El seguimiento de las comunicaciones, de la navegación por Internet, de las compras online, ha constituido la principal fuente de información de los servicios secretos estadounidenses, y más en general, de la mayoría de grandes potencias mundiales. Se trata de un movimiento que se ha intensificado de forma indefinida, unido a la curva que no deja de aumentar de ventas de teléfonos móviles, smartphones, ordenadores, tablets, con tantos protocolos interconectados que favorecen la generación exponencial de datos, y que sigue los abismales volúmenes que se recogen con el término Big Data.

Lo que exponen las sucesivas revelaciones del asunto "Prism", no es tanto el hecho de que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense interceptara datos de todos lados (es algo que sabíamos al menos desde que saliera a la luz la red Echelon a finales de los años ochenta 1980) sino más bien la gigantesca magnitud de las recopilaciones realizadas con medidas y modos que no sólo desafían en muchas ocasiones al derecho, sino que superan en cierto modo nuestro entendimiento.

Si la conciencia en contra de estas prácticas hasta entonces se manifestaba de diversas formas a través de ciudadanos y asociaciones, sin una proyección a la altura de lo que estaba en juego, ahora podemos considerar la información revelada por Edward Snowden y transmitidas por Glenn Greenwald como un punto de inflexión histórico y decisivo: el del despertar de una conciencia global dispuesta a enfrentarse activamente a la imperiosa necesidad de enmarcar las prácticas de recopilación, de conservación y de uso de los datos personales.

Modificar las normas de gobernanza

El primer signo claro se refleja en la voluntad que ha expresado Brasil, bajo la iniciativa de su presidenta Dilma Rousseff (tras las revelaciones mencionadas antes), en asociación con otros países emergentes y otros miembros de los BRICS, para modificar las normas de gobernanza de Internet, que se encuentran bajo una clara influencia estadounidense. Es un proyecto que será objeto de arduas luchas geopolíticas en los próximos meses.

Está claro que el asilo de Edward Snowden en Rusia forma parte de un gesto cuyo objetivo es dar a conocer abiertamente unas nuevas relaciones de fuerza en la compleja geopolítica de Internet

Ahora bien, lo que no se ha dicho es que una Internet que implique a China, Rusia u otros países con regímenes más o menos liberticidas en un órgano de regulación de apariencia multipolar ganaría en transparencia; podemos apostar sin arriesgarnos que probablemente se produzca un efecto contrario al final. En este sentido, está claro que el asilo de Edward Snowden en Rusia forma parte de un gesto cuyo objetivo es dar a conocer abiertamente unas nuevas relaciones de fuerza en la compleja geopolítica de Internet y de los datos, más que preocuparse por enmarcar las prácticas de las agencias de inteligencia.

Desde mi punto de vista, la Unión Europea es la que a partir de ahora debería desempeñar una función determinante en la gobernanza de Internet y todos los desafíos que plantean los datos personales. Si el proyecto que se definió en el año 2000 en Lisboa para hacer de Europa la "primera potencia económica del conocimiento" fracasó por múltiples motivos, quizás ahora sea responsabilidad de nuestra vieja Europa el asentamiento de las bases futuras de una "Web 3.0", capaz de ofrecer un "entorno digital responsable y compartido", basado en la capacidad de cada persona de gestionar los datos susceptibles de recopilarse a través de sus usos.

Marcar los límites

También es responsabilidad de Europa marcar unos límites, no como una reacción de desengaño por su retraso tecnológico, sino en nombre de su "madurez democrática". Unos límites que exijan unas cláusulas de consentimiento por parte de los usuarios y que se limitaran a un número reducido de capítulos y signos, de modo que el acuerdo se realizara con pleno conocimiento de causa. Unas normativas que favorezcan la generalización de la práctica del opt-in en detrimento del opt-out, es decir, dejar de sufrir las opciones impuestas de forma predeterminada y poder marcarlas voluntariamente, sobre todo las relativas a la venta de los datos a terceros.

Por último, Europa debe implicarse en la adopción de políticas públicas destinadas a apoyar una "innovación ética", que favorezca la elaboración de nuevos modelos industriales para no monetizar sin fin la memorización de nuestros comportamientos.

El concepto open data, es decir, la disponibilidad de los datos públicos para su explotación por una infinidad de servicios, debe poder representar el laboratorio activo de una economía europea digital que se base en un estricto respecto del derecho, en la implicación responsable de la potencia pública y en la libre empresa preocupada por la integridad inviolable de las personas. Además de que esta perspectiva plantea nuevos horizontes económicos, es más susceptible de que se adopte en otros territorios, con lo que se contribuye a fundar otra "ecología global", consciente tanto de los efectos nefastos o de los "recalentamientos" generados por los excesos como de las virtudes potencialmente fructíferas que se presentan gracias a un ecosistema revitalizado por una ética compartida.