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La redacción de Népszabadság expresa su posición en la portada de hoy del periódico: con la entrada en vigor de la nueva ley de medios de comunicación[el 1 de enero], la libertad de prensa ha muerto en Hungría. Lo decimos también en las otras 22 lenguas oficiales de la Unión, para que todo el mundo lo entienda. Se trata de una afirmación extremadamente grave, más que ninguna otra que haya realizado nuestro periódico en los últimos 20 años, y de un instrumento de protesta al que nunca antes habíamos recurrido. Es preciso, pues, que demos algunas explicaciones.
Estamos convencidos de que esta ley de medios de comunicación, a pesar de todas sus denegaciones, sirve en el fondo a los designios autoritarios del Gobierno de la coalición FIDESZ-KDNP [una alianza entre el partido de centro derecha del primer ministro, Víctor Orbán, y el partido democristiano, en el poder desde abril de 2010] al crear las condiciones necesarias para controlar, castigar y, en último término, eliminar a toda persona que no comparta su opinión.
Hoy en día, todos juran que las multas sólo se aplicarán con buen criterio. [Las multas pueden ascender a 5 millones de florines (18.000 €) en el caso de un comentarista y a 25 millones (89.700 €) para el periódico en caso de reincidencia]. Uno de los delegados de FIDESZ ha sugerido, sin afirmarlo, que ningún periódico será sancionado por sus opiniones políticas. Sin embargo, si se trata de un malentendido, ¿no habría sido mejor retirar este párrafo de la ley, teniendo en cuenta el clamor internacional de protesta, sin precedentes en la historia de Hungría?
Tal y como están las cosas, los cinco miembros del Consejo de Medios de Comunicación, escogidos exclusivamente entre los miembros del FIDESZ, pueden imponer una multa a una redacción con cualquier pretexto: por considerar que un artículo no es objetivo, o porque no les gusta algo que decimos de una persona de su partido, aunque sea verdad. El periódico puede acudir a los tribunales para solicitar la suspensión de la multa y demostrar su inocencia. ¿Pero en base a qué criterios resolverá el tribunal? Lo ignoramos. La multa será suspendida o no. Todas las alternativas son intolerables: el Consejo de los Medios de Comunicación aplicará estas medidas, o no las aplicará, sancionará a un periódico con una multa tal vez fatal, o no lo sancionará. Se trata de una garantía demasiado pobre en un país donde hasta el día de hoy todo el mundo ha podido obtener indemnizaciones por daños y perjuicios causados por la prensa.
No hacía falta ninguna instancia especial para conseguirlo. Tampoco la de un defensor del pueblo para los medios de comunicación, que a partir de ahora sólo responderá ante el presidente del Consejo de los Medios de comunicación y que podrá abrir procedimientos contra cualquier redacción, a su capricho: si así lo desea, puede reclamar un documento, y si no se le entrega, la multa puede ascender a 50 millones de florines [el Consejo puede exigir también que un medio de comunicación revele sus fuentes, además de disponer de un derecho de registro]. Puede abrir un procedimiento o no hacerlo. Puede imponer una multa o no hacerlo. ¿Por qué la ley de los medios de comunicación deja abiertas tantas cuestiones, si no es para aprovecharse de ello? Todas estas disposiciones son una espada de Damocles que pende sobre los periódicos.
Pero quienes desean mostrar la realidad actual deben hacerse respetar. El Gobierno nos presenta un mundo perfectamente definido a través de los amordazados medios de comunicación públicos: allí reina el orden y la seguridad, se respetan las pensiones y Pál Schmitt [el presidente de la República]es la personalidad más autónoma que existe. En cuanto a esta ley de los medios de comunicación, “está en perfecta conformidad con los reglamentos europeos”. Nosotros, en cambio, desearíamos seguir mostrando el mundo en el que vivimos. Lucharemos por seguir haciéndolo, aunque tengamos que mostrar una única noticia en portada, siempre que esta sea de vital importancia: en Hungría, la libertad de prensa ha desaparecido. Pero no la pueden destruir.
Contrapunto
¿Las críticas? Un complot socialista
“Tanto en Washington como en París, Londres y Berlín, los periodistas temen por la UE por culpa de un país de Europa del Este que pisotea la libertad de prensa”, constata el editorialista István Pataky en Magyar Nemzet. No obstante, el periodista de este periódico afín al partido del primer ministro, Víctor Orbán, considera que “la mayor parte de los ataques dirigidos contra Hungría en el momento en el que asume la presidencia de la UE proceden de la izquierda europea, motivados, como tantas otras veces en el pasado, por un viento surgido de Budapest” y de los socialistas húngaros en el poder entre 2002 y 2009.
“No seamos ingenuos”, razona István Pataky. “Si no existiera esta ley sobre los medios de comunicación, cualquier otra medida habría servido de pretexto para que la maquinaria, bien engrasada, se pusiera en marcha en la fecha prevista. Ignoro cuántos almuerzos han organizado nuestras embajadas para explicar a la prensa esta ley sobre los medios de comunicación y compararla con las leyes europeas. Los agregados de prensa pueden estar seguros de que la estrategia húngara sobre el Danubio y el proyecto de inserción de los gitanos serán asuntos periodísticos menos populares que la ley de medios de comunicación, lo cual no impedirá que la presidencia húngara sea eficaz y el éxito no requerirá explicaciones”.
Resulta extraño en todo caso que los comentaristas occidentales, que no pestañearon cuando un grupo de manifestantes pacíficos fueron disueltos a golpes por la policía en el centro de Budapest [en octubre de 2006, cuando los socialistas dirigían el país], generalicen ahora a partir de una ley de medios de comunicación. Citando a Jan Mainka [fundador de Budapester Zeitung y redactor jefe de The Budapest Times, residente en Hungría desde 1988]: “¿Dónde estaban todos estos hungarófilos autoproclamados durante los últimos ocho años para poner en guardia al mundo cuando este país se hundía en la corrupción y la mala gestión?”
