Poco antes de Navidad, se celebró una feria inmobiliaria un tanto peculiar en Río de Janeiro. Hasta esta ciudad llegaron las agencias inmobiliarias con cerca de un millar de ofertas de casas y apartamentos en Portugal. Su oferta principal no era una variedad de villas de lujo en el Algarve, sino un obsequio reservado a los compradores de bienes inmobiliarios portugueses: un permiso de residencia permanente, válido no sólo para Portugal, sino para todos los países de Europa.

La ley que votó el Gobierno en octubre se denomina el "visado de oro" en lenguaje popular. Se trata de un programa de envergadura cuyo fin es atraer a los inversores no europeos a Portugal, y con ellos, el dinero fresco para ayudar al país a salir de la crisis. Desde la primavera de 2011, el país recibe dinero del fondo de rescate de la UE, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Pero las reformas que se deben llevar a cabo a cambio en Portugal apenas progresan. La población se resiste a la cura de austeridad y el programa de privatización se inicia a duras penas.

La "puerta de Europa"

De ahí la idea de recurrir al extranjero. Paulo Portas, ministro de Exteriores, pasó meses intentando convencer a sus socios europeos para que aceptaran la idea. No fue una tarea sencilla. Porque el permiso de residencia portugués también vale para los demás países de la Unión. En teoría, los inversores que logre atraer Portugal podrían instalarse en París, Berlín o Madrid.

Por eso los obstáculos son tan importantes. A los inversores se les exige que inyecten al menos un millón de euros en una empresa portuguesa, que creen un mínimo de 30 puestos de trabajo en el país o adquieran un bien inmobiliario por un valor mínimo de 500.000 euros. En el momento en el que se cumpla una de estas condiciones, se les concede un visado "inicial" de dos años. Dicho visado se puede convertir en un permiso de residencia permanente, incluso en un pasaporte portugués, si los inversores conservan su capital más de cinco años en el país.

La ley se dirige sobre todo a los inversores de las antiguas colonias de Portugal: Brasil, Angola y Mozambique. Precisamente en Brasil es donde esta nueva legislación ha despertado más interés. Muchos desempleados portugueses emigraron a este país, así como a Angola. A mediados de diciembre, el ministro de Economía, Álvaro Santos Pereira viajó para promocionar esta iniciativa hasta Turquía, donde muchos han abandonado ya la idea de adherirse a la UE. "Vengan a Portugal", proclamó ante los empresarios turcos. "Se sentirán como en casa".

Los destinatarios de la oferta parecen estar encantados. El vicepresidente de la Cámara de Comercio y de Industria de Río de Janeiro, Frederico da Cunha habla de Portugal como la "puerta de Europa". No hay nada sorprendente en esta afirmación: Brasil es un de los principales socios comerciales de la UE, hacia la que exporta sobre todo productos agrícolas. Y si desde hace años están estancadas las negociaciones sobre un acuerdo de libre cambio entre la UE y el espacio económico del Mercosur, se debe a Francia, preocupada por su agricultura.

Una ley similar para España

En el caso de las pequeñas y medianas empresas que no puedan ofrecer millones de euros, la adquisición de un bien inmobiliario sigue pareciendo el medio más sencillo de obtener un permiso de residencia, constata Paulo Lourenço, cónsul general de Portugal en São Paulo.

Los visitantes del salón inmobiliario de Río de Janeiro se sorprendieron ante la oferta de bienes de gran calidad, incluidos hoteles en emplazamientos excepcionales, en algunos casos incluso por la mitad de lo que se paga por ciertos bienes comparables en el sur de Río, por ejemplo. En Portugal, el metro cuadrado vale una media de 2.213 euros. En Europa, solo Lituania, Rumanía y Chipre registran precios inferiores.

Por su parte, España se plantea adoptar una ley similar a la ley portuguesa. Pero el precio de los terrenos, que sigue siendo muy elevado en este país, disuadiría a los inversores. En este caso, el metro cuadrado llega a casi los 4.000 euros. Por no mencionar que muchos españoles se muestran reacios a este proyecto. El anuncio de Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio, que planteó que los rusos y los chinos podrían obtener un permiso de residencia al adquirir un bien inmobiliario por un valor tan sólo de 160.000 euros, se interpretó como una afrenta.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos también señalan al Gobierno y lo acusan de atraer a los inversores adinerados que no hacen nada por el país, mientras que abandona a su suerte a los inmigrantes que llegaron durante los años de bonanza y hoy se encuentran sin empleo y sin vivienda. Los economistas y las asociaciones jurídicas recordaron que las adquisiciones de viviendas podrían servir para blanquear dinero. Durante los años de auge económico, estallaron en España varios escándalos inmobiliarios en los que estaban en juego importantes sumas de dudoso origen.

De momento, Paulo Portas, ministro de Exteriores portugués, no quiere revelar cuántos informes espera recibir el Gobierno de inversores interesados en un permiso de residencia portugués. No obstante, asegura que se cumplirán exhaustivamente las normas del espacio Schengen y que Portugal supervisará que sólo puedan obtener un permiso de residencia aquellos inversores que se encuentren "fuera de toda sospecha".