Rara vez los jefes de Gobierno de la UE se han mostrado tan unánimes como durante la cumbre relámpago sobre la evasión fiscal. No hay que dar ni el más mínimo margen de maniobra a los infractores, declararon. Es inaceptable que se someta a los contribuyentes honestos a exigentes curas de austeridad y a planes de rescate del euro mientras que un puñado de irresponsables incumplen sus obligaciones fiscales actuando bajo el anonimato o engañando a las autoridades mediante múltiples empresas o montajes fiscales.

De ahí el plan de acción acordado: transparencia en los datos bancarios y cierre de los paraísos fiscales. Entonces llegó la hora de las fanfarronadas, sobre todo de la boca del canciller [austriaco] Werner Faymann y de la canciller Angela Merkel, que ya están en fase de precampaña electoral. Por su parte, el primer ministro David Cameron no dejó de repetir que su país pretendía acabar con los paraísos fiscales. Claro que sí, David Cameron.

¿Quién se atrevería a oponerse a unos objetivos tan nobles? Nadie con sentido común y que se preocupe por el bien comunitario. Pero la cuestión realmente crucial es saber si los jefes de Gobierno, que dedicaron menos de dos horas a debatir la cuestión, son creíbles y en qué medida todas esas palabras se apartan de la realidad.

Sobran motivos que incitan a la risa

La respuesta es muy sencilla: son poco creíbles. Sus decisiones apenas son una recopilación de planes y proyectos de ley en curso, que ya están sobre la mesa (en algunos casos desde hace años), adornadas con fórmulas del tipo "es necesario suprimir los nichos fiscales". Dan incluso ganas de reírse cuando los primeros ministros ordenan a sus ministros de Finanzas que adopten de aquí a julio una legislación europea contra el fraude del IVA y que hace una semana han abandonado.

Las declaraciones del primer ministro irlandés, presidente del Consejo de la UE, que insiste en que su país no concede ventajas fiscales, también es motivo de risa. ¿Qué hay de Apple y las demás empresas?

Austria tampoco escapa a esta hipocresía fiscal, aunque el canciller repite hasta la saciedad que desea que se aplique lo antes posible un sistema de intercambio automático de datos bancarios. Su discurso no resiste la prueba de los hechos. Si realmente quisiera, el Gobierno podría decidir de inmediato que Austria renuncie a la derogación de la directiva europea [sobre el intercambio automático de datos]. Podría haberlo hecho desde hace tiempo. ¿Acaso hemos visto alguna propuesta en este sentido? En absoluto. ¿Por qué? Porque el Gobierno ha dado prioridad a un acuerdo sobre retenciones fiscales con Suiza y Liechtenstein en lugar de a la transparencia fiscal. Es comprensible: según las estimaciones, este año y el siguiente este acuerdo aportaría a las cajas alrededor de 1.500 millones de euros.