El debate sobre la integración de los romaníes en Europa —exigido por Francia, Italia y Suecia, y apoyado por la presidencia belga de la Unión— no encuentra salida en Bruselas. Pierre Lellouche, secretario de Estado francés para asuntos europeos, pidió hace algunas semanas un debate “urgente” sobre “un problema real del que ha llegado la hora de ocuparse”.

Tras evocar los problemas de la delincuencia juvenil, redes de prostitución y tráfico de niños con los que se enfrenta Francia, Lellouche criticó el flujo de “gente que no tiene intención alguna de integrarse”, la responsabilidad de los países de origen de los romaníes (comunidad con nueve millones de miembros provistos de pasaporte europeo), o la relativa pasividad de la Comisión de Bruselas que, según subrayó el secretario de Estado galo, gasta muchísimo dinero para facilitar su integración. Suecia terció exigiendo un “plan de acción de cumplimiento obligatorio” para responder a “una situación alarmante”.

Rumania, en el punto de mira

Los gobiernos, francés y sueco, apuntaron también a ciertos países de origen de romaníes, a los que acusaron de sustraerse de su deber de prestar asistencia. Aparte de Bulgaria (con 750.000 romaníes, según las estimaciones) y de Eslovaquia (500.000), Rumania (con, oficialmente, 537.000 romaníes, aunque otras estimaciones más verosímiles hablan de unos 2 millones) ha sido el centro de las críticas. Y a raíz de ellas ha prometido actuar. Ha designado un secretario de Estado encargado de los romaníes repatriados. Pero, al mismo tiempo, Bucarest ha protestado contra la destrucción de campamentos en Francia y contra la “censura pública” que se le ha profesado.

Solo falta añadir la exasperación que puede causar la lentitud de Rumania para utilizar los fondos europeos destinados a la ayuda a los romaníes. La Agencia Nacional para los Romaníes maneja seis programas, con una cifra total de 9,3 millones de euros, pero los resultados son poco visibles. La miserable suerte de esta población la obliga siempre a emigrar. Los proyectos corren peligro de quedar bloqueados por los múltiples retrasos. “La Comisión nos ha recomendado anular los proyectos que no avanzan para evitar el bloqueo de la financiación”, afirma Anca Zevedei, director de la Autoridad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo rumano. “La Comisión quiere ayudar a los romaníes y los desfavorecidos, pero fíjense en lo que pasa con los proyectos gestionados por la Agencia Nacional para los Romaníes...”.

Las asociaciones romaníes critican tanto a Francia como a las autoridades rumanas. “Rumania no ha hecho su parte del trabajo”, opina Ciprian Necula, encargado del proyecto La Casa de los Romaníes. “El Estado ha permitido la existencia de redes de prostitución y tráfico de seres humanos. Se han contentado con crear algunos programas sólo para acallar a los europeos”.

“Despilfarro o falta de utilización”

La situación sobre el terreno confirma el diagnóstico pesimista en lo referente al despilfarro o la falta de utilización de los fondos europeos. De hecho, Rumania se esfuerza por gastar los 32.000 millones de euros de fondos no reembolsables que le ha reservado la Comisión para el período 2007-2013, a condición de que los solicite y justifique su utilización.

Como árbitro del debate sobre los romaníes, la Comisión no oculta su incomodidad. Francia y otros países la han invitado a “actuar”, y la Comisión objeta que durante los últimos años ha multiplicado tanto las iniciativas de integración como las de no discriminación. Sin embargo, “la integración solo será efectiva si los Estados actúan con objetivos claros a nivel nacional, regional y local”, señala el Ejecutivo europeo.

A través del Fondo Social Europeo, entre 2007 y 2013 se habrán gastado 13.300 millones de euros para la integración de los romaníes y otros grupos calificados como “vulnerables”. En Rumania y Hungría, la mitad de las ayudas recibidas se han destinado a los romaníes. El Fondo agrícola para el desarrollo rural también han distribuido partidas a diversos países y, desde el mes de mayo, los Estados pueden acudir al Fondo europeo para el desarrollo regional para ayudar a las minorías, entre ellas la romaní, a obtener vivienda con mayor facilidad. Por otro lado, los fondos estructurales permiten cofinanciar proyectos para la infancia, la educación o el empleo. Por último, el Parlamento Europeo ha asignado 5 millones de euros al lanzamiento de un proyecto piloto de integración centrado en la microfinanciación y la enseñanza.

“No es dinero lo que falta, sino la forma correcta para gastarlo”, suspira un alto funcionario. Como último recurso, Bruselas ha lanzado dos estudios con el fin de estudiar los programas, proyectos y políticas de integración que han logrado sus objetivos.