La Unión Europea sufría desde hace tiempo una falta de legitimidad, pero con la crisis del euro, se ha agravado el problema. No existe ningún remedio milagroso que de repente consiga que la UE sea respetada, admirada e incluso popular entre muchos europeos. Sus instituciones se encuentran geográficamente lejos, son difíciles de comprender y a menudo están inmersas en intrincados tecnicismos.

A menos que los líderes de la UE se vuelvan más creíbles y legítimos a ojos de los votantes, algunas partes de la unión podrían empezar a desmoronarse. Por ejemplo, en algún momento, los Gobiernos de la eurozona podrían intentar reforzar su moneda dando importantes pasos hacia un sistema más integrado de política económica. Pero entonces, un Parlamento nacional, unas elecciones generales o un referéndum podrían bloquear esos pasos y amenazar entonces el futuro del euro.

Las instituciones políticas se ganan la legitimidad con sus resultados o porque así lo decide el electorado. Los resultados son los beneficios que aportan las instituciones. Los deseos del electorado se plasman en las elecciones, de modo que los que ejercen el poder deben rendir cuentas ante ellos. La crisis del euro ha debilitado ambas formas de legitimidad.

Los resultados no son en absoluto impresionantes. El crecimiento económico es negativo en gran parte de Europa, el desempleo en la eurozona supera el 12% y el desempleo juvenil en España y Grecia supera el 50%. Para muchos ciudadanos, los beneficios que aportan la UE o el euro no son nada evidentes.

El Parlamento Europeo como control

Mientras, la legitimidad que otorgan los electores se desdibuja. Dada la complejidad del proceso de toma de decisiones, puesto que el poder se comparte entre numerosas instituciones, las líneas de la responsabilidad en la UE nunca han estado muy claras. Pero la percepción del déficit democrático es un problema creciente para los países acuciados por las deudas en la eurozona. La “troika” no elegida, compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, ha obligado a una serie de Parlamentos nacionales a aceptar recortes presupuestarios y reformas estructurales. Las grandes decisiones sobre los programas de rescate en la UE las toman los ministros de Finanzas y los jefes de Gobierno de la eurozona.

Así pues, ¿qué se puede hacer para mejorar la legitimidad de la UE? Los líderes europeos deberían apresurarse y establecer una unión bancaria, para reforzar el sistema financiero; Alemania debería estimular la demanda, lo que contribuiría al crecimiento de las economías del sur de Europa; y la reforma estructural debería restablecer la competitividad de esas economías. El desempleo empezaría a reducirse, los líderes de la UE transmitirían una imagen de mayor competencia y se desvanecería el apoyo a los euroescépticos y los populistas.

Pero los líderes de la UE también tienen que conseguir que el poder se responsabilice de sus acciones. Para muchos eurodiputados, la solución es sencilla: cuando se tomen decisiones en el ámbito de la UE, el Parlamento Europeo debería ejercer un control democrático. Y en su opinión, si se toman más decisiones en el ámbito de la UE, el Parlamento debería tener más poder sobre ellas.

Sin embargo, el Parlamento, a pesar de su buen trabajo con ciertas leyes, no ha logrado convencer a muchas personas de que representa sus intereses. Muchos eurodiputados no tienen mucha conexión con los sistemas políticos nacionales. Casi siempre, la prioridad del Parlamento parece ser aumentar sus propios poderes. Siempre aspira a que se apruebe un mayor presupuesto de la UE y que la UE desempeñe una función más importante, pero hay pocas pruebas de que muchos votantes piensen igual. Eso puede explicar por qué, aunque el poder del Parlamento no haya dejado de aumentar desde las primeras elecciones en 1979, la participación ha ido descendiendo en cada elección (del 63% en 1979 al 43% en 2009).

Otro motivo por el que el Parlamento Europeo no puede ser el principal punto de control democrático en la toma de decisiones de la eurozona es que la mayoría del dinero de los rescates procede de los Parlamentos nacionales, no del presupuesto de la UE. Es cierto que las decisiones sobre los rescates y las condiciones que se les aplican las toman a nivel de la UE los jefes de Gobierno y los ministros de Finanzas. Pero sus decisiones las tienen que aplicar los Parlamentos nacionales, que por lo tanto desempeñan una función clave tanto en los países donantes como en los receptores: el Bundestag tuvo que aprobar el dinero para el rescate chipriota, mientras que el Parlamento de Chipre tuvo que votar la liquidación de los bancos de la isla.

La "tarjeta amarilla"

Hay motivos para que aumente la implicación de los diputados nacionales en el gobierno de la eurozona. En los últimos años, varios organismos “interparlamentarios” han empezado a unir a los diputados con los eurodiputados. Y el reciente tratado de estabilidad fiscal establecía una “conferencia” para que los diputados y los eurodiputados hablaran sobre política económica. Sin embargo, estas reuniones, aunque útiles, son meramente consultivas y no aportan a los diputados nacionales una participación suficiente en la UE.

Los diputados nacionales podrían conseguir que la UE se responsabilizara más de sus acciones de dos modos. En primer lugar, deberían reforzarse los vínculos entre los Parlamentos nacionales. El Tratado de Lisboa creó el procedimiento de “tarjeta amarilla”, en virtud del cual, si un tercio o más de los Parlamentos nacionales estiman que una propuesta de la Comisión infringe la subsidiariedad (la idea de que las decisiones se deben tomar en el menor nivel que sea compatible con la eficacia), pueden solicitar que se retire. En ese caso, la Comisión debe aceptarlo o bien justificar por qué desea seguir adelante. Este procedimiento, que hasta ahora sólo se ha utilizado una vez, podría convertirse en un procedimiento de “tarjeta roja”, con el que los Parlamentos nacionales pudieran obligar a la Comisión a retirar una propuesta. El hecho de que el ministro de Exteriores William Hague haya propuesto esta idea, al igual que Douglas Alexander, su homólogo en la oposición, no debería evitar que se considerara. Con un sistema similar, los Parlamentos nacionales podrían aliarse para que la Comisión propusiera la retirada de una ley superflua.

En segundo lugar, debería establecerse en Bruselas un foro parlamentario nacional. En vez de duplicar el trabajo legislativo del Parlamento Europeo, debería plantear preguntas y escribir informes sobre aspectos del gobierno de la UE y la eurozona que impliquen una toma de decisiones unánime. El foro podría supervisar al Consejo Europeo y cuestionar decisiones sobre política exterior y de defensa, o sobre policía y lucha contra el terrorismo. El nuevo organismo podría convocar reuniones de formato reducido para tratar cuestiones de la eurozona, sin los diputados de los países que no pertenezcan al euro, y votar sobre los paquetes de rescate. También podrían cuestionar o quizás designar al presidente del Eurogrupo. A largo plazo, los diputados se implicarían más en la UE porque aportan una legitimidad de la que a veces carecen los eurodiputados.