Cada seis meses suena el mismo soniquete. Un país deja la presidencia del Consejo de la Unión Europea y otro lo reemplaza. El que la abandona se muestra satisfecho con la excelente labor realizada y el nuevo “presidente” anuncia que se esforzará para conseguir dar un salto cualitativo en la integración europea. El final del año 2012 y el comienzo de 2013 han hecho honor a esta tradición.

Chipre ha hecho público el balance del semestre de la presidencia. "Queríamos dar un paso más en la integración europea y creo que los importantes logros de nuestra presidencia son una muestra de nuestro éxito en ese campo”, manifestó con satisfacción Andreas Mavroyannis, representante chipriota encargado de Asuntos Europeos durante ese período. Por su parte, Irlanda, que ocupa la presidencia de la UE desde el 1 de enero, ya ha anunciado que pretende "promover el crecimiento y el empleo”.

Una capacidad de contrapeso limitada

Todo ello hace que florezca la propaganda de antaño y el lenguaje estereotipado al que en Europa se recurre tanto. La realidad es bien distinta. En primer lugar se podría cuestionar "la importancia” del balance de la presidencia chipriota, pues mientras las discusiones en torno al presupuesto europeo dividían a los Estados miembros y Reino Unido amenazaba con abandonar la Unión, hubo que alcanzar un enésimo compromiso de urgencia que no soluciona la crisis de la eurozona y hace que la unión bancaria permanezca en el limbo. Pero el quid de la cuestión no reside ahí. El verdadero problema es que la presidencia chipriota no ha servido para nada. "Su” balance, que se presentará resumido más adelante, apenas puede atribuírselo Chipre.

Sin embargo, Nicosia tampoco está más en entredicho que Copenhague o Varsovia en su momento. ¿Qué podía hacer por sí mismo Chipre, un pequeño Estado con 800.000 habitantes, que mientras presidía oficialmente una Unión Europea en crisis, negociaba simultáneamente con la UE las condiciones de su rescate? ¿Qué podían hacer Polonia o Dinamarca, dos países que no pertenecen a la zona euro, para "dar un impulso” a una UE con la eurozona enferma? ¿Y qué podrá hacer Irlanda, que negocia ahora una quita de más de 60.000 millones de euros de su deuda bancaria con la UE y el BCE, para imponer sus puntos de vista frente a los 26 países de la Unión?

Esta serie de preguntas podría extenderse hasta el infinito. En una UE inmersa en una profunda crisis, cualquier país se encontrará bloqueado por la crisis de la zona euro. Una crisis que ha tendido la mano ante todo al principal contribuyente de la Unión: Alemania. Y es precisamente en Berlín donde se decide hoy en día gran parte de la política europea. Simplemente porque sin la República Federal nada sería posible. Frente a Alemania, únicamente los grandes Estados y las instituciones como la Comisión y el BCE pueden servir, en ocasiones, de contrapeso.

Francia y España han impuesto la unión bancaria a Berlín, pero bajo las condiciones de Berlín, que ha determinado el ritmo para su puesta en marcha y la magnitud de los bancos a los que atañe. Reino Unido mantiene el pulso con Alemania haciendo chantaje sobre su propia salida de la UE. Pero la capacidad de hacer contrapeso se encuentra muy limitada: el proyecto de la Comisión de reforzar el presupuesto de la UE para luchar contra la crisis se abandonó después de que Alemania lo rechazase y las tentativas francesas de implantar una "agenda de crecimiento” fracasaron.

Dignatarios bizantinos

Está mal visto que Nicosia o Dublín traten de imponer al contribuyente alemán su visión de Europa o incluso tratar de arrancar un compromiso al Gobierno alemán. La política europea es principalmente una política que se decide entre Berlín y Bruselas. ¿No parecería entonces que la vocación de la presidencia rotatoria reside más en preparar expedientes, impulsar asuntos o favorecer los compromisos, que en dirigir la Unión? El problema es que, incluso bajo esta premisa, la presidencia rotatoria se ha vuelto muy formal.

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, se creó el cargo de presidente del Consejo Europeo, que hoy ocupa Herman van Rompuy, un belga apasionado de los haikus. Sus competencias son muy similares a las de la presidencia rotatoria. Salvo que él puede asegurar una cierta continuidad y una coherencia en la preparación de las iniciativas europeas. Por lo demás, es él quien dirige el conjunto de los servicios del Consejo que marcan la pauta de las reuniones. Es por tanto en Bruselas donde se decide el papel del Consejo, y rara vez esto acontece en los países que ostentan la presidencia rotatoria. Resulta significativo que desde 2004 las cumbres europeas se celebran en Bruselas, en lugar de en los países de la presidencia rotatoria, como antaño.

Los representantes de la presidencia rotatoria son por lo tanto espectadores de lujo. Lucen siempre de etiqueta, pero se parece al caso de los dignatarios bizantinos, a los que siempre había que respetar en la corte, pero que carecían de poder alguno. Todos los comunicados del Consejo se deshacen en elogios al trabajo y al esfuerzo del país que preside la UE, pero se trata de algo meramente formal. Al final, la presidencia rotatoria se ha convertido en una vitrina que permite que los países se den a conocer mejor.

Es el momento de lanzar buenos sitios de Internet en los que se exalten los méritos de la nación (el de la presidencia irlandesa incluye un libro muy completo de recetas del país) o de alardear de los hitos turísticos del país (tal y como ha hecho Chipre). Si al final eso permite atraer a algunos turistas, bienvenido sea. Pero existen otras instituciones que tienen esa función, como las "ciudades europeas de la cultura”. En estos tiempos difíciles, ¿no se debería plantear prescindir de una institución redundante?