En los vagones de primera clase no hay ni un asiento libre. Son las siete de la mañana de un jueves en el tren que une Zurich, el centro financiero suizo, con Berna, la capital. En casi cualquier país esta sería la imagen de un tren lleno, sin más. En Suiza no. En esta isla de prosperidad europea, los trenes y los atascos en algunas carreteras se han convertido para muchos suizos en claros síntomas de que algo falla, de que las costuras del Estado de bienestar se fuerzan más de la cuenta. Sienten, en definitiva, que en este pequeño país no hay sitio para todos y que, por lo tanto, ha llegado el momento de poner orden en las fronteras. Es un discurso que se escucha en la calle, pero también en los despachos oficiales, donde se hacen ahora eco de una agenda política con la que machaca desde hace años la extrema derecha.

Los suizos respaldaron ayer en referéndum con una amplia mayoría (79%) un endurecimiento de su ley de asilo. Suiza ha sido tradicionalmente un país muy generoso a la hora de acoger refugiados políticos en comparación con los países de la UE. El referéndum celebrado ayer es solo un paso en una batería de iniciativas con las que la clase política trata de dar respuesta a la creciente ansiedad ciudadana. La medida más sonada y la que ha enfadado a Bruselas ha sido la activación de la llamada cláusula de salvaguarda, por la que Suiza ha restringido los permisos de larga duración de los trabajadores de la Unión Europea, incluidos los españoles. En los próximos 18 meses, hasta tres referendos decidirán sobre la entrada de extranjeros en el país y contribuirán a redefinir la identidad de un país en el que los inmigrantes (23% de la población, la mayoría de ellos europeos, con los alemanes a la cabeza) han sido históricamente el motor de la economía.

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