El Parlamento Europeo y el Consejo finalmente llegaron a un acuerdo el 29 de mayo sobre el nuevo paquete legislativo relativo a Schengen. Llegar a un compromiso siempre es algo positivo. De este modo, se ha dado luz verde a la nueva gobernanza del espacio sin fronteras internas, tras un bloqueo en el proceso durante un año y medio, debido a las divergencias en los puntos de vista entre el Parlamento y el Consejo.

Sin embargo, la cuestión es si la nueva gobernanza representa un avance o un paso hacia atrás. Es algo que, evidentemente, depende de la parte en la que nos posicionemos, pero también del modo en el que los Gobiernos europeos perciban el reciente compromiso.

Suspensiones sin sanción

Este sería el resumen del historial de esta cuestión: en 1985, siete países de la Comunidad Europea, la UE de entonces, firmaban en la pequeña localidad luxemburguesa de Schengen un acuerdo cuyo fin era abolir las fronteras interiores. Algo que en la práctica no se consiguió hasta 10 años más tarde. Desde entonces, se han adherido un buen número de Estados, incluso Estados que no son miembros de la Unión, como Noruega, Islandia, Suiza o Liechtenstein, de manera que hoy, el espacio Schengen incluye a 30 miembros, de los cuales 27 aplican realmente el acuerdo, mientras el resto se encuentra en transición.

Todo marchaba bien hasta que, en los últimos años, la presencia de una gran cantidad de inmigrantes empezó a molestar a parte de los autóctonos, algo ante lo que los políticos no podían permanecer indiferentes. La situación se agravó con la crisis económica y, por consiguiente, resultó urgente introducir nuevas normas en el espacio Schengen.

Durante este tiempo, algunos Estados miembros decidieron unilateralmente suspender el acuerdo. Fue el caso de Francia e Italia en la primavera de 2011, exponiendo como argumento la presión de varios millares de inmigrantes norteafricanos. O de Dinamarca, ese mismo año, por razones más bien electorales: llevarse algunos votos antes de las elecciones del otoño. A pesar del impacto mediático de la suspensión del acuerdo, el Gobierno de centro-derecha no llegó a ganar las elecciones. Por supuesto, la Comisión Europea no sancionó ni a Francia, ni a Italia, ni a Dinamarca.

Encontrar un punto medio

El nuevo sistema de gobernanza del espacio Schengen ha surgido del enfrentamiento de dos puntos de vista contrarios. El de los Gobiernos (el Consejo), que pedían más libertad para los Estados, para que pudieran volver a instaurar controles en las fronteras cada vez que lo estimaran necesario. Y el del Parlamento, que quería imponer condiciones estrictas a la suspensión unilateral del acuerdo, con el fin de defender el derecho de los ciudadanos europeos a la libre circulación.

Al final, el Consejo y el Parlamento han encontrado un punto medio. Los Estados miembros podrán volver a introducir controles en las fronteras durante un periodo máximo de dos años, cuando se consideren amenazados por una oleada masiva de inmigración. Las formalidades de acceso en el espacio Schengen para los ciudadanos externos a la UE (incluso los que no necesitan visado) se endurecerán y los viajeros deberán registrarse a través de Internet, según el modelo ya aplicado en Estados Unidos. La Comisión vigilará la aplicación de las medidas de reintroducción de controles, para evitar abusos. La nueva gobernanza entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

La eurodiputada rumana Renate Weber [ALDE, liberales], que ha dirigido las negociaciones en nombre del Parlamento Europeo en el ámbito del Código de fronteras Schengen, confía en que el acuerdo pueda fijar unas normas comunes para la reintroducción de controles y sólo en circunstancias excepcionales.

Al final ¿quién decidirá qué constituye una situación excepcional? Los Gobiernos, al menos al principio. Y aquí el riesgo reside en que la decisión no siempre se base en aspectos técnicos, sino también políticos. Las amenazas se pueden "exagerar" por motivos electorales, como sucedió con el caso de la "invasión rumana ", en Reino Unido (que sin embargo no se encuentra en el espacio Schengen) o el "asalto de grajos" en el que basaban su campaña los oponentes a la entrada de Suiza en el espacio Schengen.

Esta primavera, la Asociación de Ciudades Alemanas se quejó ante el Gobierno federal de que los inmigrantes, en especial los procedentes de Rumanía, ejercían una gran presión sobre los sistemas de protección social y obligaban a los Ayuntamientos a gastar demasiado. ¿Se puede considerar esto como una situación excepcional?

Cálculos políticos

En cualquier caso, según el comisario de Energía Günther Oettinger, Rumanía, junto a Bulgaria e Italia, es un país "casi ingobernable", una afirmación evidentemente exagerada (pues en todo caso podemos ser un país mal gobernado), pero que el Gobierno de Berlín no se ha molestado en desmentir. Y claro está, un país "casi ingobernable" genera inestabilidad regional, lo que conlleva un flujo de inmigrantes...

Todo esto no es sino una especulación, pero este ejercicio de imaginación demuestra que el reciente compromiso sobre el nuevo modo de funcionamiento del espacio Schengen puede ser un paso hacia delante, o hacia atrás, según la buena fe de los Gobiernos de los Estados miembros.

El acuerdo prevé que Rumania y Bulgaria no se consideren Estados candidatos al espacio Schengen, puesto que ya han obtenido los requisitos técnicos necesarios. Por otra parte, el nuevo mecanismo de evaluación ya no hace referencia a criterios como la corrupción y el crimen organizado, a veces mencionados por ciertos países como pretexto para bloquear el acceso de Rumanía y de Bulgaria al espacio Schengen. Por lo tanto, la adhesión de estos dos países podría ser más sencilla tras este compromiso y podemos considerar que, al disponer de un mecanismo que autoriza la reintroducción de controles, los Estados miembros se relajarán con respecto a los dos países del Danubio.

Pero también depende de los cálculos políticos en las capitales de los países miembros del Acuerdo y en menor medida, o incluso en absoluto, de la Comisión o del Parlamento Europeo...