Hablemos claramente: el principal instrumento de la lucha contra el calentamiento climático corre el riesgo de fracasar. Desde hace meses, el valor de los certificados de emisión de dióxido de carbono se hunde: contaminar la atmósfera con emisiones de gases de efecto invernadero resulta cada vez más barato. Porque el sistema de intercambio de derechos de emisiones está teniendo el efecto contrario al previsto: al principio, la escasez artificial [de los derechos de emisión] se suponía que haría que las emisiones de gases contaminantes fuera más costosa. Pero hoy existe una abundancia. Si no se actúa, el sistema de intercambio de derechos de emisión podría perder poco a poco su utilidad, hasta caer en una irrelevancia total.

A primera vista, la caída de los precios era parte de la lógica del mecanismo. Su piedra angular y su base lo constituye un límite en las emisiones de dióxido de carbono que se aplica a todas las fábricas y centrales eléctricas en todo el territorio europeo. Si los certificados escasean, los precios suben, por lo que resulta interesante invertir en instalaciones más respetuosas con el clima. En cambio, los que se niegan a modernizar sus instalaciones deben rascarse el bolsillo.

Evitar que el sistema caiga en los ridículo

Lo cierto es que es una idea genial. Si la economía se tambalea, los precios bajan, porque las emisiones descienden. El descenso actual de los precios se inscribe en un contexto de recesión que afecta a una gran parte de Europa y de reestructuración del abastecimiento energético. Cuanta más electricidad "verde" se inyecte en la red, más descenderá la demanda de certificados. Pero este aspecto es tan sólo una parte de la explicación a la reciente caída de los precios.

El verdadero problema del sistema europeo de intercambio de los derechos de emisión viene de lejos y su origen se encuentra especialmente en la acción de lobby intensiva y fructuosa llevada a cabo por la industria europea. Porque, desde el principio, las empresas dispusieron de grandes cantidades de derechos de emisión. Si les faltan, los pueden obtener en el extranjero a buen precio. En cuanto a las empresas que no los necesitan, los pueden atesorar para otra ocasión.

El resultado es que incluso el tercer "periodo de intercambios" del mecanismo, que se inició el mes pasado y llega hasta 2020, registra ya un excedente de cerca de dos mil millones de certificados según las estimaciones. Una cantidad que podría satisfacer las necesidades de la industria alemana durante más de cuatro años. El precio es de alrededor de cinco euros. En este contexto, la medida adoptada el martes por la Comisión "Medioambiental" del Parlamento Europeo se asemeja a una operación de rescate. A título excepcional, se retirarán 900 millones de certificados del mercado en los próximos años, con el fin de estabilizar los precios. Este tipo de intervención tardía resulta poco ortodoxa en un sistema regido por el mercado. Pero ante el estado actual de la situación, es la única forma de evitar que el sistema de intercambio de derechos de emisiones no caiga en lo ridículo.

Alemania sigue pasiva

Esta situación se deriva ante todo de la incapacidad de los europeos de adoptar la única medida coherente que se imponía, es decir, reforzar sus objetivos en la lucha contra el calentamiento climático. Hace cuatro años, los países miembros de la UE habían previsto reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero una quinta parte para 2020, teniendo como base de cálculo las emisiones de 1990. Pero este objetivo prácticamente se ha logrado. La acción lógica sería superarlo, y quizás desde 2013, no desde 2019. Se impondría un aumento del 30% de este objetivo. Aunque fuera únicamente para enviar un mensaje a las demás potencias industriales.

Pero Alemania desempeña una función mediocre en la materia. Puesto que antes era el país precursor en la lucha contra el calentamiento climático, ahora el Gobierno alemán podría apoyar las reformas en Bruselas. Pero no hace nada al respecto.

En muchos sentidos, demuestra ser un país corto de miras. Para empezar, porque con la caída del precio del CO2, las centrales de gas pierden terreno con respecto a las centrales de carbón que sin embargo son más perjudiciales para el clima, cuando existe una necesidad urgente de estas centrales y de flexibilidad en su funcionamiento para compensar las fluctuaciones de la producción eólica y solar. Además, el Fondo para el Clima, con el que el Gobierno alemán supuestamente apoyaría el giro energético, reducirá su presupuesto: sólo en el año 2013, podría perder 1.400 millones de euros, es decir, el equivalente a lo obtenido con la subasta de los certificados. Unos problemas que podría remediar fácilmente.

Pero en lugar de ello, Berlín observa pasivamente la decadencia del sistema europeo de intercambio de derechos de emisión, el único instrumento mundial en la lucha contra el calentamiento climático que se acerca al mercado. Y el único que se puede "globalizar": los demás países pueden sumarse a él sin problemas. Así lo ha hecho Noruega, mientras que Australia y Suiza están en conversaciones con la UE para hacerlo y China, Corea del Sur y California trabajan en dispositivos similares. Sería una catástrofe que Europa abandonara este mecanismo.