Entre los resultados alcanzados por los Estados miembros con el establecimiento de Frontex, hace diez años, se encuentra precisamente el de haber dado forma un enemigo que no existe, y haber reforzado la idea de que el enfoque militar para cuestiones relacionadas con la migración y el asilo no sólo es justo, sino inevitable. Si hemos llegado ahora a hablar de operaciones militares contra las personas que huyen de la guerra y la miseria (porque eso es realmente lo que están a punto de hacer en Libia los países de la UE, agitando el espectro de traficantes de personas que actuarían en conjunto con el Estado Islámico), es también porque Frontex ha desempeñado de manera ejemplar el papel simbólico que le fue asignado por los gobiernos europeos. E igualmente de manera ejemplar interpreta el papel de "gestión de la coordinación internacional en las fronteras externas" de los Estados miembros de la UE, como se afirma en su misión.

Creado por un reglamento del Consejo de la UE en octubre de 2004, en funcionamiento desde 2005, Frontex ayuda a los Estados miembros con el fin de controlar más eficazmente sus fronteras exteriores y la repatriación de los inmigrantes ilegales. Para ello, los gobiernos europeos le han otorgado un amplio margen de maniobra: no tiene que rendir cuentas de sus actividades y es libre de no respetar los derechos fundamentales de los interceptados en las fronteras de la UE o expulsados de territorio europeo.

El 6 de mayo, de hecho, la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly presentó los resultados de su investigación sobre la repatriación forzosa coordinada por Frontex, en particular, en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos de los deportados. Hablar de respeto de los derechos fundamentales durante una operación de repatriación forzada, es un poco como hablar de la forma más civilizada de aplicar la pena de muerte: exigir a una persona a abandonar el país dónde está y volver a un países en los que no quieren vivir es por sí misma violación de sus derechos fundamentales. Se podría argumentar que, por supuesto, un Estado tiene derecho a decidir quién puede vivir en su territorio. Pero, ¿podemos utilizar la violencia para hacerlo cumplir?

La ambigüedad de Frontex

Además de ilustrar muy claramente el desarrollo de las operaciones de repatriación conjunta, en los que varios Estados miembros organizan un vuelo a un país determinado proporcionando cada uno una cuota de deportados (en este tipo de cuotas, los Estados miembros logran un pronto acuerdo), las conclusiones de Emily O'Reilly ponen al desnudo toda la ambigüedad del papel de Frontex.

La agencia también es presionada por otras instituciones, especialmente el Parlamento, el Defensor del Pueblo Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para mantener una cierta respetabilidad en su acción, al menos en apariencia

Encargada por los gobiernos europeos de facilitar las expulsiones de la UE (uno de los puntos clave de la agenda sobre migración presentada el 13 de mayo por la Comisión Europea, que quiere cambiar "el fundamento jurídico de Frontex para fortalecer su papel en las repatriaciones"), la agencia también es presionada por otras instituciones, especialmente el Parlamento, el Defensor del Pueblo Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para mantener una cierta respetabilidad en su acción, al menos en apariencia.

Para lograr este delicado equilibrio, Frontex ha adoptado varias técnicas: culpar de sus acciones a la Comisión o los Estados miembros; apostar por una comunicación atractiva (como en una publicación en 2014 titulado "12 segundos para decidir; hacer aso omiso de las recomendaciones que le hagan o aplicarlas sólo en apariencia.

Emily O'Reilly, por ejemplo, se dice "profundamente decepcionada" porque Frontex no se ha pronunciado sobre la recomendación formulada en abril de 2013 por su predecesor Nikiforos Diamandouros, para crear un mecanismo para manejar directamente las reclamaciones de las personas que sienten que sus derechos fundamentales han sido violados durante una operación de Frontex. Un mecanismo de este tipo podría obstaculizar el trabajo de la agencia, y no es de extrañar que la recomendación de Diamandouros haya caído en el vacío. Será interesante ver qué recomendaciones de O'Reilly adopta Frontex y en qué medida.

Campañas contra su existencia

Más allá de estos intentos de "humanizar" la agencia, desde hace años varios colectivos y asociaciones denuncian su existencia misma. Inicialmente concentradas en Varsovia, donde se encuentra la sede de Frontex, y en Grecia, cuya frontera con Turquía se describe en un informe de 2014 como un "laboratorio para actividades" de la agencia, las protestas se han extendido a otros países de la UE, a través de campañas como Frontexplode y Frontexit, e iniciativas como las Jornadas Anti-Frontex, que tienen lugar estos días en la capital de Polonia y en otras ciudades europeas.

El 16 de mayo, Watch the Med, una red de activistas que proporciona ayuda a los que están en peligro en el Mediterráneo a través de una línea telefónica, lanzó un vídeo en el que propone "diez puntos que verdaderamente pongan fin a las muertes en el Mediterráneo".

Mientras los movimientos migratorios sean presentados como una amenaza a la seguridad y no como un fenómeno relacionado con el trabajo, la reunificación familiar y el derecho humanitario, Frontex seguirá creciendo y seguirá haciendo crecer al mercado de las tecnologías de vigilancia, las personas seguirán muriendo las fronteras de la UE y nosotros seguiremos siendo implicados por nuestros gobiernos en guerras cada día menos imaginarias.