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No importa si son disidentes o delatores: sus nombres figuran en la misma lista. “Esta lista era una mierda. Bajo el comunismo, yo formaba parte del movimiento opositor Solidarnosc, y de la noche a la mañana todo el mundo en Polonia podía pensar que era un agente de la policía secreta” dice Andrzej Jagodzinski, todavía indignado luego de cuatro años.
En 2005, la publicación en Internet de los 160.000 nombres de la base de datos de la policía secreta comunista causó una ola de pánico en Polonia. Millones de personas se conectaron a la página web donde se publicaron. Esta lista, transcrita sin permiso, no distingue entre colaboradores y adversarios del régimen. Faltan incluso las fechas de nacimiento.
Al igual que hicieron decenas de miles de polacos cuyos nombres figuraban en la lista, Jagodzinski reclamó al Instituto Nacional de la Memoria (IPN), de donde había salido ilegalmente el documento, que le explicara la razón por la que su nombre aparecía en él. Nueve meses más tarde, recibió una carta oficial del IPN que le informaba que había sido investigado en razón de su condición de “persona hostil”.
Detrás de esta jerga burocrática del IPN se hallan implícitas todas las pasiones que conmocionan al pueblo polaco desde la publicación de la lista. Se le conoce como “la lista de Wildstein”, por el periodista que la difundió por primera vez, Bronisław Wildstein. El antiguo disidente y emigrante cuya trayectoria es más bien tortuosa, Wildstein, es uno de los opositores más feroces de la idea de “pasar página” del pasado. Todo indica que con esta acción pirata ha logrado su objetivo. El pasado se escapa de los archivos polacos como las burbujas de aire bajo presión.
Una cosa al menos es segura: el espectro del régimen comunista, que tuvo bajo su yugo y hundió moralmente a millones de personas, ha reaparecido en Polonia. Hoy en día, nadie sabe lo que pueden esconder aún los archivos, “quién” podría usarlos, ni “contra quién”.
¿Por qué difieren tanto los países centroeuropeos en su forma de afrontar el pasado? ¿Por qué dos países como Hungría y Polonia, que fueron los primeros en adoptar un régimen democrático, han sido de los últimos en hacer frente a este doloroso pasado? En su notable tesis de fin de carrera, Tomáš Bezák, estudiante de Ciencias Políticas polaco, llega a la siguiente conclusión: en los países donde los comunistas han tenido una participación activa en la transición hacia la democracia, el momento de rendir cuentas con el pasado comunista se plantea mucho más tarde.
“En países como la República Checa y la Alemania oriental, donde el régimen comunista pareció omnipotente hasta su caída, no se constituyó ninguna ‘mesa redonda’ y el régimen se vino abajo en pocos días. No había motivo para hacer ninguna promesa a los comunistas”, escribe el politólogo checo Jacques Rupnik en su último libro, "Une démocratie trop vite fatiguée".
Los regímenes comunistas de Hungría y Polonia eran diferentes del checo. En su caso tenía sentido buscar un acuerdo. Pero había que pagar un precio a cambio: la ausencia de procesos de depuración y el regreso rápido de las principales figuras del antiguo régimen a los puestos más altos dentro del Estado.
En la actualidad, la institución responsable de la gestión del pasado comunista en Hungría recibe el nombre de “Comisión Kenedi”, por el nombre de su director, el sociólogo y antiguo disidente János Kenedi. Este hombre persigue tenazmente dos objetivos: la publicación de los nombres de los antiguos oficiales y agentes de los servicios secretos comunistas y la apertura de los archivos al público. Pero no es una tarea sencilla. “El Ministerio del Interior nos deniega el acceso a parte de los archivos, según dice para defender los intereses de la policía secreta actual”, explica Kenedi. Nadie sabe exactamente cuántos ficheros han sido destruidos hasta el momento, y Kennedi afirma que un gran número de estos ficheros fueron pasados por la trituradora de papel entre los años 1989-1995.
Así pues, todo indica que en Hungría – a diferencia de lo que ocurre en Polonia – la clase política no desea abrir los archivos al público, 20 años después. La continuidad política antes y después de 1989 es allí aún más marcada que en Polonia.
