o empresa no puede utilizarlos, salvo con fines claramente definidos, ni puede suministrarlos a terceros.

Enfoques filosóficos diferentes

El 21 de junio, con motivo de una conferencia en la Georgetown School of Law de Washington, el profesor de derecho Adam Levitin, estadounidense, explicaba que los dos continentes poseen un “enfoque filosófico diferente” en torno a la cuestión de la propiedad de los datos de carácter personal. “La UE se toma la vida privada en serio, pero los EE. UU. no lo hacen”.

El 8 de julio, el Parlamento Europeo aprobó la transferencia de datos bancarios europeos a los Estados Unidos, después de haber aportado garantías en materia de protección de datos de carácter personal. “Este acuerdo aún está lejos de ser ideal”, comenta la eurodiputada holandesa Sophie in ’t Veld en Estrasburgo. Cada día se envían grandes cantidades de datos de personas inocentes a los EE. UU. El problema es que si el Parlamento Europeo se hubiera negado una vez más, como hizo en febrero con una versión anterior del acuerdo, los EE. UU. habrían acabado cerrando acuerdos bilaterales con varios países europeos.

Términos como "lucha antiterrorista" para contentar a los parlamentos nacionales

En el seno del Parlamento, Sophie in ’t Veld dirige la discusión sobre la cuestión de los datos de los pasajeros, la cual debe dar lugar en breve, probablemente en otoño, a una votación. “Las negociaciones para la transferencia de datos de pasajeros aún serán más complicadas”, prevé la eurodiputada. “Los datos bancarios son gestionados por el ministerio de Hacienda norteamericano, que son personas bastante razonables. Pero los datos relativos a los pasajeros se conservan en el departamento de seguridad interna, y esa gente es absolutamente inflexible. En lo que concierne a los datos bancarios, la UE ha podido conseguir que no sirvan más que para descubrir a los terroristas, pero el departamento de seguridad interna tiene extensos poderes que engloban las enfermedades veterinarias, las catástrofes naturales y la inmigración. No sabemos en absoluto si los datos relativos a los pasajeros no servirán para otros fines, aparte de para identificar terroristas.”

In ’t Veld se irrita por el hecho de que los Estados miembros de la UE se tomen todo esto a la ligera. “Olvidan que nosotros nunca hemos visto una evaluación de los resultados concretos de la recopilación de datos. Por mucho que los americanos digan que han podido identificar a unas 2.000 personas sospechosas gracias a los datos relativos a los pasajeros, lo que no nos dicen es cuántas denuncias se han cursado por este motivo. Se sabe de casos de personas detenidas en la puerta de embarque que trabajaban para ONGs y que, a causa de su trabajo, han tenido contactos con representantes de las FARC (Colombia) o de Hamas (Palestina). Los parlamentos nacionales no actúan. Es cierto que éstos plantean algunas cuestiones pero se contentan con la respuesta que les dan siempre que contenga términos como “lucha antiterrorista” o “servicio de información”.