Últimamente se han visto algunos rostros abatidos en la mesa del consejo de ministros de David Cameron. Para disgusto de algunos compañeros euroescépticos, el tan anunciado análisis del Gobierno sobre las relaciones británicas con la UE ha dado unas respuestas que no eran las esperadas. Bruselas ni está anulando la democracia británica ni está asfixiando su economía con normativas innecesarias. Por mucho que irrite la realidad, la Unión parece servir a los intereses nacionales.

El Gobierno ha publicado el primer tramo de los informes del exhaustivo análisis que se ha realizado sobre la pertenencia a la UE de Gran Bretaña. El primer lote incluye estudios sobre el “equilibrio de competencias” en el mercado único, la política fiscal, la política exterior y de defensa, la seguridad alimentaria y el bienestar animal, la sanidad y el desarrollo. Dadas las sensibilidades políticas dentro de la coalición, pues el liberal demócrata Nick Clegg no comparte la hostilidad generalizada de los conservadores ante la mayoría de los aspectos europeos, la tarea se ha dejado en gran medida en manos de funcionarios neutrales.

El resultado es una serie de informes que cuentan la realidad tal y como es, desprovista de ideologías y de juicios políticos. Por este motivo, el primer ministro decidió aplazar la publicación hasta que los diputados conservadores hostiles a la UE se hubieran marchado de Westminster para disfrutar del descanso parlamentario. Clegg quería que los informes se publicaran en una conferencia de prensa ministerial. La oficina de Cameron insistió en que no debían presentarse a bombo y patillo.

Conclusiones en contra de las premisas

A los defensores de Europa que busquen un golpe de efecto a favor del status quo en la UE los informes les decepcionarán. Si bien dichos informes afirman que el mercado único ha aportado ventajas importantes a la economía británica, también reconocen la dificultad de cuantificar la ganancia. Y mientras las empresas apoyan la legislación equitativa necesaria para que funcione el mercado único, existe un menor consenso sobre las normativas medioambientales y sociales.

Sin embargo, lo más sorprendente es lo mucho que difieren las conclusiones del propósito original del análisis. El objetivo era conseguir un trampolín para la repatriación a gran escala de los poderes de la UE que tanto deseaban los euroescépticos como un requisito mínimo para seguir perteneciendo a la UE. Iain Duncan Smith, Owen Paterson y Philip Hammond se encontraban entre los ministros del gabinete que protestaron por el enfoque imparcial de los funcionarios. Durante unas conversaciones en Whitehall, un consejero de Hammond se quejó de que el informe sobre defensa y política exterior se inclinaba excesivamente hacia las pruebas.

De los informes se pueden sacar tres conclusiones en general. La primera es que el mercado único es el reflejo de la estrecha integración de las economías modernas. Las empresas dependen de las “cuatro libertades de circulación”: de bienes, servicios, personas y capital. Las cadenas de suministro transfronterizas, las normas comunes, la movilidad de la mano de obra y la fabricación en múltiples centros son la base de la actividad empresarial actual. Estos procesos dependen de estándares y normativas comunes.

Japón ha expresado abiertamente lo que otros países comentan en privado. La inversión extranjera (y los puestos de trabajo que genera) en Reino Unido depende del acceso a otros mercados en la UE. En un ámbito más mundano, la industria alimentaria de Gran Bretaña no funcionaría si sus complejas cadenas de producción transfronterizas no operaran según unas normativas uniformes. Y lo mismo sucede en otras industrias y numerosos servicios. La conclusión es que si Gran Bretaña saliera de la UE, la realidad económica obligaría al país a volver a adoptar la amplia variedad de normativas, sólo que en ese caso sin tener ni voz ni voto a la hora de definir las normas.

Los mercados complementarios

La segunda conclusión es que Europa y el resto del mundo son mercados complementarios para las empresas británicas. Prueba de ello es el caso de Vodafone. Con la entrada en vigor de las normativas sobre telecomunicaciones en la UE, la empresa pasó de ser un proveedor nacional a convertirse en un proveedor europeo y una vez establecida en Europa, logró sus ambiciones globales. Si miramos por el otro lado del telescopio, algunas empresas extranjeras como BMW se aprovechan de sus operaciones británicas para vender coches en mercados emergentes, una práctica que sólo es posible por los acuerdos comerciales de la UE con terceros países.

En tercer lugar, independientemente de su retórica, los Gobiernos británicos en muchas ocasiones optan por operar a través de Bruselas, aunque no tengan la obligación de hacerlo. De este modo, en lo relativo a política exterior y de defensa, ámbitos en los que las instituciones de la Unión son relativamente débiles, la mayoría de las veces los británicos se coordinan con sus socios de la UE. En otros sentidos, prefieren que la Unión amplíe sus competencias: parecería lógico que las decisiones sobre bienestar animal se tomaran a nivel nacional y sin embargo, Gran Bretaña aboga abiertamente por unas normas que se apliquen en toda la UE.

En general, los informes aportan bastantes ejemplos en los que la UE necesita aplicar reformas o en los que deberían aplicarse las normas nacionales en lugar de las europeas. Sin embargo, enfatizan lo difícil y costoso que sería para Gran Bretaña despojarse de lo que le aporta la interdependencia. La ideología de los euroescépticos ha chocado de frente con la realidad. No es de extrañar que Cameron esperara a la tranquilidad del descanso estival en el Parlamento.