Ahora que Nicolas Sarkozy, a menos de dos años de las elecciones presidenciales, decide situar la seguridad en el centro del debate político y acabar con la inmigración clandestina y la presencia de los gitanos en nuestro país, Francia entra a formar parte de lo que se podría denominar el "club de los ultras", esos países cuyas políticas de seguridad están influidas en gran medida por la extrema derecha.

El "club de los ultras"

En Italia, la seguridad es sinónimo de lucha contra la inmigración ilegal. Más que de radicalización, se puede hablar de trivialización. La Liga Norte, partido xenófobo y populista y pilar de la coalición dirigida por Silvio Berlusconi, y partido del ministro del Interior Roberto Maroni, ha convertido la seguridad en una prioridad del gobierno. El ministro estima haber puesto plazo (con una disminución del 88 % entre el 1 de agosto de 2009 y el 31 de julio de 2010) a los desembarcos clandestinos a lo largo de las costas italianas tras el acuerdo con Libia, y no le preocupan ni las críticas sobre la violación del derecho de asilo ni la suerte de los clandestinos devueltos a Libia. Se jacta también del refuerzo de la legislación impulsada por su partido con la introducción del "delito de clandestinidad", creado en agosto de 2009, e incluso del permiso de residencia por puntos adoptado en febrero.

En Países Bajos, Geert Wilders ha conseguido generar un ambiente en el que se mezclan las cuestiones de la inseguridad, la integración de los extranjeros y el lugar que ocupa el islam. El futuro gobierno, sin duda una coalición minoritaria de liberales y cristiano-demócratas, apoyado objetivamente por el partido de Wilders, ha incluido la lucha contra la inseguridad en su programa. Wilders pretende repatriar a sus países de origen a los delincuentes extranjeros y de gravar con impuestos el uso del velo islámico.

En Suiza, desde 1999, el año de su escalada electoral, la Unión Democrática del Centro (UDC) ha contribuido a liberar el discurso sobre la seguridad. El principal partido del país considera al "extranjero" el enemigo que amenaza los valores helvéticos, tanto si se trata de un refugiado, como de un trabajador fronterizo, un islamista radical o un gitano. Más de un cuarto del electorado suizo simpatiza con estas ideas xenófobas, que impulsan a los partidos de la derecha tradicional a seguir estas mismas líneas.

El "club de los moderados"

En Alemania, la política de seguridad se concentra por completo en la lucha contra el terrorismo islamista y contra los neonazis. Su arsenal legislativo no ha dejado de reforzarse desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. En 2009, el Bundestag aprobó un texto muy polémico, con el que se puede condenar a una persona por un delito "en preparación". Pero, por motivos históricos, la opinión mundial condena en todo el mundo los ataques dirigidos a grupos étnicos concretos. Sólo el NPD, el partido neonazi ultra minoritario (con menos del 2 % de los votos en el contexto federal), utiliza el ataque a los extranjeros como arma para captar adeptos. Se considera que este partido no es creíble políticamente y se percibe como un peligro para la democracia. Sin embargo, la falta de integración de la comunidad de origen turco sigue siendo un tema habitual de debate en Alemania.

En España, el discurso sobre seguridad tradicionalmente se ha centrado en la lucha contra el terrorismo de ETA. El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha añadido una segunda prioridad muy mediatizada: la violencia contra las mujeres. Su política de seguridad también se centra en la inmigración ilegal. A finales de 2008, se creó dentro de la policía nacional una "brigada de expulsión de los delincuentes extranjeros". En 2009, se expulsaron a 7.600 delincuentes extranjeros. A finales de 2009, con la entrada en vigor de la reforma de la ley sobre extranjería, se amplió la duración máxima de detención de los inmigrantes clandestinos en centros de tránsito de 40 a 60 días. Pero excepto el partido xenófobo catalán Plataforma per Catalunya, creado en 2003, los políticos suelen establecer una distinción entre inmigración y delincuencia.

El caso particular de los británicos

El primer ministro conservador David Cameron pretende modificar el "Estado de vigilancia" que contribuyeron a crear los laboristas inmediatamente después de los atentados terroristas cometidos en Londres en julio de 2005. Desea regular el uso de las cámaras de vigilancia en los aproximadamente 4,2 millones de circuitos cerrados de televisión presentes en las calles británicas y reforzar el derecho a manifestarse, que se ha visto afectado en estos últimos años. Y con el proyecto de ley denominado "Great Repeal Bill" se pretende modificar las normas de conservación de las huellas en el archivo de ADN del país.