Desde comienzos del año, miles de húngaros de Rumanía han iniciado los trámites para obtener la nacionalidad húngara. Entre los primeros solicitantes se encuentra el opositor político László Tõkés, cuyo arresto en 1989 fue la chispa que desencadenó el derrocamiento del régimen de Nicolae Ceaucescu. Tras él harán lo mismo los húngaros de Eslovaquia, los de la Voivodina serbia e incluso los de la Transcarpacia ucraniana. Con esta operación, Budapest podría conseguir 2,5 millones de nuevos ciudadanos, según el número estimado de la minoría húngara en los países vecinos.

En mayo de 2010, el Parlamento de Budapest adoptó casi por unanimidad una nueva ley sobre ciudadanía. Desde el 1 de enero, puede obtener a la nacionalidad húngara cualquier persona, excepto ex delincuentes, siempre que puedan demostrar sus orígenes magiares por sus padres o abuelos y hablen húngaro. A menos que se instalen en Hungría, los nuevos húngaros no tendrán derecho de voto ni derechos sociales.

Un saqueo demográfico de tipo medieval

El lanzamiento el 1 de enero de la operación "pasaporte" pasó casi desapercibido, eclipsado por otras medidas polémicas de Viktor Orbán. Es una pena, porque no es otra cosa que un saqueo organizado de las poblaciones de los países vecinos, algo más propio de la Edad Media que de las sociedades desarrolladas postindustriales.

El factor humano se ha convertido en un recurso de gran valor, debido al hundimiento demográfico de Europa. Cada trabajador que aumente el PIB y que subsane las carencias de una población en declive es un factor potencial de crecimiento. Todos los países que aplican una política activa de adquisición de ciudadanos registran un índice de fecundidad inferior a la media europea de 1,5 hijos por mujer: en Hungría y en Rumanía, este índice es del 1,3, en España, del 1,4. Estas cifras están lejos de los 2,1 hijos por mujer necesarios para garantizar la renovación generacional.

Ciudadanos cercanos en apariencia y comportamiento

El deseo de no vivir la mala experiencia de los países de Europa Occidental, que tienen dificultades para integrar a sus inmigrantes de orígenes culturales demasiado alejados, reorienta la política de inmigración. No se trata simplemente de buscar mano de obra, sino de conseguir nuevos ciudadanos entre los compatriotas repartidos por otros países por los avatares de la historia, pero que son cercanos en apariencia y comportamiento.

Budapest no es la primera capital que hace un llamamiento para que regresen sus compatriotas. Esta política también funciona muy bien en Rumanía. La ley en vigor desde 2009 ofrece el derecho a la nacionalidad rumana a todos los descendientes de los ciudadanos del Estado rumano de antes de la guerra. Tras la adhesión de Rumanía a la Unión Europea, más de un millón de ciudadanos moldavos (que constituyen el principal grupo al que atañe la ley rumana), es decir, un cuarto de la población del país, han presentado la solicitud de pasaportes rumanos.

En este contexto, vuelve el recuerdo lejano de las bandas de mercenarios contratadas por los magnates húngaros y establecidas hasta el siglo XVIII al norte de los Cárpatos, con la única misión de cazar hombres. Se saquearon pueblos enteros y las poblaciones se desplazaron como si fuera ganado hacia el sur, donde los húngaros los amontonaban en sus tierras. En el norte se actuaba del mismo modo.

Durante la guerra entre Rusia y la República de las Dos Naciones [la república federal formada en 1579 a partir del Reino de Polonia y del Gran Ducado de Lituania hasta 1795), en los años 1650, cerca de tres cuartos de los campesinos lituanos fueron capturados por las tropas rusas y deportados hacia la Rusia profunda para desarrollar el país. Es lo mismo que ocurre actualmente, con la única diferencia de que (por suerte) ha cambiado el método y el discurso oficial.

¿Con quién llenar el agujero demográfico?

Los motivos de los húngaros y los rumanos se deben ante todo a la lógica nacionalista. Los primeros se basan en la política del pasaporte para borrar la vergüenza del Tratado de Trianon de 1920, que les costó tres cuartos del territorio. Por su parte, los rumanos pretenden vengarse por la pérdida de Besarabia (actual Moldavia), que en 1940 pasó a formar parte de la URSS.

En el caso de España, la caza de nuevos ciudadanos pretende ser un elemento reparador de la historia, pero se basa en un razonamiento totalmente distinto al que anima a los húngaros y a los rumanos. En 2008, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la ley que instaura el derecho al pasaporte a todos los descendientes de ciudadanos españoles que huyeron del país durante la Guerra Civil, o a causa de la represión de la dictadura del general Franco. Hasta ahora, alrededor de medio millón de personas han obtenido el pasaporte español, incluyendo a los descendientes de refugiados procedentes de Cuba, de Argentina y de otros países de Latinoamérica.

Ante esta tendencia, Polonia pone mala cara. Sin embargo, potencialmente disponemos de una reserva de polacos en el Este, mientras sufrimos al igual que los demás países europeos el hundimiento demográfico. La repatriación de los años 90, o la Carta Polaca [Karta Polaka, un documento oficial establecido por una ley votada en 2007, que confirma la pertenencia a la nación polaca de ciertas personas, aunque no tengan ni nacionalidad polaca ni permiso de residencia], no se pueden comparar a las medidas adoptadas por Hungría, Rumanía y España. Si no queremos polacos o eslavos del Este que se parezcan a nosotros, siempre podremos contar con vietnamitas dispuestos a llenar nuestro agujero demográfico. Depende de nosotros.