El mes pasado, viví una curiosa experiencia en un restaurante del centro cultural de Šalčininkai, una ciudad situada en el extremo sureste de Lituania. Dado que tres cuartas partes de la población son de origen polaco, creí que iban a dirigirse a mí en dicho idioma para servirme, pero no fue así. Los menús estaban escritos exclusivamente en lituano, una lengua que sólo comprenden los nativos. La camarera no fue a buscar un menú en polaco tras el mostrador hasta que me oyó hablar esta lengua.

Al principio, creí que se trataba de una coincidencia, pero una semana más tarde, en Letonia, entablando conversación con una persona perteneciente a la minoría étnica rusa, me enteré de que en el Ayuntamiento de Riga las informaciones se comunican en las principales lenguas de la Unión Europea, pero no en ruso, un idioma hablado por la mitad de sus habitantes. Para los rusos, hay otro montón de prospectos almacenados tras el mostrador. Si se intenta averiguar por qué, a uno se le explica que el ruso no es una lengua oficial de Letonia, y por tanto tampoco de la UE.

Prohibido escribir en polaco

He aquí un hecho más que constata la manera deplorable en que los Estados bálticos tratan a sus minorías étnicas. En este sentido, las que habitan en Letonia y Estonia se llevan la peor parte. Únicamente aquellos que pasan un examen lingüístico pueden convertirse en residentes de estos países. Transcurridos casi 20 años del desmantelamiento de la Unión Soviética, alrededor de la mitad de los miembros de la minoría étnica rusa aún siguen siendo apátridas.

Así, mientras que en las últimas elecciones municipales de Riga los emigrantes de toda la Unión Europea pudieron votar, los rusos, nacidos y criados en el país, no pudieron ejercer su derecho al voto. Este tipo de situación podría comprenderse hace algunos años, sobre todo en Letonia, donde la minoría étnica rusa representa al menos una cuarta parte de la población y se le considera aún una especie de quinta columna. Pero 7 años después de la entrada de Letonia en la UE y en la OTAN, quizá ya sea hora de modificar la legislación.

Sin embargo, la probabilidad de una mejora rápida de la situación es escasa. Y no se puede contar mucho con la ayuda del extranjero. Una organización como la Unión Europea, que no cesa de evocar los valores democráticos, hace oídos sordos cuando se trata de los derechos de las minorías en los Estados bálticos. El mes pasado, sin ir más lejos, un portavoz del Tribunal Europeo de Justicia estimó que Lituania tenía derecho a “lituanizar” el nombre de sus habitantes polacos. Para hacerse una mejor idea de la situación, conviene saber que en Lituania está prohibido escribir en polaco, incluso en los municipios mayoritariamente polacos.

Nadie toma en serio a Bruselas

Y en Letonia la Unión Europea también se niega a dar ejemplo. El centro de información del Parlamento Europeo solicitó recientemente a un ciudadano ruso, residente letón además, quien me confió sus inquietudes respecto a la política lingüística del consejo municipal de Riga, que animara un debate sobre la historia de Letonia. En el último momento, se le pidió de repente que no se molestara. “No es porque sea ruso, sino porque no es letón”, se le argumentó. Y buscaron un “verdadero” letón para sustituirle.

En Hungría, durante estas últimas semanas, Bruselas volvió a quedar retratada por su gran laxismo en materia de protección de derechos elementales. El mismo día en que el Parlamento de Budapest aprobaba una ley controvertida relativa a los medios de comunicación, la Comisión Europea accedía a la demanda del Gobierno populista de prolongar por tres años la prohibición de vender tierras agrícolas a los extranjeros.

Y en Bruselas aún se sorprenden de que nunca los tomen en serio.