Suecia, que acaba de asumir la presidencia de la Unión Europea para los próximos seis meses, trata de convencer a sus socios europeos para que sigan su ejemplo e instauren una tasa sobre el carbono. “A la hora de reducir las emisiones, una tasa sobre el carbono resulta mucho más eficaz que el sistema de intercambio de cuotas”, asegura Andreas Carlgren, el ministro sueco de medio ambiente. “Pero atención,” precisa Mattias Johansson, portavoz del ministerio, “no se trata de una tasa europea. Cada país tendría potestad para establecerla. Habría un nivel mínimo, y la tasa sería recaudada por los Estados, siguiendo el mismo principio que el IVA.”

En 1991 los suecos establecieron una tasa sobre el carbono aplicada al consumo de energía. Las cifras bastan para responder a los escépticos que afirman que este impuesto frena el crecimiento: desde la implementación de la tasa, las emisiones suecas de gases de efecto invernadero experimentaron una reducción del 9%, mientras que el crecimiento económico en el mismo periodo fue del 48%. “Esta tasa no frena en absoluto el crecimiento”, constata M. Hohansson. A través de la tasa sobre el carbono, el Estado sueco percibe anualmente 15.000 millones de coronas (1.400 millones de euros). Al entrar en vigor en 1991, la tasa era de 27 euros por tonelada de CO2, hoy alcanza los 108 euros por tonelada.

Los sucesivos aumentos de las tasas sobre los carburantes han tenido como resultado una reducción de las emisiones de CO2 procedentes de los transportes, un fenómeno que se debe fundamentalmente a los vehículos particulares. Entre 1990 y 2005, la reducción anual registrada oscilaba entre 1,5 y 3,2 millones de toneladas. El Gobierno sueco insiste en que sus ciudadanos figuran entre los europeos que producen menos emisiones de CO2 (6,7 toneladas por habitante y año, frente a las 9,3 toneladas de media en la UE).

En Estocolmo estiman que la tasa sobre el carbono, además de ser fácil de administrar, transmite un mensaje político claro: quien contamina, paga. “Siempre hemos propuesto bajar las tasas sobre el trabajo y aumentar en su lugar las tasas sobre las emisiones de CO2. Es lo que venimos haciendo de manera progresiva, aunque consideramos que la tasa sobre el carbono es aún demasiado baja en Suecia,” afirma Anders Grönvall, portavoz de una de las organizaciones ecologistas más influyentes del país, quien hace notar que el gobierno actual de centroderecha no había adoptado la tasa sobre el carbono hasta hace muy poco tiempo.

Suecia se encuentra en una situación más favorable que la de muchos otros países, ante todo porque su dependencia del petróleo es menos acusada. Una de las razones radica en que la energía nuclear y las centrales hidroeléctricas producen conjuntamente la casi totalidad de la electricidad sueca. Además, Suecia es, junto con Finlandia, el país que utiliza más combustibles no fósiles, principalmente biomasa forestal. Los combustibles extraídos de recursos renovables —como el etanol, el metano, los agrocarburantes, la turba y los desechos— están exentos de la tasa sobre el carbono, lo cual promueve el uso de la biomasa en la calefacción y la industria. Desde que la tasa entró en vigor, cada vez son menos las viviendas con calefacción de fuel.

Hace algunos años, el gobierno socialdemócrata propuso que Suecia se convirtiera para el año 2020 en el primer país del mundo totalmente independiente del petróleo. El gobierno actual todavía no ha hecho suya la idea.