En lo que respecta a planes ambiciosos, no hay mucha demanda. ¿Que no hemos logrado el objetivo de conseguir 3.500 millones de euros de fondos estructurales en 2012? No importa: conseguiremos al menos 5.000 millones en 2013.

¿Y si fuéramos lo bastante realistas para nadar a contracorriente? En primer lugar, no hay que engañarse ya que, sean cuales sean los planes que se elaboren, la administración rumana no está preparada para gestionar los fondos europeos.

¿Y entonces? ¿Por qué Rumanía no puede plantear la idea de "externalizar" los grandes proyectos financiados por la Unión? Es decir, las grandes redes de infraestructuras de carreteras y ferroviarias, los proyectos de interconexión energética, de modernización de puertos fluviales y marítimos, esos programas cuyos efectos benefician al conjunto de la Unión.

La gestión de este tipo de proyectos podría recaer en la Comisión. ¿Acaso no dispone de los instrumentos necesarios para organizar procesos de licitación y supervisar su realización? Pues que los utilice, ya que tiene reservas de mano de obra y de recursos de sobra. Y si esto lleva tiempo, la gestión se podría dejar provisionalmente a los Estados miembros que sean contribuyentes netos del presupuesto. ¿Es necesario cambiar los tratados para hacerlo? Pues bien, propongámoslo.

Plan Marshall

Al fin y al cabo, ¿acaso a la Comisión y a los grandes países contribuyentes no les interesa una conexión más rápida entre el norte de Europa y los puertos del Danubio y del mar Negro? ¿Es que no le interesa la interconexión de las redes energéticas o incluso la construcción de parques industriales donde podrían instalarse sus empresas? Contribuiremos con nuestra parte de cofinanciación y como es evidente, en parte con nuestra legislación. Sería beneficioso para todos los europeos.

Por supuesto, las inversiones que financiarían la Estrategia 2020 tendrían que gestionarse desde el "centro", como prevé el ciclo presupuestario de 2014 a 2020: la Comisión es quien acordará los contratos con los Estados miembros y las regiones. Los Estados miembros se comprometerán a revisar su prioridad de inversión, según estos objetivos.

El paquete legislativo propuesto por Johannes Hahn, comisario encargado de Política Regional, armoniza las normas relativas a distintos fondos, dedicados, entre otros aspectos, al desarrollo rural, a los asuntos marítimos y a la pesca, para incrementar la coherencia de la acción de la UE. Entonces, partiendo de ahí, ¿por qué no ir más lejos y pedir que los proyectos de alcance europeo, dentro de una lista específica de prioridades, se gestionen también de forma "centralizada"?

El contribuyente alemán, neerlandés y sueco verá así que su dinero se utiliza de un modo más eficaz, que los gastos se controlan mejor que cuando lo hacen las autoridades de sus mismos países y que los fondos no acabarán en los bolsillos de las mafias balcánicas. Un mecanismo así se parecería más a un "plan Marshall" y conferiría a los ciudadanos europeos un mayor sentimiento de solidaridad y de comunidad de intereses. Por otro lado, los países beneficiarios tendrían ante sus ojos una auténtica guía de buenas prácticas para los demás proyectos, de menor envergadura, que seguirían siendo competencia de las autoridades locales.

Desarrollo, no un símbolo patético

Por supuesto que se puede replicar a este concepto haciendo alusión al argumento de la subsidiariedad: la decisión de utilizar los fondos europeos debe tratarse lo más cerca posible del beneficiario. En teoría, parece pertinente. Pero ¿qué hacer cuando, en nombre del beneficiario, las élites locales, que son en realidad mafias de clase alta, toman como rehén el poder de decisión? ¿Quién está más cerca del interés del ciudadano: la Comisión Europea o los barones locales?

Más cerca desde un punto de vista político, naturalmente, no desde un punto de vista geográfico. ¿Qué es mejor para el ciudadano: un derroche de los recursos en miles o incluso en decenas de miles de proyectos inacabados que alimentan las cuentas de empresas "amigas" y posteriormente, mediante retro-comisiones, las campañas electorales? ¿O un conjunto de proyectos que tengan un impacto real en Europa?

Una iniciativa así, procedente en parte de Rumanía y eventualmente de Bulgaria, podría resultar interesante en el contexto de una reforma de las instituciones europeas. Bruselas podría convertirse para los "contribuyentes" y los "beneficiarios", en un verdadero factor de desarrollo y no en el símbolo patético de una burocracia alejada de la realidad.

Sería una respuesta magnífica a las tendencias centrífugas de Reino Unido: una centralización del continente en la inversión para el desarrollo que contribuiría a reforzar la cohesión y, como es evidente, el mercado único. Y una "transferencia de soberanía" que los ciudadanos beneficiarios de los proyectos comprenderían y apoyarían.