Entre octubre de 2008 y octubre de 2010, la Comisión Europea aprobó ayudas estatales para los bancos de hasta 4,589 billones de euros, el equivalente al PIB de Rumanía en 45 años. No se sabe cuántas de estas ayudas estatales han pasado desapercibidas, porque la Comisión ha sido (demasiado) generosa con este tipo de financiación. En 2008, se gastaron mil millones de euros para salvar a los bancos y en 2009, 250 millones. Para los demás sectores económicos en conjunto, las ayudas estatales aprobadas durante el mismo periodo se elevaban a 73.000 millones de euros, es decir, 60 veces menos.
Las ayudas del Estado representan el apoyo que conceden a las empresas las autoridades públicas, con dinero público. Se conceden según las decisiones de la administración, decisiones fundamentalmente anti-competitivas y opacas y sobre las que no se consulta a los ciudadanos. Sin saberlo, el contribuyente europeo está implicado, al límite de la legitimidad, en este esfuerzo de rescate de los bancos.
El contribuyente no se limita a pagar impuestos, también es un ciudadano. Y el ciudadano tiene derechos, no sólo obligaciones. Antes de hacer que se solidarice con los bancos endeudados al borde del hundimiento y antes de asociarlo a los riesgos que implican sus enredos, el ciudadano debe tener en primer lugar la seguridad de que se garantizan sus derechos, o al menos la esperanza legítima de que será así.
Responsabilizarse de las malas inversiones
Aceptamos pagar impuestos porque esperamos que el Estado financie correctamente y a tiempo el sistema educativo, el sanitario, el orden público, la justicia y la defensa. Los grandes déficits en estos sistemas, porque el Estado ha considerado prioritario el rescate de los bancos ante la quiebra, invalida el sentimiento de deber que tienen los ciudadanos de pagar sus impuestos. No queremos pagar impuestos para que el Estado los desperdicie en los agujeros negros de un sistema financiero que (aún) se guía por el lema "greed is good" (la codicia es buena).
Contribuimos a los sistemas de seguridad social porque esperamos que, cuando los necesitemos, estos sistemas nos ayuden con dinero y prestaciones sociales que nos permitan salir de una dificultad o de llevar una existencia decente en caso de invalidez, de enfermedad, de permiso maternal, de accidente, etc.
Estas prestaciones sociales, financiadas desde hace tiempo y por adelantado por los contribuyentes, son más importantes que la necesidad de salvar un sistema financiero responsable de su propia crisis y que, en su conjunto, saca de todos modos beneficios con diversos chanchullos en el trading, en los mercados de cambio, con ayudas estatales o manejando con destreza el dinero virtual.
Los bancos y sus acreedores, incluidos los poseedores de obligaciones, deben correr con el riesgo de las malas inversiones. Son profesionales del riesgo, que saben evaluar el riesgo de una inversión y los recursos necesarios para asumirlo. Especulan incluso sobre la evolución de los acontecimientos, aceptando en todo momento la posibilidad de perder y por lo tanto, no se puede ni se debe protegerles.
En cambio, los particulares no tienen los mismos medios que los bancos. Es el motivo por el que son los destinatarios exclusivos de las leyes de protección (como inversores, ahorradores, consumidores o contribuyentes).
¿Quiebra del Estado o quiebra de los bancos?
Los bancos no son los únicos acreedores del Estado: los ciudadanos también lo son. De hecho, los ciudadanos son los acreedores más importantes y más numerosos. Recapitulemos. Irlanda no ha querido dejar que sus bancos quiebren y los ha salvado, pagando alrededor de 60.000 millones de euros, lo que ha producido el déficit del 32% del PIB.
Ahora, como Estado, está en quiebra y bajo el control de los acreedores financieros, ya no de los ciudadanos irlandeses. Por el contrario, Islandia aceptó que sus bancos quebraran. Así, sus deudas han corrido a cargo de sus acreedores. Los islandeses no se han visto directamente afectados, aunque de todos modos sí les haya perjudicado la crisis.
Islandia incluso organizó un referéndum, por el cual los ciudadanos rechazaron el rescate de los bancos. No se han dejado impresionar por expresiones como "too big to fail" (demasiado grande para quebrar), ideadas para manipular la mente.
Su presidente, Olafur Grimsson dijo entonces: "¿Cómo vamos a obligar a la gente a pagar por los errores de los banqueros?" Es una buena pregunta para un presidente, para un primer ministro, para un gobernador. Tanto en Rumanía como en cualquier otro lugar.
Islandia
La Haya y Londres conceden un aplazamiento a Reikiavik
Islandia, Reino Unido y Países Bajos han llegado a un nuevo acuerdo sobre el pago por parte de Reikiavik de los aproximadamente 3.800 millones de euros que le prestaron La Haya y Londres en 2008, para garantizar los depósitos de sus residentes en el banco islandés Icesave, que acababa de hundirse. La partes han decidido que "Islandia tendrá hasta 2046 para devolver el préstamo", tal y como titula el diario Trouw. Además, el diario recuerda que los islandeses rechazaron un primer acuerdo el pasado mes de enero en un referéndum. El nuevo acuerdo establece que Islandia deberá pagar en un plazo de 30 años y a partir de 2016 los 1.300 millones de euros que le prestó Países Bajos con un tipo de interés del 3%, y los 2.500 millones de euros que le prestó Reino Unido, con un interés del 3,3%. El diario Trouw estima que la solución es "equilibrada", dado que Islandia aún no ha salido de la crisis.