Cuando en 2001 el Parlamento eslovaco aprobó la creación del Instituto Nacional de la Memoria (UPN) y puso al frente del mismo a Ján Langoš, quien había trabajado como diputado en el proyecto de ley, los políticos eslovacos no percibieron inmediatamente la importancia de esta ley. Pasaron dos años antes de que comprendieran su verdadero alcance. Entretanto, el Instituto de Langoš había desvelado gran cantidad de información, había publicado en Internet el registro de los archivos de la StB [la Policía Secreta checoslovaca] y su página web se había bloqueado en varias ocasiones como consecuencia de la inmensa curiosidad de los internautas eslovacos.
Si comparamos el caso de Eslovaquia con el de otros países centroeuropeos, debemos considerar que su gestión del pasado comunista ha sido en conjunto un éxito. La voluntad política de afrontar el pasado y de poner en marcha procesos de depuración, sumadas a la tenacidad de Ján Langoš, han permitido que la política eslovaca se purifique y que desaparezcan de ella los antiguos espías y agentes comunistas, con el resultado de que el pasado ya no se utiliza en ella como arma política.
En términos comparativos respecto a nuestros vecinos, parece que la República Checa ha salido mejor parada del proceso. Los debates que acompañan al funcionamiento del Instituto Checo para el Estudio de los Regímenes Totalitarios (USTR) son más pertinentes. Los historiadores, los políticos y los medios de comunicación ya no se enfrentan acerca de si conviene o no hacer públicas las informaciones procedentes de los archivos de los servicios secretos del antiguo régimen, sino que se preguntan más bien en qué medida somos capaces de interpretarlos y explicarlos. Poco a poco, los debates acerca de nuestra historia comunista salen de la esfera ideológica para ingresar en la esfera de la investigación histórica normal.
En la sala de investigación de Praga, no importa quién tiene acceso a los ficheros de los servicios secretos. No importa quién puede identificar a la persona que le denunció y saber quién colaboró con la policía secreta. El sentimiento de opresión que reina aquí – por esta razón los críticos del Instituto lo llaman a veces “Instituto George Orwell” – se debe justamente al hecho de que los números y la actas no bastan por sí solos para explicar y comprender aquello que realmente sucedió.
Nuestra comunidad de historiadores, consagrada principalmente a los años 1968 y 1989, parece estar todavía lejos de poder proponer una síntesis de los trabajos acerca de nuestra historia reciente. Pero a pesar de su corta existencia, puede alardear de haber alcanzado unos cuantos resultados concluyentes.
República Checa
Otra lista sacada a la luz en Internet
En la República Checa, el primer país de Europa central que ha publicado los archivos secretos de la Seguridad de Estado, el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios cuenta con un nuevo competidor. "Nuevas listas publicadas en Internet", así titulaba la noticia el periódico Lidové Noviny el 6 de julio, en la que anunciaba la publicación en línea de varios miles de nombres por parte del antiguo disidente Stanislav Penc. Éste último estima que "El Instituto monopoliza la interpretación de la historia, enmascara la información y sólo publica aquellas cuestiones susceptibles de complacer a la gran mayoría".
Pavel Žáček, director del Instituto praguense, gestiona 20 kilómetros de documentos y dirige a 273 empleados. En su opinión, Penc no hace sino "demostrar lo evidente". La nueva base de datos es diferente con respecto a la lista de Cibulka, que recopilaba los nombres de los colaboradores de la policía secreta en el seno de la población y que se ha puesto en tela de juicio tras su publicación en 1992. Lidové Noviny explica que con ella cada persona podrá comprobar si se ha encontrado o no entre las 'personas vigiladas'. Pero el rotativo advierte que en Internet el profano en estos temas quizás no tenga capacidad para diferenciar entre un 'enemigo' y un 'colaborador' del régimen. El Instituto, dado que puede consultar los originales de los 'registros en papel', sí es capaz de "iluminar" cada nombre con más certezas que el sitio de Stanislav Penc.
