Esta frágil y joven rubia, con voz ronca e infantil, ha desatado la ira de personalidades de alto rango en la estructura del poder. Su documental sobre la justicia eslovaca Nemoc tretej moci [La enfermedad del tercer poder] se ha convertido en el símbolo de la rebelión contra un clan de jueces que se burla de la justicia. La propia Zuzana Piussi ya ha comprobado en primera persona el poder de este clan. Uno de los jueces que aparece en el documental la ha denunciado. "Ya sabe, hay presiones", le confesó un joven investigador durante su interrogatorio. Ahora la directora se enfrenta a dos años de prisión.

La justicia eslovaca está controlada por un grupo de magistrados que la han convertido en un instrumento que utilizan a su antojo, dictando sentencias que benefician a "organizaciones mafiosas". El 70 % de la población no confía en la justicia eslovaca. El actual ministro de Justicia, Tomás Borec, ha llegado a declarar que "la situación no podría ser peor". El Foro Económico Mundial clasifica a Eslovaquia en el puesto 140 (entre 144 países) en lo que se refiere a aplicación de la legislación.

¿Cómo se ha podido llegar a esta situación en un Estado que se encuentra entre los países de mayor éxito en la transición del comunismo hacia la democracia?

La justicia al servicio de un hombre

Stefan Harabin, de 55 años, es sin lugar a dudas el hombre que más ha influido en la historia moderna de la justicia eslovaca. Antiguo juez comunista y buen amigo del exprimer ministro Vladimír Meciar, desde hace años es el presidente del Tribunal Supremo. También fue ministro de Justicia. Pero sobre todo, controla uno de los principales instrumentos del poder dentro del sistema judicial: el Consejo de la Magistratura.

Para algunos, puede parecer un hombre encantador acostumbrado a los salones, mientras que para otros es un vulgar dictador con sed de poder y de venganza contra sus detractores. De este modo, los jueces serviles han obligado a los medios de comunicación eslovacos a pagar decenas de miles de euros por "atentar contra la reputación" de su persona.

Harabin ha enseñado otras astucias a los miembros de su clan. En octubre llegó a ganar un proceso contra el Estado. Un juez le concedió 150.000 euros como indemnización por perjuicios e intereses, tras haber estimado que la Fiscalía había atentado contra su reputación hacía unos meses, al certificar públicamente la autenticidad de una llamada telefónica privada revelada por los medios de comunicación, entre él y el albanés Baki Sadiki, jefe de la mafia de la droga. Sadiki fue condenado a 22 años de prisión, pero logró huir.

El Consejo de la Magistratura, creado en 2003, es la máxima instancia judicial autónoma. Pero una serie de personas con reputación más que dudosa asumieron el control y empezaron a amordazar a sus oponentes.

Historias trágicas

Juraj Majchrák fue el arquitecto del Consejo de la Magistratura. Reconocido vicepresidente del Tribunal Supremo, fue el primero de la lista. Mientras era presidente de esta misma institución, Harabin emprendió contra él en 2009 una serie de procedimientos disciplinarios, presuntamente por haber ejercido sus funciones de forma ineficaz y solicitó el castigo más severo: el cese de sus funciones. Machrák cayó en una grave depresión. En 2011, se ahorcó en su garaje.

Durante su funeral, que parecía más una protesta contra Harabin que una ceremonia religiosa, uno de los jueces declaró abiertamente que las "intimidaciones" tenían parte de responsabilidad en la muerte de Majchrák.

La historia de Marta Lauková es igualmente trágica. En 2009, recibió un mensaje de su superior jerárquica, en el que le solicitaba que liberara a un preso, sospechoso de pertenecer a una banda internacional de contrabandistas. Era una "exigencia del ministerio" (cuyas riendas llevaba Harabin). Ella se negó y presentó una queja en la comisaría, por tentativa de influir en el veredicto.

Enseguida fue víctima de las acciones ordenadas desde lo más alto del poder: traslado a otra provincia, controles de presencia en su lugar de trabajo, humillaciones de todo tipo. Acabó hundiéndose y enfermando. El Consejo de la Magistratura se opuso al pago de la baja por enfermedad, alegando que fingía. Poco después, cayó en coma y murió por una insuficiencia cardíaca.

Helena Koziková, su compañera y superior fue quien, para vengarse, impuso el bloqueo del subsidio por enfermedad. Ahora, esta misma juez ha presentado una denuncia contra la directora Zuzana Piussi, que ha incluido en su película documental una escena dramática en la que la hija de la juez fallecida se reúne personalmente con Koziková y la acusa de ser en parte responsable de la muerte de su madre. Además de la pena de prisión, Koziková pretende condenar a la directora y a la televisión eslovaca, mediante un proceso civil, a que paguen 40.000 euros como indemnización por perjuicios e intereses.

La situación empieza a cambiar

Las desapariciones de Juraj Majchrák y de Marta Lauková quizás hayan sido esa gota de agua proverbial que colma el vaso y que ha despertado a la mayoría que permanecía en silencio. "No morirán en vano", se escuchaba durante las concentraciones públicas de la nueva organización de jueces Za otvorenú justíciu [Por una justicia transparente]. "Somos alrededor de cincuenta personas", afirma Javorciková, presidenta del movimiento, "y gracias a los medios de comunicación, cada vez se nos escucha más. Hoy ya no se atreven a intimidarnos como lo hacían hace unos años. Incluso la opinión pública empieza a estar más sensibilizada".

Este clan de jueces, que controla las altas instancias del aparato judicial, constituyen sólo un porcentaje relativamente marginal (alrededor del 10 %) de los 1.400 jueces que ejercen en la República Eslovaca.

Las cosas están cambiando. Harabin sigue controlando el Consejo de la Magistratura, pero ya no dispone de la mayoría. Y a partir de ahora, los medios de comunicación y los eurodiputados, junto a otros compañeros solidarios, asisten a las sesiones de los procedimientos disciplinarios contra los jueces recalcitrantes, unas sesiones que recuerdan a los tribunales penales del régimen comunista (en ellos se tratan los "ataques a la reputación de la justicia").

El intento de acción contra Zuzana Piussi se sigue muy de cerca. Se ha lanzado una campaña de recogida de firmas, similar a las peticiones habituales en el régimen comunista. Los signatarios declaran estar de acuerdo con la infracción atribuida a Zuzana Piussi (la aparición en el documental de la juez Koziková sin su consentimiento) y de este modo, también exigen que se castigue. Ya se han recogido centenares de firmas.

El productor del documental lo ha publicado online de forma gratuita. Decenas de miles de internautas ya lo han visto. "¿En qué época vivimos, si, como en los tiempos del comunismo, la gente firma peticiones para defender a otros?", se pregunta Zuzana Piussi. "Aunque sin este apoyo, probablemente iría a la cárcel".