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En el exterior de Jokkmokk [en el extremo norte de Suecia], en un bosque de arándanos rodeado de lagos y de turba, se está produciendo uno de los mayores pulsos de nuestra época.
Criadores de renos lapones, agencias de turismo, universitarios y jóvenes militantes ecologistas llegados del sur del país intentan, con los pocos medios de los que disponen, proteger el lugar llamado Kallak de los trabajos de voladuras en las minas y de las perforaciones. Y la intervención de la policía no ha mermado su espíritu combativo.
Por su parte, muchos vecinos del lugar esperan la luz verde de la administración. El consejo municipal, enojado, dejó claro que los métodos de los ecologistas no eran aceptables.
Sin embargo, no existe otro modo de detener los estragos que causa la industria minera. Desde 1992, Suecia cuenta con una legislación minera adaptada a medida para satisfacer los intereses de los empresarios. El objetivo es aumentar al máximo la producción de minerales. Los prospectores tienen carta blanca y la Inspección Nacional de Minas, bajo la autoridad de la Comisión Geológica Sueca, concede permisos a diestro y siniestro.
El doble juego de la administración
En la práctica, la administración de minas funciona como un proveedor de servicios en beneficio de la industria minera, aunque al mismo tiempo tiene la misión de vigilarla. La gestión realizada por la Inspección Nacional de Minas de un asunto de prospecciones irregulares que perjudicó a varios propietarios de terrenos en Jokkmokk ilustra el problema que plantea esta "doble función". Tras la última distorsión en la legislación, la administración dio un paso al frente para dar un "último aviso" a la empresa en cuestión, como si llamara al orden a un niño travieso.
El proyecto de cantera de piedra caliza de Ojnareskogen [un sector de bosque de la isla de Gotland, al sudeste de Suecia] es otro ejemplo de este problema. Al parecer, un alto responsable de la Comisión Geológica Sueca era también consultor de Nordkalk, una empresa asociada al proyecto, además de ser el coautor del informe de la administración sobre el proyecto, un documento fundamental presentado durante el estudio del impacto medioambiental. Todo el proceso estuvo envuelto en una serie de anomalías y si no hubiera sido por la desobediencia civil de los militantes ecologistas, el bosque hoy habría quedado arrasado.
[[Los ciudadanos no tienen ni voz ni voto en los proyectos de prospección minera de las empresas. Ni siquiera los propietarios de los terrenos afectados]]. Sólo pueden esperar que el estudio del impacto medioambiental sea desfavorable para la empresa en cuestión, para que ésta no pueda iniciar la explotación del lugar. El problema es que el estudio del impacto tiene lugar en la última fase del proceso, en un punto en el que ya se han invertido importantes sumas de dinero y ya se han creado grandes expectativas.
Los dirigentes políticos esperan que la intensificación de la explotación minera estimule la economía sueca, sobre todo en las regiones poco pobladas. Resulta aún más curioso que el Estado no reclame una parte de las materias primas. Cuando se empieza a explotar una mina, el Estado sólo tiene derecho a un 0,05% del valor de los minerales. A modo de comparación, en Ghana el Estado obtiene un 5%, en la India, el 10%, y las provincias canadienses alrededor del 15% en impuestos equivalentes. Por su parte, Australia introdujo un impuesto minero específico que asciende al 30% de los beneficios.
El Estado asume los riesgos
En Suecia, las empresas mineras sólo pagan el impuesto de sociedades, que acaba de revisarse a la baja y del que pueden librarse fácilmente las multinacionales. Queda el impuesto sobre la renta de los empleados de la empresa que, en el mejor de los casos sólo son unos centenares, durante los diez o treinta años que dura por lo general la explotación de una mina.
Al mismo tiempo, en las infraestructuras mineras se realizan grandes inversiones públicas. Cuando el Gobierno presentó los esfuerzos realizados en este sector el pasado otoño, el primer ministro explicó que nuestras minas eran el equivalente al petróleo de Noruega. Un discurso absurdo, cuando sabemos que en realidad es exactamente al contrario. La estrategia de la política noruega con las materias primas consiste precisamente en no dar prioridad a la explotación sin ton ni son, sino al beneficio económico a largo plazo. Un concepto que han adoptado la mayoría de países productores de minerales.
Las repercusiones en el medio ambiente de decenios de explotación de una mina pueden extenderse varios siglos. No se puede rehabilitar una montaña convertida en un queso de Gruyère, como tampoco se pueden evitar totalmente los riesgos medioambientales. Aunque las empresas son oficialmente las responsables de limpiar después de sus operaciones, siempre es el Estado el que asume más riesgos. La limpieza de la mina de Blaiken, no lejos de Storuman [al norte de Suecia], que dos empresas que quebraron dejaron como un colador, costará 200 millones de coronas [23 millones de euros].
En 2008, la Agencia Sueca de Protección Medioambiental evaluó que el coste de la limpieza de las antiguas minas y del tratamiento de sus residuos se situaba en un tramo de entre 230 y 350 millones de euros. Es imposible determinar a cuánto ascenderá la futura factura del auge minero que vive hoy Suecia. En cualquier caso, podemos suponer que las perforaciones que están acabando con los últimos espacios silvestres de Europa algún día se considerarán monumentos a la estupidez de la especie humana.
